Espiar a periodistas

Además, solo «por razones de seguridad nacional» podrán instalar programas espías en sus dispositivos o en las redacciones. Este es uno de los puntos más polémicos de la futura norma, cuya encargada del documento es Dina Ribas, eurodiputada de ERC, que se elabora con el objetivo de proteger la libertad editorial de la prensa de las intervenciones políticas, proteger las fuentes de los periodistas y las fusiones.

Según Eva Díaz, en el digital 'el Economista.es', la futura ley hace hincapié en los medios de comunicación públicos para salvaguardar su independencia. La norma exigirá que ofrezcan de modo imparcial una pluralidad de información y opiniones. Además, fijará que los responsables de la gestión y los miembros del consejo de administración sean elegidos a través de un procedimiento «transparente» y «abierto» y que se regule la duración de sus mandatos para garantizar su independencia. Del mismo modo, las destituciones de estos cargos deberán estar «motivadas» y hacerse públicas. Finalmente, los Estados deberán garantizar los recursos económicos adecuados para realizar su actividad.

El resto de medios de comunicación privados que ofrezcan informaciones de actualidad deberán tomar «las medidas que consideren adecuadas con vistas a garantizar la independencia de las decisiones editoriales» y divulgar «cualquier conflicto de intereses real o posible de cualquier parte que tenga una participación» que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad.

Pero hay también otras cuestiones colaterales que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la norma también pretende regular el papel de las grandes plataformas digitales que integran informaciones de medios de comunicación. Así, si estas plataformas restringen o suspenden contenidos de medios de comunicación deberán explicar a estos medios los motivos e iniciar «un diálogo significativo y efectivo» con el fin de hallar una solución. Además, las plataformas deberán publicar cada año el número de casos en que hayan impuesto una restricción o suspensión de contenidos y los motivos. Con estas medidas, la UE pretende evitar que las grandes plataformas menoscaben la igualdad de condiciones de competencia en el mercado interior.

Hay que referirse también los casos de concentraciones entre grupos de comunicación. La futura norma obligará a los Estados a evaluar las repercusiones sobre el pluralismo en los medios y su independencia editorial. Para esta evaluación se tendrá en cuenta las consecuencias de la fusión en la pluralidad informativa y los efectos en la formación de la opinión pública, la salvaguardia de la independencia editorial y, si en el caso de no haberse producido la operación, la entidad compradora y la comprada hubieran sido sostenibles económicamente o si había alternativas para garantizar esta sostenibilidad.

¿Qué pasará con la publicidad estatal? Europa obligará a que la publicidad estatal se conceda conforme a criterios «transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios y mediante procedimientos abiertos». Las autoridades nacionales deberán publicar anualmente su gasto en publicidad, qué medios se han beneficiado y con qué importes.

Los proveedores de sistemas de medición de audiencia –informa Eva Díaz- deben dar a los medios de comunicación, sin coste alguno, la información de la metodología utilizada. Estos sistemas deberán cumplir los principios de «transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación y verificabilidad».

Atención a la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación para promover la aplicación eficaz y coherente de las normas de la UE en materia de medios de comunicación, sin aceptar órdenes de ningún Gobierno. Este Comité comunitario redactará dictámenes sobre cualquier medida nacional que afecte a los medios, así como de las concentraciones que haya en el mercado y sus repercusiones. Fomentará mejores prácticas en la medición de audiencias y el diálogo entre prensa y plataformas para evitar la desinformación, contenidos nocivos e interferencias extranjeras.

Por último, según el texto del reglamento aprobado, los usuarios tendrán derecho a cambiar los ajustes en cualquier dispositivo para personalizar la oferta audiovisual de medios según sus intereses. Los fabricantes de dispositivos deberán garantizar una funcionalidad que permita seleccionar dichas preferencias.

En fin, se avecina una norma de notable trascendencia que, teóricamente, ha de servir para garantizar la libertad editorial, mejorar la calidad del producto periodístico y reconducir el ejercicio responsable de la profesión.