Sistemas electorales (Cataluña y Canarias)
En un reciente artículo publicado en este periódico, Cataluña y el futuro del país, https://www.canarias7.es/opinion/firmas/cataluna-y-el-futuro-del-pais-EN2935251, Manuel Mederos señalaba que «la desproporcionada e injusta ley electoral» de esa comunidad prima a la periferia rural catalana frente a las grandes ciudades. Lo que, tradicionalmente, ha beneficiado a Convergencia, hoy PDCat, aunque el partido de Carles Puigdemont se presenta a los comicios del 21-D como JxC (Junts per Catalunya).
Es efectivamente así; y constituye uno de los factores que explica que el partido ganador de las elecciones en número de votos no lo sea necesariamente luego en escaños. Como le sucedió en las autonómicas del año 1999 a la candidatura del PSOE que encabezaba Pasqual Maragall. Ganó en votos, 1.183.299 papeletas, cinco mil más que la plancha de Jordi Pujol (CiU), pero este se impuso por 56 escaños frente a 52 de los socialistas.
Situación que se ha dado en Canarias en los más recientes comicios. En el año 2011 los votos a las candidaturas del PP de Soria (288.807) se tradujeron en 21 escaños. Los mismos 21 que sacó la CC de Rivero con algo más de 225.000 sufragios. Y en 2015, la CC de Clavijo quedó tercera en votos (165.446) que le otorgaron 18 escaños frente a los 15 del PSOE (180.669 votos) y los 12 del PP (169.065).
En Cataluña, su Parlament está integrado por 135 escaños. A Barcelona le corresponden 85 frente a los 18 de Tarragona, 17 de Girona y 15 de Lleida. Las tres circunscripciones últimas están sobre representadas si tenemos en cuenta que Barcelona aglutina a casi 5,5 de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña.
Esto supone que en el caso de la circunscripción de Barcelona corresponde un escaño por cada 64.521 habitantes aproximadamente. Y en la de Lleida, con 428.943 habitantes, un diputado o diputada por cada 28.596 habitantes. Es decir, una proporción de 2,25 con respecto a Barcelona.
El Hierro
En Canarias, las cosas son bastante más extremas. El Hierro, con algo más de 10.900 habitantes dispone de tres escaños, y Tenerife más de 900.000 y Gran Canaria, con más de 850.000, cuentan con 15 cada una. En definitiva, en la isla del Meridiano corresponde un escaño por cada 3.647 habitantes y en Tenerife uno por cada 61.706. Una desproporción de uno a casi 17, es decir siete veces más elevada que la que existe entre Barcelona y Lleida.
Pero es que si nos vamos a La Palma, esta isla tiene un diputado cada 10.428 habitantes, una desproporción con Gran Canaria (uno cada 57.187 habitantes) de 5,48, el doble que entre las dos provincias catalanas citadas. Además, la isla bonita dispone de un diputado más que Fuerteventura pese a tener 34.041 habitantes menos que la isla majorera. Tampoco se tienen en cuenta los cambios demográficos.
En nuestro Archipiélago es menor la desproporción existente entre Lanzarote y Gran Canaria. La isla de los volcanes elige un diputado por cada 18.434 habitantes, una desproporción de 3,10 respecto a Gran Canaria, pero mayor que en el caso catalán.
Si miramos al otro archipiélago, al balear, eligen un total de 59 escaños distribuidos en las siguientes circunscripciones: Mallorca (33), Menorca (13), Ibiza (12) y Formentera (1). Con un 5% de barrera electoral. La isla más poblada, Mallorca (901.887 habitantes), tiene siete escaños más que el conjunto del resto: 33 frente a 26.
En esta comunidad insular mediterránea el reparto de escaños es mucho menos desproporcionado que el canario con relación a la población de los distintos territorios. Y de su Parlamento forman parte actualmente ocho fuerzas políticas. Mallorca tiene un diputado por cada 27.329 habitantes y Formentera, el único con 13.249, una desproporción de 2,06. Baleares es mucho más equilibrada que Canarias.
