32,6 millones de multas impagadas

30/12/2019

Las sanciones por infracciones urbanísticas y al medio ambiente se siguen acumulando en la Agencia de Protección del Medio Natural. En 2018 sólo se recaudaron 384.785 euros de los 38,7 millones presupuestados

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Las sanciones que pone la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn) por infracciones urbanísticas o al medio ambiente caen en saco roto, a la vista de los 32,6 millones que se acumulan desde el año 2014 a la espera de poder ser cobradas.

La cifra viene recogida en el informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas correspondientes a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio de 2018.

La agencia viene siendo objeto de comentarios por parte de la audiencia de forma constante en sus trabajos de fiscalización, por lo que la situación que se observa a 31 de diciembre de 2018 no representa en absoluto una novedad. Pese a ello, los esfuerzos para reconducir la cantidad notable de multas impagadas han sido, hasta ahora, escasos.

Así, de los 38,7 millones que la Acpmn consignó en su presupuesto inicial de 2018, «sólo recaudó un total 384.785 euros», según destaca el órgano fiscalizador. Por imposible cobro, dio de baja 2,7 millones quedando así 32,6 millones contabilizados a final del ejercicio.

Esta situación ha vuelto a obligar a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural a provisionarse con 2,9 millones de euros -1,6 millones más que en 2017- para afrontar los pendientes de cobro. Además, las bajas por insolvencia -2,8 millones- representaron un importe «muy superior a la estimación realizada por la agencia al final de 2017, que fue de 1,3 millones», de lo que se deduce el agravamiento de la situación.

Sin embargo, en el ámbito de la Administración autonómica, el problema de los derechos tributarios pendientes de cobro se ha logrado encauzar, según refleja el informe de la Audiencia de Cuentas. «El pendiente de cobro de ejercicios cerrados continúa con la senda de reducción -se afirma en el documento-, situándose en un total de 364,9 millones, con una reducción de 42,5 millones respecto al ejercicio anterior».

Para el órgano fiscalizador «esta reducción refleja las tareas de rectificación y depuraciones de saldos pendientes de cobro de cerrados». De hecho, la reducción acumulada entre los ejercicios 2014 a 2018 de los capítulos I a III es de 60,3 millones.

De modo específico, el referido a los impuestos que conforman el bloque del Régimen Económico y Fiscal (REF) registra una reducción acumulada de 2014 a 2018 que alcanza los 59,5 millones de euros.

Por otro lado, el informe de fiscalización de la cuenta general analiza las subvenciones pendientes de justificar, la mayor parte de ellas relacionadas con varios organismos autónomos.

«A fecha de dos de junio de 2019, el importe de las subvenciones pendientes de justificar del Servicio Canario de Salud (SCS), Servicio Canario de Empleo (SCE) y del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ascendía a 251,7 millones de euros; 47,3 millones fueron registradas antes de 2010», señala la Audiencia de Cuentas.

El informe incluye al respecto que la Intervención General de la Comunidad Autónoma ha advertido sobre la necesidad de que el Icavi y el SCE, adopten «medidas para exigir el reintegro y evitar la prescripción de los derechos así como que la consejería que ejerza la tutela funcional de estos organismos, vele para que se impulsen las medidas organizativas precisas».

Otro de los puntos que merecen atención son 339,2 millones que el Servicio Canario de Salud (SCS) gastó a través de 59.394 expedientes con reparos por parte de la Intervención y fueron levantados por el Gobierno de Coalición Canaria. Aún así, la Audiencia de Cuentas indica que la tendencia de los procedimientos de nulidad va a la baja. En el caso del SCS supone una reducción de 48,8 millones.