Reforma electoral y peligros políticos

En este largo y costosos proceso de reflexión sobre el asunto, algunas cuestiones han ido quedando claras, como el hecho incuestionable de que las circunstancias que motivaron el sistema por el que nos hemos regido hasta ahora han quedado atrás, y que la nueva configuración poblacional, el recorrido de la propia comunidad autónoma, y la madurez democrática, imponen satisfacer los nuevos tiempos y llegar a una fórmula mucho más equitativa para que los canarios nos sintamos adecuadamente representados en el Parlamento de Canarias. Basta decir que treinta años después, el sistema electoral canario aún sigue anclado en una disposición transitoria del Estatuto de Autonomía, y que nadie se ha planteado convertirlo en ley. Hoy se dan todas las condiciones para que sea posible. La conciencia política sobre la necesidad de un cambio es muy elevada, sobre todo en los partidos políticos que sufren la injusticia, precisamente aquellos que tienen mayor implantación en las islas más pobladas. Se oponen, como es natural, los que sustentan su poder en islas menores, que ahora mismo gozan de una gran representación.

No es cuestión de insistir en concreciones, solo resaltar una, el hecho de que el tercer partido en votos, el que pierde estrepitosamente las elecciones, es el que tiene más diputados en el Parlamento de Canarias y derecho a gobernar. En segundo lugar hay una mayor conciencia ciudadana sobre el particular, especialmente después de las últimas elecciones autonómicas, en las que, con más de cincuenta mil votos, un partido como Ciudadanos, se quedó fuera del Parlamento, mientras otro de implantación en una isla pequeña, con casi cinco mil obtuvo tres diputados. Es evidente que una democracia seria no resiste este agujero en el altar de sus sacrificios, en las urnas. Así lo entienden, hoy más que nunca, muchos ciudadanos, ayudados por asociaciones civiles, como Demócratas por el Cambio, que vienen realizando un magnífico trabajo pedagógico y de coordinación de las propias fuerzas políticas, incapaces de llegar a un acuerdo por sí mismas.

En este sentido se ha avanzado en el «como» hacerla gracias al Pacto por la Democracia, auspiciado por esta organización y firmado por todos los partidos políticos, salvo la Agrupación Socialista Gomera, de Casimiro Curbelo, y Coalición Canaria. Ese pacto sustenta la necesidad y voluntad del cambio, y entra a mínimos, como la necesidad de bajar barreras electorales, dar mayor proporcionalidad a la población y tenerlo ultimado para ser estrenado por los canarios en mayo de 2019.

La coyuntura política ha colocado otro elemento de presión a favor de un cambio, el hecho de que coincida con la tramitación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Autonomía, una mayoría en Madrid consciente del problema y el acuerdo político entre Nueva Canarias y el PP. En caso de que no se llegue a un acuerdo en Canarias y que la comisión que se reúne el próximo día 13 para abordar la ponencia, concluya como el rosario de la aurora, en Madrid se puede abordar también este asunto. Para ello NC ha obligado al PP a que no pacte con CC una retirada del Estatuto, y existe, además, un amplio consenso entre los partidos para abordar esta reforma, que con rango de ley orgánica entraría en vigor directamente. Es evidente que la mejor solución tendría que pasar por Canarias, y es lo deseable, que la Comisión parlamentaria que ahora concluye su trabajo lo haga con un acuerdo, aunque ya han comenzado a surgir entre sus miembros, incluso entre los más convencidos, la «vena política», el oportunismo o la cerrazón a planteamientos abiertos para lograr el acuerdo.

Es el caso de los socialistas canarios que amenazan con una espantada a un posible acuerdo para la reforma del sistema electoral canario. Al menos así lo dejó claro su portavoz, Iñaki Lavandera en la última sesión de la Comisión de Estudio. Los socialistas no quieren renunciar a su «lista regional», un emblema político del que no se quieren desprender. Su posición suena más a oportunismo o presiones de las socialistas en las islas menores. Un alto dirigente del Partido Socialista Canario me dijo en cierta ocasión que su partido era más insularista que CC, y lleva camino de tener razón. Es evidente que las presiones de los «barones» insulares, que compiten directamente con CC, sobre todo donde tienen poder, se imponen en un PSOE desnortado, sin estructura orgánica y sin estabilidad interna, en la que todo está por definir.

Es verdad que la lista regional es una de las reivindicaciones del PSOE, pero también lo es que presenta múltiples dificultades jurídicas y prácticas y no resuelve adecuadamente la representación poblacional. Obligarán a los canarios a votar en dos listas, lo que supone dos circunscripciones. Una de las listas será de primer nivel, y sería poco comprensible que de ella saliera un presidente de un gobierno. A la hora de elaborarlas es evidente que los partidos colocaran en las mismas a los candidatos de las islas en las que más posibilidades tengan de obtener el diputado, con lo que la representación queda mutilada. Es una opción que pudo satisfacer el deseo de muchos en un momento determinado, pero que una vez estudiado a fondo, presenta dificultades importantes de las que son conscientes todos los partidos, incluida la mitad del PSOE.

La posición que sí ha sorprendido dentro de la Comisión a los defensores de una reforma, es la de Coalición Canaria. José Miguel Ruano se ha ido mostrando abierto a estudiar los cambios, quizás consciente de que la coyuntura política y el ambiente en el ámbito de la opinión ciudadana están en contra. La cuestión es si CC está dispuesta a romper la triple paridad, y como mínimo elevar a 70 los diputados y otorgar mayor representatividad a Gran Canaria y Tenerife, que es la posición, ahora mismo, más avanzada en las conversaciones más distendidas.

Sería tremendamente frustrante para Canarias que el próximo día 13 de junio, fecha en la que, en principio, se tiene que cerrar un acuerdo, los partidos políticos ofreciesen otro espectáculo lamentable de falta de entendimiento por cerrazón o por interés político de atascar, de nuevo, la reforma del sistema electoral. El debate está en la calle, la conciencia ciudadana es alta y no creo que estemos en condiciones de soportar otras elecciones bajo el mismo sistema y que se vuelvan a cometer las mismas o parecidas injusticias, o que más de doscientos mil votos de canarios que un domingo van a votar porque estiman hacerlo como demócratas, terminen en el cubo de la basura, no sirvan absolutamente para nada, como ha venido ocurriendo. Sería frustrante también para partidos nacionalistas que por una falta de acuerdo en Canarias sea Madrid, el Congreso de los Diputados, el que tenga la última palabra.

Manuel Mederos