Tribuna libre

Las soluciones están aquí y no en Bruselas

Canarias goza de un Estatuto específico como RUP, basado en el art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. La Estrategia de la Comisión Europea para las RUP se basa actualmente en la Comunicación «Dar prioridad a las personas, asegurar el crecimiento sostenible e inclusivo y liberar el potencial de las regiones ultraperiféricas de la UE», aprobada en mayo de 2022. Comunicación que, al enumerar las tradicionales limitaciones de las RUP, añade aspectos como vulnerabilidad al cambio climático, alto desempleo y disponer de un PIB per cápita significativamente inferior a las medias de sus estados y de la UE. Destacando que las transiciones verde y digital deben actuar para una transformación social cohesiva e inclusiva, la diversificación económica y la creación de empleo, abordando las necesidades de las personas.

Esta Comunicación, aun reconociendo que la UE juega un papel clave en el potencial de crecimiento de las RUP y que por ello deben ajustarse las políticas comunitarias a sus especificidades, afirma «que el bienestar y desarrollo de las RUP es una responsabilidad de las propias RUP que son las que deben implementar estrategias de desarrollo que establezcan prioridades y aprovechen al máximo las posibilidades de financiación de los instrumentos europeos». Orientación con la que estamos totalmente de acuerdo.

Ahora, con la invasión rusa de Ucrania y las decisiones de Donald Trump, se produce un cambio radical de las prioridades políticas y militares de la UE. Y, también, de las financieras. El Consejo Europeo del pasado 20 de marzo acordó por unanimidad acelerar los trabajos para reforzar la capacidad de defensa de Europa «de manera decisiva» en los próximos cinco años. Poniendo en marcha ya el Plan ReArmar Europa/Preparación 2030, propuesto por la Comisión Europea para financiar un fuerte y rápido aumento del gasto en defensa de los estados miembros. El pasado 1 de abril la Comisión elevó al Parlamento europeo y al Consejo la Comunicación 'Una política de cohesión modernizada: revisión intermedia' que establece aprovechar la revisión intermedia de los fondos de cohesión 2021-2027 para reorientar los programas de los fondos estructurales hacia «los nuevos retos urgentes a los que se enfrenta la Unión», aprovechando que una parte importante de estos fondos aún no se ha ejecutado.

En este nuevo contexto, nos preocupan varios asuntos prioritarios para Canarias. En primer lugar, seguir apostando por el mantenimiento de un enfoque territorial y de gestión descentralizada de los fondos, como hasta ahora, frente a la tendencia de querer imponer un enfoque más horizontal, 'temático' y de gestión recentralizada estatal, como ha sucedido con los Fondos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), al contrario de la aplicación para Canarias del fondo React-EU, que sí contenía un tratamiento específico para las RUP. Un enfoque que pondría en peligro el mantenimiento del Fondo RUP en el Feder y de la dotación específica RUP del FSE+. Y en el ámbito de la PAC también podría poner en riesgo el volumen de ayudas del actual POSEI, que debemos mantener, incluso con una mejora financiera.

En segundo lugar, hay que defender las excepciones para Canarias y para las RUP más allá de 2030 para los tráficos interinsulares aéreo y marítimo y con el resto del Estado de la aplicación del sistema de comercio de derechos de emisión de gases con efecto invernadero. Y exigir la evaluación adelantada para las RUP de la aplicación progresiva que se está realizando con el resto de países de la UE y con terceros países, especialmente por su impacto en el transporte marítimo.

Estos son algunos de los temas en los que debe estar centrado el Gobierno de Canarias en su relación con la UE, en el marco unitario de la Conferencia de Presidentes de las RUP y en los que nuestra comunidad se juega mucho. Mezclarlos con otros cuyas competencias corresponden a Canarias son ganas de confundir y, sobre todo, de tratar de eludir sus responsabilidades.

