La educación universitaria no puede estar al servicio del negocio

La reciente aprobación de una nueva universidad privada en el Archipiélago, la quinta, se hizo desoyendo tanto el informe técnico desfavorable del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como las advertencias de ambas universidades públicas. El Gobierno de Canarias ha optado por abrir la puerta a un proyecto que no cumple con los requisitos básicos establecidos, en lugar de reforzar lo que sí funciona y lo que garantiza la igualdad de oportunidades: la universidad pública.

Con las dos instituciones públicas aún esperando por una financiación adecuada y un contrato programa que les de estabilidad, se pone alfombra roja a proyectos sin garantías, sin investigación y sin compromiso con el territorio. Este modelo deja claro que se apuesta por lo privado en lugar de fortalecer lo público. Las rendijas legales, como permitir que los informes técnicos no sean vinculantes y dar cinco años para cumplir los requisitos, han facilitado la aprobación de universidades sin cumplir los mínimos, como ha ocurrido en Canarias, con el respaldo de gobiernos autonómicos.

Por eso, como socialistas y como defensores de una enseñanza pública de calidad, valoramos de forma muy positiva el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Universidades, Diana Morant. El Gobierno de España endurecerá la normativa para la creación de universidades privadas: el informe técnico será obligatorio y vinculante, lo elaborará la ANECA y se exigirá a los nuevos centros una matrícula mínima de 4.500 estudiantes en cinco años. Además, las universidades online pasarán a ser competencia del Congreso de los Diputados y no de los gobiernos autonómicos, lo que limitará el uso de las puertas traseras que algunos han utilizado hasta ahora.

Se trata de una medida necesaria, urgente y valiente que cierra de una vez la vía por la que se ha venido degradando la universidad pública desde las propias instituciones. Lamentablemente, llega tarde para Canarias, donde el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular ha preferido ignorar las advertencias del Ministerio y mirar hacia otro lado. Porque la universidad no puede convertirse en un negocio donde la calidad no importa. La proliferación de centros privados sin garantías, con la complicidad de gobiernos autonómicos como el de Canarias, no solo desvirtúa el sistema, sino que debilita deliberadamente lo público para justificar el avance de lo privado.

Es una gran noticia que el Gobierno de España actúe con firmeza para cerrar los vacíos legales que han permitido debilitar la universidad pública. Convertir los informes en vinculantes y limitar el margen autonómico en la aprobación de nuevas universidades es un paso imprescindible. No podemos seguir permitiendo que comunidades como Canarias, donde gobiernan Coalición Canaria y el Partido Popular, utilicen su autonomía para favorecer intereses privados y debilitar deliberadamente el sistema público. Aquí no solo se ha aprobado una universidad privada con informes técnicos desfavorables; también se asfixia económicamente a las públicas.

Los rectores llevan meses advirtiéndolo: sin recursos no pueden hacer frente a los gastos estructurales más básicos. Y mientras tanto, el Gobierno de Canarias ignora estas peticiones y firma la peor ejecución presupuestaria de los últimos 12 años, dejando sin gastar casi 1.286 millones de euros.

Este modelo no solo es insostenible, es también injusto. La educación superior no puede estar al servicio del negocio ni del cálculo político. O defendemos la universidad pública con firmeza o la estaremos dejando caer en silencio. Por eso desde el gobierno central se pondrán límites claros: la educación superior no puede depender del capricho político de cada territorio.

O defendemos la universidad pública de verdad o seremos cómplices de su deterioro.