Editorial

Un presidente ante el TSJC

26/11/2017
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El caso grúas ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En el escrito de remisión a la más alta instancia judicial de las islas, la jueza Celia Blanco, de Instrucción número 2 de La Laguna, se refiere a Fernando Clavijo como el «otro investigado», un término que equivale a lo que anteriormente se conocía como imputado. Y lo hace en un escrito en el que reproduce los fundamentos jurídicos que llevaron a la Audiencia Provincial a ordenar a la jueza que levantase el sobreseimiento provisional y retomase la instrucción ante los indicios de tres posible delitos encuadrados en la corrupción política: presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

«Se equivocan el presidente y el Gobierno aferrándose a que es un ‘caso político’»

Pese a la gravedad de lo anterior, nadie le discuste a Fernando Clavijo, como al resto de investigados, la presunción de inocencia. Pero de la misma manera que también goza la magistrada de la presunción de rigor cuando admitió a trámite la denuncia de Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, e igualmente disfruta de esa condición la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife cuando hizo suyo el recurso de esas dos formaciones políticas y concluyó que el caso no podía cerrarse en falso. Es más: la única forma de que sobre Clavijo no pese la sombra de duda y de que su credibilidad no quede para siempre contaminada por las sospechas que se derivan del caso y, sobre todo, de aquel auto de la Audiencia, es con una instrucción a fondo por parte del Tribunal Superior de Justicia.

Mientras tanto, se equivocan el presidente y el Gobierno en su conjunto aferrándose al argumento de que estamos ante «un caso político» porque los denunciantes son partidos. Es la misma tesis, salvando las distancias, que usan los que sostienen que un político encarcelado por orden judicial es «un preso político». Además, si tan convencidos están Clavijo y el Ejecutivo en pleno de que la denuncia se basa en falsedades, ya están tardando en acudir al juzgado para actuar contra quienes iniciaron el procedimiento. Y eso por no hablar del error estratégico cometido por el presidente y CC al no presentarse aquel ante la comisión de investigación sobre este caso que se abrió en el Ayuntamiento de La Laguna para dar las debidas explicaciones, una comisión que se cerró con los votos del actual alcalde y del edil Pérez Godiño -ahora citado como imputado-, en una lamentable constatación de que no había voluntad política de investigar, por cuanto intervenían como jueces los mismos que eran parte afectada.

Así las cosas, lo mejor que pueden hacer el presidente y el Gobierno es mantenerse en silencio. Tiempo para dar explicaciones tuvo de sobra Fernando Clavijo desde que en abril se presentó la denuncia hasta ahora. Y la sombra de la duda que ahora pesa sobre él, y que se extiende desgraciadamente la imagen de Canarias, no se borra tratando de desacreditar a los denunciantes y menos aún cuestionando de facto a los jueces que han decidido llegar hasta el fondo del asunto. Esto no es otro de esos reparos de la Intervención municipal que se levantan por decreto sin mayor miramiento: aquí estamos ante tres presuntos delitos muy graves en la vida pública. Por eso mismo, lo que toca es la presunción de inocencia, pero también el respeto a las instancias judiciales. Sin victimismos y, sobre todo, sin interferencias.