Terceras elecciones

Casi todo el mundo señaló en su momento, el que esto escribe también, que resultaba impresentable que los partidos políticos no consiguieran ponerse de acuerdo tras los comicios generales del 28 de abril de 2019. Decía muy poco de la altura de miras, del sentido de estado de las formaciones con más apoyos parlamentarios. Y, por el contrario, mucho de sus vetos, de sus líneas rojas: y de su incapacidad para tender puentes, recortar pretensiones propias y establecer acuerdos con otros, cuando la política obliga al entendimiento entre distintos.

Lo ocurrido ha dañado la credibilidad de la política y ha incrementado la desafección ciudadana ante partidos e instituciones, como se puede comprobar en algunos estudios sociológicos, en los que los partidos y la política aparecen como uno de los principales problemas para la ciudadanía. Circunstancia más grave aún en un momento de crecimiento en todo el mundo de formaciones populistas de extrema derecha.

Esa manifiesta irresponsabilidad nos llevó nuevamente a las urnas el pasado mes de noviembre, con menor participación ciudadana en la jornada electoral y con un resultado que, lejos de despejar nubarrones, hacía aún más difíciles las combinaciones para lograr un gobierno estable y con suficiente apoyo parlamentario. Así como con un preocupante aumento de la bancada de la derecha extrema, blanqueada tras la famosa foto de Colón, que benefició sobre todo al tercero en discordia, como se pudo constatar el 10 de noviembre.

Después de esos comicios, Ciudadanos, que sufrió un monumental batacazo, ya no suma para un posible Ejecutivo, como sí lo hacía con la composición del Congreso tras las elecciones de la pasada primavera. Tanto quiso ir Albert Rivera a la presidencial fuente -animado, sin duda, por algunos estudios demoscópicos que le presentaban un panorama muy favorable-, intentando erigirse en el líder de las derechas y pensando que daría el sorpasso al PP de Casado, que terminó con el electoral cántaro hecho pedazos y con él fuera de la política a las 24 horas del 10N. Dejando un partido completamente hundido que en seis meses redujo su presencia en la Cámara baja de 57 a 10 escaños; y que puede acabar -lo apunta alguna encuesta reciente en las que la formación naranja sigue cayendo de forma nítida en intención de voto- con el mismo destino que la UPyD de la hoy muy radicalizada, casi hasta el esperpento, Rosa Díez.

Sin embargo, pocos días después de que la ciudadanía expresara su opinión en las urnas, y a diferencia de lo ocurrido entre los meses de abril y septiembre, etapa en la que nadie movió ficha, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, formalizaban un acuerdo para la gobernabilidad. Mediante la constitución de un Ejecutivo progresista de coalición, fórmula que ya existe en varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias, aunque aquí no están solo PSOE y Podemos.

La reacción de las derechas y de algunos poderes económicos fue tan exagerada como alarmista. Y sigue siéndolo hoy en que hablan de gobierno con comunistas y presentan un futuro apocalíptico si, finalmente, Sánchez amarra los suficientes apoyos para su investidura. Lo que no es nada sencillo por la imprescindible participación de una ERC presionada por la situación de los presos tras la sentencia del procés y, asimismo, por unas posibles elecciones autonómicas adelantadas en Cataluña en el primer trimestre del próximo año.

La reacción de algunos barones socialistas y de varios poderes mediáticos fue, perdón por la inevitable reiteración, tan exagerada como alarmista. Cada vez, signo de los confusos y difusos tiempos, resulta más difícil distinguir el discurso de Alfonso Guerra, Joaquín Leguina o Nicolás Redondo Terreros, todos ellos situados ya en segundo plano político, o los presidentes autonómicos Javier Lambán -el que no quiere vaselina como regalo de Reyes- y Emiliano García-Page, del de los dirigentes políticos de las más mesetarias derechas.

Desde estas se machaca sin piedad a Pedro Sánchez por su pacto con Podemos y por el papel que puede jugar ERC a favor de la gobernabilidad. Pero no se tiene el menor gesto para ofrecer otra salida, como la abstención que en su momento exigieron al PSOE para facilitar que Mariano Rajoy fuera presidente en 2016; la mayoría del grupo parlamentario socialista (cierto que con Sánchez ya descabezado por el aparato del partido) se abstuvo entonces y desbloqueó la situación, permitiendo que Rajoy continuara en La Moncloa. Pablo Casado pudo anunciar lo mismo la noche del 10N o al día siguiente, pero no se le debió ocurrir o no esperaba la inusitada rapidez de los acontecimientos.

Más curiosa resulta la actitud de Ciudadanos, sí, la de los que hace no tanto hablaban de «la banda de Sánchez» y se negaban, incluso, a dialogar con él. Ahora plantean un posible Gobierno de 221 escaños, impulsado por Inés Arrimadas y los suyos, que aportan al invento la friolera de diez actas. Me recordó, inevitablemente, a un refrán que escuché en una canción del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa: «Aramos, dijo el mosquito al buey que parte el terrón».

Al menos de momento no hay ninguna alternativa viable al pacto entre PSOE y Podemos. Y las visiones apocalípticas sobre el mismo no tienen el menor fundamento. Las reglas de juego están marcadas por Europa y no caben radicalismos, sino modestos cambios. Será un Gobierno socialdemócrata moderado, con cierta sensibilidad social, medioambiental y feminista que, si lo hace bien, puede ayudar a mejorar la vida de la gente y especialmente de la que más dificultades atraviesa, con problemas crecientes como el del acceso a la vivienda o los que afectan a una sociedad cada vez más envejecida. Pero en el horizonte no hay ningún proceso revolucionario en marcha. Ni toma de palacios de invierno ni nacionalizaciones de sectores estratégicos ni impedimentos al desarrollo del capitalismo.

Rectifico. Es cierto que cabe una alternativa: la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones en el primer trimestre de 2020 con la esperanza de que, a la tercera, por fin, sea la vencida. Lo que, a mi juicio, constituiría una completa desconsideración al electorado que ya ha cumplido sobradamente con su responsabilidad democrática. Ahora corresponde a los partidos políticos y a sus dirigentes gestionar el resultado de las urnas. En primer lugar, pactando los apoyos necesarios para la investidura y un programa de Gobierno. Y luego, gobernando con sapiencia, cordura y defensa del interés general.

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