Jaula y arco iris

Políticos telemáticos

07/02/2018

La actividad política se desprestigia con los casos de corrupción, esos en los que un grupo de desalmados quiebra la confianza de los ciudadanos y ciudadanas enriqueciéndose y enriqueciendo a terceros a costa del dinero público. También cuando se incumple de forma flagrante con los programas electorales, que deben ser un contrato riguroso que se establece con el electorado. Asimismo, cuando se hace demagogia y se plantean promesas irrealizables o se actúa a golpe de encuesta diciendo lo que la gente quiere oír, como pasa estos días en asuntos tan serios como los penales.

Los viejos partidos han contribuido a ese desprestigio de la política cuando han colocado en segundo plano los intereses de la mayoría, cuando han sucumbido a presiones de poderosos sectores económicos, cuando han hecho muy poco por resolver los graves problemas de los hombres y mujeres –el desempleo, la pobreza, los servicios públicos- y, al tiempo, han ido colocando a sus exdirigentes en las eléctricas y otras grandes empresas. Cuando en fin, han salvado a la gran banca y olvidado a las personas.

También los alternativos han hecho su tarea cuando gritaban por las calles aquello de ¡El próximo parado que sea un diputado! O consideraban que todos eran casta impresentable, menos ellos mismos. Que la buena política empezó el día en que accedieron a las instituciones, los únicos impolutos, los portadores de verdades incuestionables, los exclusivos defensores de los más débiles. Cuando señalaban que una minoría muy minoritaria estaba legitimada para exigir la disolución del Congreso y modificar la Constitución.

«Se niega a dimitir y que pueda correr la lista para que el acta recaiga, qué menos, en alguien que resida en la isla»

Ocurre también cuando la política queda limitada a lemas sin contenido, vacíos ideológicos o candidatos mecanizados que repiten consignas y son incapaces de tener ideas propias.

Y, además, cuando personas electas adoptan decisiones incomprensibles. Como Silvia Peixoto, consejera de Podemos en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Desconozco que le animó a concurrir en la lista morada en los comicios de 2015 y que sintió cuando se quedó a las puertas de ser elegida, al ser la cuarta de la plancha y resultar tres las personas de la misma que accedieron a la corporación. La dimisión en julio del pasado año de una de las consejeras de Podemos, Odaya Quintana Alemán, aduciendo problemas laborales, posibilitó que Peixoto accediera a la institución majorera, cosa que nunca debió hacer.

La señora consejera no reside desde hace un par de años en Fuerteventura. Tomó posesión de su acta viviendo, no ya en otra isla, sino en otra comunidad autónoma, a más de dos mil kilómetros y con el mar por medio. Y ahora ha tenido a bien solicitar al Cabildo, mediante carta dirigida a su presidente, Marcial Morales, medios telemáticos para participar en los plenos de la primera institución majorera.

Me acordé inmediatamente del caso de Carmen López, sucedido en 2015. Una concejala de Ciudadanos en Castilleja de la Cuesta (un municipio de la provincia de Sevilla de apenas 17.000 habitantes) que se trasladó a vivir a Chicago y solicitó, con toda su jeta, que el ayuntamiento le sufragara los viajes de avión para poder asistir a los plenos; eso sí, le honra que no los exigiera en primera clase. «No son viajes para ir a comer gambas, son viajes de trabajo», argumentó entonces la simpar edil, sin cuya presencia seguro que era imposible concebir la vida democrática en su pueblo. Creo que, tras darse a conocer su solicitud por los medios de comunicación, se vio obligada a dimitir.

Desconozco si Silvia Peixoto, junto a los medios telemáticos, pretende que la corporación insular le abone los vuelos desde su actual lugar de residencia a Fuerteventura para, de vez en cuando, tener presencia real en plenos y comisiones. Pero su inusual petición, aunque no fumo, me llena la cachimba. Hay que creerse el centro del universo o intentar maquillar un curriculum (Peixoto, entre 2017 y 2019 fue consejera electa del Cabildo de Fuerteventura, destacando por su cercanía a la ciudadanía de la isla y sus problemas, al tiempo que desarrollaba una actividad laboral en, pongamos, León) para tener semejante comportamiento.

La señora Peixoto ha venido desoyendo las reiteradas peticiones del partido por el que concurrió y gracias al que logró su acta de consejera en el Cabildo, que debe creer que es mérito personal suyo. Se niega a dimitir y que pueda correr la lista para que el acta recaiga, qué menos, en alguien que resida en la isla.

«La señora consejera no reside desde hace un par de años en Fuerteventura. Tomó posesión de su acta viviendo, no ya en otra isla, sino en otra comunidad autónoma, a más de dos mil kilómetros y con el mar por medio».

Sus defensores y defensoras, que los tiene, dentro de la organización señalan que «la compañera Silvia reside (y sigue estando empadronada) desde hace años en Corralejo, aunque por motivos laborales temporalmente ha tenido que desplazarse, como tantas otras majoreras fuera de Fuerteventura para poder trabajar». Añadiendo, además, que no existe una normativa clara sobre cómo actuar en estos casos y asegurando que «a efectos de agravios comparativos, la diputada de Podemos por Fuerteventura, Natividad Arnáiz ni reside ni está empadronada en la isla, por motivos familiares, sin que haya sido objeto de controversia».

Creo que, al margen de las mayores o menores simpatías que cada cual tenga, y de las evidencia de diferencias notables dentro de la organización, el asunto no se sostiene. E, igual que la edil de Castilleja de la Cuesta, en las instituciones se debe estar presencialmente y no a través del plasma, salvo situaciones excepcionales que no se dan en el caso que nos ocupa.

Me resulta imposible entender la pertinaz resistencia de la señora Peixoto. Como también me resulta inaceptable lo de los diputados cuneros, los que residiendo, por ejemplo, en Madrid, se presentan y logran acta por otra provincia por la que no se molestan ni en pasar a lo largo de la legislatura. Práctica habitual en los grandes partidos, con la que se intenta colocar en el Congreso a dirigentes de la cúpula partidaria presentándolos en lugares con opciones de salir. Pero que, por cierto, Podemos impulsó desde su nacimiento (el ex JEMAD Julio Rodríguez fue el caso más notorio, aunque sin éxito electoral), siendo similar el porcentaje de este tipo de candidatos y candidatas en la formación morada que en el PP.

Lo de la nueva política es, a veces, relativo.