Una catástrofe para sacar conclusiones

06/09/2019

Dicen que después de la tormenta llega la calma y las catástrofes son los mejores termómetros para analizar y subsanar errores. En este caso, los tres incendios que han llenado de humo y cenizas los altos de Gran Canaria durante el verano deben de servir de punto de inflexión para autoridades, organismos, cuerpos de emergencias y población de cara a que no se vuelvan a repetir escenas de devastación y desalojos masivos de población. Todos deben de aprender la lección de cara al futuro, no muy lejano, sino el más inmediato porque la amenaza de más fuegos sigue latente hasta que no llegue el invierno y, ojalá vengan con él las esperadas lluvias.

Las primeras que tienen que sacar conclusiones son nuestras autoridades y peritar lo que se hizo bien y lo mejorable. En este caso, fue una excelente idea aplicar un protocolo de comunicación transparente, claro y en el que los protagonistas tenían que ser los expertos y no los políticos. Atrás tienen que quedar esos comunicados extensos y carentes de sinceridad y conocimientos de antaño de los presidentes de turno que buscaban el minuto de oro para hacer ver a la población que estaban «trabajando en ello» como diría el políglota Aznar. En este punto, una gran parte de la sociedad ha podido descubrir a especialistas como Federico Grillo, entre tantos otros, que no son nuevos en estas lides, sino que llevan muchos años trabajando para transformar la isla en un ecosistema en el que convivan de manera segura los bosques, las zonas de interfaz y los núcleos poblacionales. Ellos, los técnicos de Medio Ambiente son los que han trabajado sin descanso en la última década con quemas prescritas, alentando el pastoreo como cortafuego natural, instando a la población a comer paisaje, consumiendo productos locales para favorecer la prevención de incendios forestales o insistiendo en lo vital que es limpiar de vegetación las zonas anexas a las viviendas en zonas rurales.

Nuestros políticos también tienen que atender las reivindicaciones de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias como son, por ejemplo, los operarios de Medio Ambiente y los bomberos del Consorcio. Los primeros, encarnados en las figuras de los Presa y Bravo, se la juegan ante las llamas por 1.250 euros y con una categoría de peones agrícolas, mientras que los segundos, llevan reclamando lo que consideran sus derechos desde hace una década sin que ningún partido les haya hecho caso. Es hora de sentarse y dialogar porque ellos lo merecen y la seguridad de nuestra isla y sus habitantes, también.