Almacenamiento eléctrico de Chira: Un paso más

El reconocimiento se genera en relación con qué Red Eléctrica pueda ser titular de la central de hidrobombeo del Salto de Chira, a pesar de ser el gestor del sistema, la norma general aplicable en resumen es: que los operadores de la red no pueden ser productores de energía eléctrica, lo que viene a resolver la que podría ser la última o de las últimas incertidumbres sobre el proyecto (aparte consideraciones respecto al caracol chato de Arguineguín).

La implicación de la noticia es en sí misma de la mayor trascendencia y en el contexto de las reflexiones del Crecimiento Azul añade aspectos que han sido esenciales para su aplicación concreta en el sistema de almacenamiento de Chira, que son trascendentes y de la mayor importancia para la incorporación de las EERR en Canarias, incluyendo las obtenidas del mar y que se pueden resumir en:

La excepcionalidad se deriva de la condición de ultraperificidad de Canarias y de la imposibilidad fáctica de conectar el Archipiélago al mercado eléctrico común europeo, lo que es aceptado como base para que su aplicación sea establecida como ilimitada en el tiempo, teniendo como consecuencia su aplicación a otras soluciones con la misma tecnología o no en el futuro en cualquiera de las islas.

Se añaden también, según se recoge en la referencia del Ministerio: 'singularidades' respecto a «la incorporación de nuevas instalaciones eléctricas y el despacho del parque de generación cuando se produzca congestiones en las redes».

La información señala que el reconocimiento por la Comisión Europea ha necesitado prácticamente 8 años (en dos tramites sucesivos y mucho más tiempo desde que se sabía que esta exceptuación era imprescindible). El conjunto de este proceso abre claramente la posibilidad de utilizar el núcleo del argumento para abordar otras situaciones que van a seguir planteándose en Canarias por las características propias de su sistema eléctrico y lo que no es menos importante: que ayude a acortar los plazos en los procedimientos correspondientes.

La realidad de los plazos en que ocurren los procesos necesarios para desarrollo de las EE RR (en este caso para las energías renovables en el mar), está mostrando una diferencia sustancial entre la importancia y urgencia con que son necesarios (según declaraciones concurrentes y constantes desde el sector público y privado) y la realidad de cómo están ocurriendo.

Los acontecimientos generalizados de apoyo e impulso formal se suceden, por proximidad también hace pocos días el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias presidía la primera reunión de la Mesa de Energía Eólica Marina en Canarias como una muestra más de voluntad e impulso para avanzar en su implantación, enmarcada en el reto por la descarbonización de las islas en el año 2040, completando la visión con la certeza de que es posible y coherente el desarrollo de estas tecnologías y la protección medioambiental así como con la convivencia con sectores específicos como la pesca y el turismo.

Esta visión y acción se alinea completamente con la del Ministerio, que es el competente sustancialmente para el despliegue y quién ha fijado y transmitido a la Comisión Europea el objetivo de conseguir la instalación de 3GW de energía marina en España en 2030, entre los que se incluyen los MW previstos a instalarse en Canarias (declarada por el propio Ministerio zona donde iniciar el despliegue de las renovables en el mar).

Pero la realidad de los hechos objetivos es que el conjunto de los procedimientos con carácter general no termina de acelerarse en Europa, aunque la velocidad relativa es objetivamente muy distinta entre los países. Las especulaciones y predicciones de todo tipo actuales vienen coincidiendo que «en el mejor de los casos» las primeras convocatorias en España podrían ser lanzadas y/o resueltas antes de finalizar 2024 (siendo bastante poco probable que incorporen la totalidad los 3 GW comprometidos), lo que dependiendo de cómo se regule la concurrencia, el plazo que resta del 2025 al 2030 parece claramente insuficiente.

Conviene recordar que el esfuerzo de acortar los plazos no es fruto de consideraciones y reflexiones derivadas de la tecnología o de la planificación de carácter general, sino que son necesarios (según todos los responsables europeos), como elemento central para la salida de la crisis económica originada por la pandemia del CV19 y de la autonomía energética necesaria para responder a la crisis derivada de la guerra de Ucrania.

La situación obliga a un enfoque de acción en dos planos que deben ser sinérgicos cuando corresponda:

De un lado estimular y demandar del Ministerio que dé los pasos regulatorios necesarios y que lance el proceso para generar la concurrencia y adjudicación (no es fácil saber cómo se puede ayudar desde la sociedad civil implicada, debería ser de utilidad hacer disponible información y criterios de eficacia contrastada).

Del otro lado, en el espacio propio de lo común, hay una necesidad evidente que puede ser impulsada desde las administraciones territoriales y colectivos interesados más próximos a las áreas de implantación, para que se haga explícito y se aclare cuál es (o cuáles deben ser) la relación entre estas EE RR y el entorno próximo.

Es conocida perfectamente la reacción que se produjo como respuesta a la publicación de la planificación POEM, separada claramente en dos grandes bloques muy homogéneos: los que mostraron su rechazo frontal (liderados por las asociaciones de pescadores y según la zona del mundo del turismo, los deportes náuticos…) y los que mostraron gran satisfacción (la industria y los productores de energía eléctrica).

La realidad de este debate es que en la medida que se retrasan los trámites sin límites conocidos, el debate se aplaza, manteniéndose en niveles muy bajos sin hacer posible llegar a acuerdos.

También se sabe por similitud con otros procesos, qué el debate se reactivará cuando se produzcan los siguientes pasos administrativos y que muy probablemente este debate produzca un retraso adicional en el proceso.

Este periodo de espera debería aprovecharse para impulsar cuál es el nivel de aceptación real de la tecnología por las comunidades del entorno social y que se puede hacer en su caso para que aumente.

Es cierto que el marco y proceso legal producirá finalmente el cierre de la cuestión, pero es igualmente claro que la diferencia según el grado de aceptación alargará más o menos el tiempo final necesario para la implantación de éstas.

En Canarias, la diferencia de espacios disponibles (muy limitados en tierra y muy amplios en el mar) debe permitir un debate más equilibrado y aceptación social de mayor valor. El consumo de espacio en el territorio insular para la instalación de la energía fotovoltaica y/o eólica en tierra es conocido y ha generado la experiencia social suficiente para que ayude a la toma de posiciones y decisiones muy rápidamente y en última instancia acortar los plazos de instalación.