Tribuna libre

Turismo: desregulación o sostenibilidad

17/06/2018

El Parlamento de Canarias rechazó esta semana la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) al Proyecto de Ley por el que se deroga el apartado c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Un proyecto que, junto a otras medidas adoptadas anteriormente, facilita un crecimiento desorbitado e ilimitado de la oferta alojativa y opta por un modelo de desarrollo insostenible.

En su momento, aquella ley fue impugnada por José Manuel Soria, entonces ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, al entender que vulneraba la legalidad vigente, solicitando el pronunciamiento al respecto del Tribunal Constitucional (TC).

El Constitucional ha llevado a cabo un interesante, profundo y cualificado análisis que concluye que, efectivamente, no se sostiene, tras la aprobación de la directiva de servicios europea (Directiva Bolkenstein), la limitación de nuevas instalaciones basada exclusivamente en razones económicas, en la categoría de los hoteles, tal y como planteaba la legislación canaria en cuestión.

Sin embargo, el TC señala en su sentencia que no hay ningún inconveniente constitucional para que las autoridades competentes en la materia establezcan límites al crecimiento turístico. Asimismo, destaca que no hay inconvenientes para ese instrumento, para esa figura, creada por este Parlamento en 1995, dé la autorización administrativa previa antes del otorgamiento de la licencia.

Lo que el Constitucional considera que vulnera la legislación española y europea de libertad de servicios es discriminar las autorizaciones sobre la base de criterios económicos, de categoría, de número de estrellas de las instalaciones. Pero, al tiempo, el TC deja claro que es perfectamente limitable el crecimiento turístico sobre suelo calificado si los criterios son ambientales, territoriales, de su impacto en las infraestructuras, en el desarrollo económico o en la convivencia. En definitiva, en la capacidad de carga.

En los últimos veinticinco años, con leyes como la Ley de Ordenación del Turismo del año 1995, las Directrices del Turismo de 2003, la de Medidas Urgentes (2009) y hasta la de Renovación y Modernización (2013), Canarias ha apostado por establecer niveles de contención del crecimiento.

Un cuerpo legislativo que orienta hacia un turismo sostenible y de calidad, al exigir a los establecimientos hoteleros estándares de calidad edificatoria y energética, una superficie por plaza alojativa mínima de 60 metros cuadrados y unos servicios ofertados a los clientes en función de las modalidades y categorías. Estamos hablando de un sector empresarial que supone el 34,3% de nuestro PIB y el 39,7% del empleo, unos 312.000 puestos de trabajo.

desregulación. En el período más reciente, la mayoría parlamentaria ha ido por otro camino bien distinto: el del liberalismo, el de la desregulación, el del mercado lo dirige y lo decide todo. Un camino que en modo alguno compartimos.

Desde Nueva Canarias, hemos venido defendiendo la necesidad de establecer límites al crecimiento turístico por el impacto que tiene sobre el medioambiente –generación de agua y electricidad, tratamiento de residuos-, sobre el territorio, sobre las infraestructuras y la movilidad, sobre los servicios y sobre la convivencia.

Creemos que hay que moderar el crecimiento de la nueva planta alojativa y orientar las inversiones empresariales del sector preferentemente hacia la renovación de la planta antigua, buscando mecanismos de incentivación para la misma. En este sentido, somos partidarios de ordenar, regular y limitar el crecimiento de la oferta alojativa con respeto al modelo turístico de cada isla.

También estamos convencidos de que es necesaria la implicación de las administraciones canarias en la renovación de las infraestructuras y del espacio público en las zonas turísticas. Al respecto, hemos defendido la implantación de una tasa turística que posibilitaría afrontar con adecuados recursos esas importantes tareas.

El Gobierno de Clavijo no ha hecho los deberes. Aunque debía estar en 2016, no tenemos aún el reglamento de eficiencia y edificabilidad que iba a contener el crecimiento. No disponemos de la evaluación que, cada tres años, hay que realizar sobre el impacto de la ley de renovación y modernización, y que también debería haber estado hace dos años. Ni tampoco el anunciado estudio del Ejecutivo en torno a la capacidad de carga de los territorios que ayudaría a tomar decisiones en materia turística, tal y como señaló el consejero Isaac Castellano. El Gobierno se limita a contar turistas.

alquiler vacacional. Reconocemos, eso sí, que aunque con evidente retraso y con un rango normativo a nuestro juicio muy peligroso, el decreto, el Gobierno de Canarias intenta abordar la problemática del alquiler vacacional.

No parece de recibo que cuando las administraciones plantean grandes exigencias al sector profesional del turismo, en calidad de las instalaciones y en empleo, se pretenden incorporar al mercado 120.000 camas en suelo turístico (incrementando en un 25% la oferta actual) por una vía que genera muy pocos puestos de trabajo y disminuye los estándares de calidad. Además, de las 31.671 viviendas dedicadas al alquiler vacacional que ofertan las distintas plataformas digitales, solo están legalizadas 4.390, es decir, apenas un 14%.

El decreto del Gobierno prohíbe el alquiler vacacional en suelo turístico, apuntando, al menos en este ámbito, a un cierto nivel de contención y de apuesta por la calidad. Aunque consideramos que debió hacerse como ley, y correspondiendo la responsabilidad global a la administración de la comunidad canaria, y no dejando, como hace el decreto, toda la responsabilidad a ayuntamientos y cabildos.

Continuamos empeñados en el objetivo de generar riqueza y empleo de calidad, al tiempo que preservar el territorio y el medio ambiente. Apostando por la mayor calidad de la oferta y no en su cantidad. En la renovación de la planta obsoleta y la adecuación de las ciudades turísticas degradadas. En la incorporación de planta nueva de calidad, progresivamente, con límites y sin ocupar más territorio, siendo respetuosos con los respectivos planes insulares. En el incremento de la conectividad. En la mejora y adecuación de la formación profesional del sector. En lograr incorporar nuestras producciones agrícolas y ganaderas, y el conjunto de producciones locales, al consumo turístico.

Sigo pensando que el turismo tiene que ser sostenible y que debe contribuir al bienestar de esta tierra y de los hombres y mujeres que la habitan. Para ello necesitamos implementar una política turística que, en vez de responder sólo a los intereses del mercado controlado por un pequeño grupo de multinacionales, como propone el actual Ejecutivo, responda a los intereses presentes y futuros de la sociedad canaria.