El pasado domingo, al abordar en este mismo espacio el grave problema de movilidad que sufre Las Palmas de Gran Canaria y, por extensión, gran parte de la isla, acabábamos subrayando que lo hacíamos con ánimo constructivo pero también exigente, como corresponde a un medio de comunicación comprometido con la defensa del bienestar común. Añadíamos, y lo reiteramos hoy, que es preciso buscar soluciones y que «quienes tomen las riendas de los diferentes gobiernos en mayo deben incluir este problema en sus agendas, pero no para ocultarlas en un cajón y no hacer nada, como ha sucedido hasta la fecha».
Esta semana nos hemos tropezado, lamentablemente, con un ejemplo de esto último: las medidas correctoras planteadas desde la Policía Local de la capital para aliviar los atascos en Torre Las Palmas no se han aplicado por la falta de consenso con el área de Obras Públicas del Cabildo grancanario. Y lo que es peor: no se ha creado un grupo de trabajo entre administraciones para determinar si ese plan era el adecuado o había otro mejor. Simplemente, lo que se hizo fue abrir de nuevo un cajón y guardar allí las sugerencias planteadas por nada menos que el cuerpo policial encargado de garantizar la ordenación del tráfico en la ciudad.
Estamos hablando del gran embudo del tráfico rodado en la capital, un punto crítico que se ha agudizado, como reflejan los datos en poder del Cabildo y del Gobierno, con la peatonalización de Mesa y López, mientras que el tránsito de vehículos en los túneles de Julio Luengo no ha perdido la intensidad que se presumía con la apertura del último tramo de la circunvalación.
El anuncio por parte del consejero autonómico Sebastián Franquis de la próxima licitación del soterramiento en Belén María es un hito de gran relevancia pero a corto y medio plazo hay que actuar en Torre Las Palmas. Y no es de recibo aplazarlo hasta que en mayo los electores y los previsibles pactos decidan quiénes gobiernan en la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos. Eso supone condenar a la ciudadanía a, como mínimo, medio año más de retenciones, con lo que eso significa de pérdida de tiempo, coste económico para empresas y particulares, aumento de las emisiones contaminantes y, en suma, pérdida de competitividad y deterioro de la imagen de la ciudad ante sus ciudadanos y quienes vienen a ella como destino turístico.
Lo que se espera de los gobernantes -los que están ahora y que en mayo aspiran a seguir, así como los que se estrenaran en los sillones del poder- es que articulen un diálogo urgente para aplicar medidas transitorias, además de acordar las obras de calado, con un calendario concreto, que ofrecerán un remedio definitivo en esa arteria clave para la movilidad en la ciudad que es el tramo entre Belén María y Torre Las Palmas.
En esta legislatura ha sido evidente la falta de sintonía entre el Ayuntamiento, el área de Obras Públicas del Cabildo y ese departamento en el Gobierno canario. Pese a la afinidad política, los desacuerdos han sido numerosos, con episodios tan lamentables como la tardanza en resolver el socavón en la avenida a la altura de San Cristóbal. Otro tanto está pasando con Torre Las Palmas y es hora de pasar página y asistir a una coordinación anclada en la responsabilidad que se exige a todo gobernante.
De lo contrario, actuaciones bien intencionadas como el inicio en Alcaravaneras de la creación en la capital de zonas de bajas emisiones será otro brindis al sol. O peor aún: un factor agravante del problema en Torre Las Palmas al restringir aún más el tráfico en ese barrio, en el que se encuentra precisamente el epicentro del problema de la movilidad en la ciudad.
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