Barreras electorales
A la desproporción en la distribución de escaños se le suma el asunto de las barreras electorales de acceso al Parlamento. En Canarias con una doble: 30% insular o 6% archipielágico, lo que impidió que Ciudadanos con 5,84% y 54.375 votos consiguiera presencia en el Parlamento de Canarias. Con la paradoja de que ASG, con 5.090, tenga tres escaños por haber superado la barrera del 30% en La Gomera (además de ser primera fuerza en esa circunscripción).
Hay más antecedentes de esta injusta exclusión. En 1999, el PIL se situó apenas a un punto del 30% insular y quedó segundo tras CC en Lanzarote. Mientras esta logró 4 escaños, el PIL se quedó con el casillero en blanco. Y, en 2007, le sucedía a Nueva Canarias: con 46.000 sufragios en Gran Canaria (11%), y más de 50.000 en el conjunto del Archipiélago, también se quedaba fuera de la Cámara autonómica.
Este factor es además determinante en el número de votos válidos a candidaturas (sin incluir, por tanto, votos blancos y nulos) que se quedan sin representación o, si lo prefieren, que se van directamente a la papelera. Muy inferior en las comunidades que tienen una barrera del 3%, caso del País Vasco (un 7,56%), Navarra (5,84%) o Cataluña (4,16%) y mayor en las que tienen el 5%, como Valencia (8,19%). Pero Canarias las supera a todas: en las últimas autonómicas, las de 2015, el porcentaje se elevó hasta el 16,41%, unos 147.000 sufragios.
Está claro que ningún sistema electoral es perfecto. Pero, también, que algunos son más imperfectos que otros. En Cataluña pese a distintos intentos frustrados, casi siempre a iniciativa de los socialistas, siguen sin disponer de una ley electoral propia. Y parece más que evidente que se puede y se debe mejorar la proporcionalidad del sistema, a lo que se resiste la mayoría de las fuerzas soberanistas.
Pero nuestras circunstancias, las de Canarias, son mucho peores, con un sistema mucho más desproporcionado, restrictivo e injusto. Lo tenemos todo: enormes barreras de acceso y gran desproporción en la distribución de escaños. Al igual que en el caso catalán llevamos 35 años, se dice pronto, esperando por una ley electoral propia. Nos seguimos rigiendo por la transitoria primera del Estatuto de Autonomía. Una transitoria, por lo que se ve, con ambiciones de eternidad.
Ya es hora de dar el paso para modificar esta situación. De reducir sustancialmente las barreras de acceso al Parlamento y de mejorar la proporcionalidad. Es decir, de incrementar la pluralidad y la democracia en nuestra tierra. La responsabilidad de las fuerzas políticas es muy grande. La resistencia de los que intentan que nada cambie, lamentablemente, también.
El singular caso Vasco
El sistema electoral vigente en el País Vasco, con un Parlamento con 75 escaños, establece igual número de diputados para cada una de sus tres circunscripciones: Vizcaya (25), Guipúzcoa (25) y Álava (25), pese a sus grandes diferencias poblacionales. Es, por tanto, poco proporcional.
La mayor diferencia se da entre Bizkaia/Vizcaya y Araba/Álava. La primera, con 1.134.358 habitantes, tiene un ratio de un escaño por cada 45.374 habitantes; la segunda, la menos poblada de Euskadi, con 324.852, un acta por cada 12.994. Por tanto, una desproporción entre una y otra circunscripción de 3,49, superior a la que se produce en Cataluña, pero muy inferior a la de Canarias.
Es mucho más equilibrada la relación de la provincia más poblada con Gipuzcoa/Guipúzcoa, que con 709.043 habitantes tiene un escaño por cada 28.361. Por tanto el diferencial es de 1,60 con Vizcaya.
La Comunidad vasca tiene una única barrera de acceso del 3% en la circunscripción, lo que facilita la pluralidad de la Cámara. Esto permitió la presencia durante varias legislatura de UPyD, que en las elecciones de 2012 logró un escaño por Álava con el 3,52% de los votos (5.435) y con un global en Euskadi de apenas el 1,94% (21.492 votos); historia que no consiguió repetir Ciudadanos en los últimos comicios autonómicos pues su 3,17% en Álava (4.754 papeletas) fue insuficiente para alcanzar escaño.
El gran perjudicado con el actual modelo es, curiosamente, el PNV.
