Con todos, todo el tiempo

Señalaba hace unos meses en un artículo de opinión publicado pocos días después de la investidura de Sánchez (Canarias y el nuevo Gobierno estatal), que se abría una legislatura que iba a tener una enorme complejidad. Y que esta venía muy marcada «por el retorno de las reglas fiscales, lo que afectará a los presupuestos, así como por los conflictos bélicos internacionales o el mantenimiento del alto precio del dinero». Y en la que debiera abordarse el nuevo modelo de financiación autonómica, lo que en este contexto parece imposible. Así como afrontar relevantes retos económicos, sociales, medioambientales y territoriales.

Destacaba en aquel texto que le correspondía impulsar esas importantes tareas y retos para el presente y el futuro del Estado español a un Gobierno apoyado en una mayoría transversal, tanto en el aspecto ideológico, con fuerzas políticas de derechas e izquierdas, como en su visión territorial del Estado, con partidos estatalistas y otros de larga tradición nacionalista. Una mayoría a la que no quedará más remedio que saber gestionar bien sus diferencias en temas económicos y sociales, pero también respecto a la forma en que entienden el modelo territorial del Estado. Con el factor añadido de que tendrá enfrente a una oposición muy dura, en la que la extrema derecha está marcando la agenda a la derecha tradicional. «No será, por tanto, nada fácil el periodo político que acaba de abrirse con la reelección de Sánchez», concluía.

Si todo hacía prever la enorme dificultad del nuevo marco político, con un Ejecutivo que se la juega en cada votación parlamentaria, lo complejiza aún más la ruptura de Podemos con Sumar y la marcha al grupo mixto de los cinco diputados y diputadas de los de Ione Belarra; el Gobierno sabe ya que está obligado a negociar con Podemos en la misma medida que lo hace con PNV o ERC. Y, asimismo, lo problematiza el papel de Junts, capaz de poner al Gobierno al borde del precipicio, como hizo en el pleno del pasado miércoles, aun a sabiendas de que reventar la legislatura supone acabar con las esperanzas de que haya alguna posibilidad de que fragüe la amnistía, que parece imposible de plantear en un Ejecutivo sustentado por la ultraderecha.

Considero que no es necesariamente negativo un gobierno sin mayoría absoluta, sin socio seguro y estable; y obligado siempre a dialogar y negociar, algo inherente a la democracia parlamentaria. Otra cosa es que esta negociación se acerque a la presión infinita o a la intransigencia manifiesta o al mercadeo improvisado. Al estar continuamente tirando de la cuerda y amenazando con romperla, como hizo la derecha catalana en la sesión parlamentaria del pasado miércoles; ya en el debate de investidura su portavoz se comportó de manera similar y en muchos momentos no dejaba claro si su grupo la apoyaba o estaba en contra.

Al final, el Ejecutivo PSOE-Sumar salvó los muebles razonablemente, gracias a que Junts no votó negativamente como venía anunciando hasta pocos minutos antes de la votación, optando por ausentarse de la misma. A cambio de la futura supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil, supuestamente para facilitar la aplicación de la Ley de amnistía, la publicación de las balanzas fiscales, y, asimismo, de la delegación de competencias en materia migratoria por ley orgánica. Al respecto, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) hemos reclamado claridad en este asunto y señalado que no puede afectar al compromiso del Ejecutivo estatal de proceder con la reforma legal precisa para la distribución obligatoria de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades, en función del peso demográfico y capacidad de cada uno de los territorios; una propuesta de NC-bc incluida en el Pacto Canario por la Migración suscrito el pasado 19 de octubre entre todos los grupos del Parlamento, salvo Vox, y el Ejecutivo canario.

Esas concesiones a Junts permitieron sacar adelante dos decretos de enorme relevancia económica y social. Pero las sensaciones que dejó esa jornada parlamentaria no invitan al optimismo en torno al normal desarrollo de la legislatura. Puede resultar un verdadero calvario. Y su posible fracaso, no hay que olvidarlo, abriría las puertas a un Gobierno sustentado en la extrema derecha.

Tras una jornada de absoluta incertidumbre se logró la aprobación del denominado decreto ómnibus, de muy variados contenidos. Entre ellos, la inclusión de diferentes temas imprescindibles para que el Ejecutivo solicite el desembolso de los fondos europeos de recuperación, por un global de 10.000 millones de euros. Junto a otras medidas como la reserva de plazas en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad y el incremento de deducciones en la declaración del IRPF por donaciones a entidades sin ánimo de lucro.

También salió adelante el decreto que configura la prolongación del conjunto de medidas anticrisis. Desde los relacionados con el IVA de la luz y del gas, así como el de alimentos básicos, que no afecta a Canarias (nuestra cesta de la compra tiene IGIC tipo cero desde hace mucho tiempo, así como el agua y la luz), a la gratuidad del transporte público. También el aumento de las pensiones un 3,8%, la protección frente a los desahucios a familias y personas en situación vulnerable, la extensión en el tiempo del bono social eléctrico o la prórroga de los impuestos a la banca y a las empresas energéticas. Así como la eliminación de comisiones bancarias por la retirada de efectivo por ventanilla a personas con discapacidad y mayores de 65 años.

Decayó, sin embargo, por el voto en contra del PP, Vox, UPN y Podemos, el decreto que reforma el subsidio por desempleo. En el que Gobierno y Podemos mantienen posiciones contrarias sobre el efecto que tiene la progresiva bajada de la cotización de pensiones para las personas mayores de 52 años. Lo que sirvió, además, para dejar más clara aún las pésimas relaciones entre Sumar y Podemos.

Además, en el pleno del Congreso se aprobaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas, paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Asimismo, se rechazaron las enmiendas a la totalidad a la Ley de Amnistía presentadas por PP y Vox.

Desde Nueva Canarias defendíamos la aprobación de los tres decretos, al contener importantes medidas de protección y ayuda para la mayoría social. Por la importancia para el conjunto del Estado y, en nuestro específico caso, por la relevancia de las ayudas para la reconstrucción de La Palma, la prórroga de la gratuidad del transporte público de guaguas y tranvía y la posibilidad de asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que contribuirá a fortalecer el sistema de protección de las personas más vulnerables de las islas.

La enorme complejidad de la legislatura se ejemplificó en este pleno. Al Gobierno le ayuda, y mucho, la extendida sensación de que sería mucho peor la otra fórmula alternativa, PP-Vox, en el ámbito laboral, en la situación de las personas más vulnerables, en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, en el combate contra la Crisis Climática o en el ámbito cultural. Sin duda es así, como se demuestra nítidamente con las decisiones reaccionarias que vienen tomando en las comunidades y ayuntamientos donde gobiernan. Pero esto, más que a la autocomplacencia, debiera obligar al Ejecutivo y a sus socios a hacer las cosas mucho mejor, con más responsabilidad, con más negociación, con menos improvisación. El agónico pleno del miércoles debe ser la excepción, no la norma.