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Un nacionalismo no solo monetario

Un nacionalismo no solo monetario

Juan Manuel García Ramos

Jueves, 1 de enero 1970

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La imagen del nacionalismo canario en Madrid no puede seguir siendo acusada de permanente mendicidad ante el Gobierno del Estado. La de la reclamación monetaria de medidas excepcionales para paliar nuestra lejanía del continuum territorial peninsular. Además de esas lógicas demandas, necesitamos un cuerpo de doctrina desde el que concibamos el encaje específico de Canarias como país en la reordenación territorial de ese Estado y nuestra misma concepción de una nueva estructura del espacio político español desde nuestra situación extraeuropea.

Nos faltan esos reflejos y seguimos siendo para los nacionalismos subestatales históricos españoles -Euskadi, Cataluña, Galicia- simples y persistentes pedichones ante las arcas de un Reino al que pertenecemos y no pertenecemos al mismo tiempo.

Una cosa son las concesiones que otros nos hayan hecho o nos hagan, como son en la actualidad el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su derecho primario, en lo que se refiere a nuestras relaciones con una estructura supraestatal como es la UE, o el Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal, los actuales o los que están en proceso de reforma, en lo que se refiere a nuestras relaciones con la estructura estatal española, y otra cosa es lo que somos más allá de esas concretas concesiones, y lo que deberíamos ser desde la perspectiva propia de nación atlántica, como nos sentimos aquellos que militamos en un nacionalismo consecuente y cooperador.

Definámonos nosotros y no permitamos que solo nos definan los otros. Ese esfuerzo jurídico-político hay que hacerlo desde Canarias por todas las organizaciones políticas que actúan y elaboran ideología desde el Archipiélago, más allá, pero sin menoscabo de ellos, de los contratos que mantenemos en la actualidad con Europa y España. Con vistas al futuro inmediato, el texto de reforma del Estatuto en proceso de aprobación esperemos que consolide transferencias a Canarias en puertos y aeropuertos, costas y playas, telecomunicaciones, espacio radioeléctrico, sanidad exterior y relaciones comerciales con los países del África occidental, entre otras. Pero nos queda la construcción de una conciencia nacional canaria producto de la asimilación de siete, u ocho, realidades insulares con sus signos de identidad diferenciados. Nos queda esa pedagogía. Esa idea de conjunto de un solo pueblo en marcha.

El PNV ha dado a conocer recientemente su planteamiento de una relación bilateral con el Estado español, el reconocimiento de la realidad nacional de ambas partes, la regulación legalizada del derecho a decidir, y fundamenta ese planteamiento en propuestas que tienen que ver con un nuevo estatus político para Euskadi, un nuevo Estatuto de Guernika, basado en sus derechos históricos: un sistema judicial independiente, una seguridad social autónoma, representación directa en los organismos internacionales, es decir, un planteamiento confederal pactado –más allá de lo que significa en el ámbito tributario y financiero su vigente Concierto Económico con el Estado– que abre las puertas de par en par del actual Estado de las autonomías sin las líneas rojas del Plan Ibarretxe del 2003 ni del Procés catalán reciente, lo que le confiere a ese nuevo planteamiento, capitaneado por el presidente Urkullu, una mayor verosimilitud y posibilidad de avance en el presente debate territorial del Estado, sin duda alguna. Una suerte de estatuto de autonomía de tercera generación. [Obviamos, por ahora, entrar en el análisis de las pretensiones recentralizadoras que nos anuncia el nuevo partido Ciudadanos, lo que anima el citado debate en un sentido antagónico.]

Iniciativas como la del PNV obligan a pensar al resto de los nacionalismos, en especial al canario, avalado por razones físico-geográficas, históricas, económico-fiscales, sociales y culturales muy superiores a las reclamadas por los citados nacionalismos subestatales históricos españoles. Nos obligan a no contentarnos con las actuales condiciones jurídico-políticas otorgadas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o por la Constitución Española, tan puesta en cuestión en los últimos tiempos, incluso por sus primeros redactores, y a seguir definiendo lo que queremos ser en el contexto de los pueblos del mundo desde áreas geográficas alejadas de Europa. Nuestra historia jurídico-política es diferente a la del resto de comunidades del Estado español. Nuestro pasado colonial así lo atestigua, por mucho que queramos desentendernos de él.

El debate territorial español nos obliga a pensar con originalidad sobre nuestro estatus en un nuevo orden de los pueblos que conforman el Estado, pero no desaprovechemos esa oportunidad para reconsiderar con todas las consecuencias el lugar de Canarias en el ámbito jurídico-político del Atlántico Medio, sin abdicar de nuestra específica situación en el mapa de las naciones libres del planeta.

Esa es nuestra diferencia con respecto a las naciones subestatales históricas españolas. Lo que no es poco. Un nacionalismo canario que se precie, y no conceptúe a nuestro Archipiélago como un mero territorio subsidiado, no puede desentenderse de estos compromisos en el contexto geoestratégico donde están instaladas nuestras islas.

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