36 altos cargos del Gobierno no tienen publicado su patrimonio

El equipo que rodea a la consejera de Derechos Sociales y secretaria general de Sí Podemos incumple la Ley Canaria de Transparencia. Los viceconsejeros y directores generales presentan mayor número de productos financieros contratados que los consejeros del Gobierno autonómico

ALMUDENA SÁNCHEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Unos siete meses después de que la mayoría de los 87 altos cargos fueran nombrados por el Gobierno, 36 de estas personas todavía no tienen su declaración de patrimonio publicada en el portal de transparencia, lo que representa un 41%.

La difusión de este tipo de información es una de las obligaciones que tiene todo cargo público sometido a la Ley Canaria de Transparencia. Aunque no se concreta un plazo desde que se toma posesión del cargo hasta la publicación de la declaración, la misma ley establece que la información a publicar también deberá estar actualizada. En este caso, lo está a 2 de marzo.

De esta situación, lo que más llama la atención es la falta de datos relacionados con todo el equipo que rodea a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana. Salvo la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Silvia Jaén, el resto de los altos cargos no tienen publicada la declaración de patrimonio.

En este sentido, cabe recordar que una de los principios rectores de Sí Podemos es el ejercicio de la transparencia y de ello han venido alardeando desde la fundación del partido.

Asimismo, otro rasgo destacable es que tampoco se puede conocer la relación de bienes con que accede al cargo el administrador único de Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC), Francisco Moreno.

En realidad, esta circunstancia ya fue puesta de manifiesto por parte de la portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, en la primera comisión de control en la que compareció Moreno, en diciembre del año pasado. Hasta ahora, el Gobierno no lo ha corregido.

No obstante, el caso del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Blas Trujillo, pasa por ser el más sangrante ya que éste lleva en el cargo desde febrero de 2017.

Entre los altos cargos que sí han cumplido con la Ley Canaria de Transparencia, muchos de ellos se caracterizan por haber contratado más productos financieros que los consejeros del Gobierno.

Quince responsables reciben los rendimientos que genera el dinero invertido y veintidós tienen contratado, o seguros de vida, o planes de pensiones.

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, declara 162.741,13 euros de ganancias por «valores representativos de la participación de los fondos propios de cualquier tipo de entidad», como aparece en el formulario. Le siguen el director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, Fernando Méndez, con 147.254,73 euros y el director general de Universidades, Antonio Aparicio, con 112.252,49 euros.

En cuanto a los fondos, planes de pensiones o seguros de vida, los más abultados pertenecen a los viceconsejeros de Justicia y Seguridad, Carla Vallejo -250.000 euros- y al de Infraestructuras y Transportes, Gustavo Santana -100.000 euros-.