Así sucede en el tema de la vivienda, donde el Gobierno debe llevar a cabo una apuesta decidida por aumentar el parque de vivienda protegida a través de la promoción, lo que precisa de una financiación estable, plurianual y suficiente. Canarias debe colocarse en inversión en vivienda pública en la media de la Unión Europea, presupuestando anualmente como mínimo un 0,4 % de nuestro PIB, garantizando así un aumento progresivo del parque de vivienda pública. Así como movilizando una parte de las más de 210.000 viviendas vacías, con garantías jurídicas y materiales tanto para el arrendador como para el inquilino. Regulando adecuadamente el alquiler vacacional. Es Canarias su ámbito de solución, no la Conferencia de las RUP o la UE, salvo en el caso de la propuesta de limitar la adquisición de viviendas a extranjeros no arraigados en las Islas.

Como tampoco lo son la UE y las RUP respecto al reparto de la riqueza, que puede y debe impulsar el Ejecutivo canario, con una fiscalidad más progresiva y justa (y no bajando impuestos a los más ricos, como hace el Ejecutivo de Clavijo, beneficiando a una minoría). Con una mayor fortaleza de los servicios públicos, que deben estar mejor financiados y gestionados. Y, asimismo, trabajando en el objetivo de alcanzar mayores salarios y mejores condiciones laborales en las Islas, entre otras cosas defendiendo la reducción de la jornada laboral.

Igualmente, el Gobierno puede y debe actuar en los temas demográficos. El incremento poblacional experimentado en este siglo (más de 600.000 personas) solo se modula desde un desarrollo autocentrado y sostenible. Como hicimos en 2001 (ley de medidas urgentes) y 2003 (ley de directrices de ordenación general y del turismo) sin que costara ni un solo euro a la Comunidad Canaria, pese a que el presidente Clavijo mintiera de forma reiterada sobre ello en el Parlamento, teniendo que ser un departamento de su Ejecutivo, la Consejería de Política Territorial, el que haya desmentido sus falsedades. Ahora, veintidós años después, toca volver a tomar decisiones.

Nueva Canarias-Bloque Canarista ha planteado cuatro propuestas concretas y alcanzables en este ámbito. En primer lugar, la desclasificación de suelo turístico no desarrollado, a suelo rústico, a través de mecanismos como el que ofrece el art. 221.1 de la Ley del Suelo. En segundo, establecer una limitación al crecimiento de plazas alojativas condicionado a las distintas realidades insulares en las islas turísticas; y otorgando un tratamiento diferencial a las islas verdes.

La tercera propuesta es una moratoria urgente de autorizaciones para las viviendas vacacionales por decreto ley hasta la aprobación de una Ley de Vivienda Vacacional adaptada a nuestra realidad. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, regulando la actividad y evitando que las zonas residenciales se vuelvan turísticas. Y la cuarta consiste en la aprobación de una ecotasa de carácter finalista que paguen los no residentes por su estancia en los alojamientos turísticos y cuya recaudación se invierta en la rehabilitación de las infraestructuras públicas y la preservación de los recursos naturales.

El actual Gobierno de Canarias se encuentra instalado en el desarrollismo más desaforado mientras pide intervenciones estatales y europeas para frenar lo que sus políticas, las del Gobierno de las dos derechas, incrementan: ocupación territorial, colapsos circulatorios, elevado consumo eléctrico y de agua, problemas de tratamiento de residuos y depuración de aguas -con cinco playas cerradas por contaminación en la islas de Tenerife- o cada vez mayores dificultades para acceder a una vivienda.

Sobre ninguno de esos trascendentales temas para la vida de los habitantes de Canarias -acceso a una vivienda, protección del territorio y del medioambiente, reparto mejor de la riqueza que se genera en Canarias o reto demográfico- toma decisiones el Gobierno de Canarias mientras pretende derivarlos para que los resuelva la Unión Europea. Un discurso y una práctica, por tanto, que solo sirven para buscar titulares mediáticos y para enquistar los problemas en lugar de afrontarlos y tratar de solucionarlos. Un discurso y una práctica que contribuye, también, a minusvalorar el autogobierno. Las soluciones a la mayoría de los asuntos están aquí y no en Bruselas.