Renuncian a abordar el reto demográfico

Nos encontramos a mitad de la legislatura y el Gobierno de las dos derechas, CC y PP, continúa su hoja de ruta caracterizada por su conservadurismo, su mala gestión y su enorme capacidad para eludir responsabilidades. Con la implementación desde el minuto uno de medidas fiscales que benefician a los que más recursos tienen. Dejando de gastar entre el 2023 y el 2024 un total de 2.400 millones de euros, la mayor cantidad no empleada en la historia presupuestaria de la Comunidad Canaria. Incumpliendo con el 5% de inversión respecto al PIB al que obliga la Ley Canaria de Educación y alejándonos más cada año de alcanzar ese objetivo. Mal gestionando la dependencia y la sanidad.

Y, asimismo, sin voluntad política para tomar decisiones que afronten con determinación el reto demográfico, trasladando posibles soluciones hacia la Unión Europea (Ley de Residencia, de dudoso encaje) y no tomando decisiones efectivas en Canarias (contención del crecimiento). Respecto a esto último, el Ejecutivo canario y los siete cabildos insulares aprobaron el pasado 23 de junio la estrategia para el reto demográfico y la cohesión territorial. Un conjunto de medidas que, señalan, pretende evitar que Canarias siga creciendo unos 20.000/habitantes año, intentando abordar, asimismo, los problemas de estancamiento o de despoblamiento de algunas islas y comarcas.

Las medidas y acciones incluidas en la estrategia son muy variadas. Afectan al acceso a la vivienda, aunque curiosamente se olvidan de las 210.000 viviendas vacías con que cuenta Canarias. También al territorio y el medio ambiente, a la formación, al empleo, al turismo y a la cohesión territorial y social. Pero el elemento central es el control demográfico y sobre eso no se actúa.

Canarias tiene un relevante problema demográfico. Se encamina en la próxima década hacia los 2,5 millones de habitantes, con islas como Tenerife que muy pronto pueden estar en el millón. Fuerteventura ha crecido un 180% en población en lo que va de siglo, Lanzarote un 111%, Gran Canaria tiene un crecimiento más modulado y La Palma apenas modificó su número de habitantes. Poniendo en evidencia una correlación directa entre el modelo de crecimiento turístico y el aumento de la población residente. Y no afrontar el primero de los asuntos, el modelo de desarrollo, es apostar por dejar las cosas como están.

Un incremento poblacional -sumado al impacto que suponen los 18 millones de personas que nos visitan anualmente- que lleva aparejado más obstáculos en el acceso a la vivienda, aumento del consumo energético y de agua, dificultades en la respuesta de los servicios públicos educativo y sanitario a las nuevas demandas, problemas en la movilidad con permanentes atascos en algunas islas…

Todas las actividades económicas tienen sus particularidades. Sus beneficios y sus problemas. El turismo, también. No solo cabe hablar de rentabilidad económica en exclusiva, sino asimismo de rentabilidad social. Y ello obliga a plantearse las distorsiones que van desde quienes se benefician y quienes no de la actividad, la financiación de las infraestructuras y servicios públicos que utilizan los visitantes, el impacto en la vivienda, la baja calidad (en salarios y condiciones laborales) de gran parte del empleo generado, los problemas medioambientales o los vinculados al crecimiento poblacional.

En nuestro caso, el canario, el incremento poblacional es consecuencia directa de un modelo económico que tiene un enorme peso de la construcción y del turismo, sectores que precisan de mucha mano de obra. La edificación de nuevas instalaciones turísticas y su posterior mantenimiento es lo que hace que anualmente decenas de miles de personas, casi todas procedentes de Europa o América Latina, establezcan su residencia en las islas. Situación que puede incrementase: las patronales de la construcción acaban de anunciar su intención de traer un millar de trabajadores de América Latina, en lugar de incentivar a los trabajadores que están aquí

Sin que el mayor número de plazas turísticas o los récords en visitantes suponga mejor calidad de vida para sus ciudadanos o ciudadanas. Como muestran el insuficiente e injusto reparto de la riqueza y los bajos salarios que se padecen en las Islas. O, asimismo, el significativo hecho de que Tenerife, con casi tres millones de turistas anuales más que Gran Canaria, disponga de unos niveles de desempleo y de renta per cápita completamente equiparables a la otra isla capitalina.

A consecuencia de esa mayor presión poblacional y turística, Tenerife tiene unos problemas medio ambientales -los relativos a la depuración de aguas y la contaminación de algunas de sus playas o los de movilidad en sus carreteras, así como más tensiones en sus servicios públicos- muy superiores a Gran Canaria. Probablemente por esa razón las movilizaciones celebradas en abril de 2024 y en mayo de 2025 bajo el lema 'Canarias tiene un límite' contaron con una participación mucho mayor en Tenerife que en el resto de las islas. Confirmando que el malestar ciudadano se encuentra más extendido en una isla que, además, tiene proyectadas nuevas infraestructuras y macro urbanizaciones turísticas muy cuestionadas, lo que muestra la persistencia de sus dirigentes en el actual modelo desarrollista; aunque luego, curiosamente, estos se quejen de sus efectos negativos.

¿Hay soluciones para comenzar a corregirlo? Sí. Nueva Canarias-Bloque Canarista las viene planteando como oposición constructiva que elabora y presenta propuestas argumentadas y razonables. En primer lugar, frenando en el medio y largo plazo el crecimiento en las islas turísticas a través de la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. En segundo, establecer una limitación al crecimiento de plazas alojativas condicionado a las distintas realidades insulares en las islas turísticas. Y ofreciendo un tratamiento diferencial a las islas verdes, con un crecimiento moderado desde parámetros de calidad y respeto medioambiental.

En tercero, implantando una moratoria urgente de autorizaciones para las viviendas vacacionales por decreto ley hasta la aprobación de una Ley que se adapte a nuestra realidad y que impida los edificios destinados a esta actividad que sin apenas generar empleo compiten con la red hotelera. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, regulando la actividad y evitando que las zonas residenciales se vuelvan turísticas. Y, asimismo, aprobando una ecotasa finalista que paguen los no residentes y cuya recaudación se destine a rehabilitar las infraestructuras públicas y preservar los recursos naturales.

Por supuesto que hay soluciones en nuestro marco competencial para comenzar a corregirlo. Ya lo hicimos entre 2001 y 2003 con la moratoria y las directrices. Decididas, por tanto, por Canarias y sus instituciones democráticas. Y no esperando a que nos resuelva la papeleta Madrid o Bruselas, como si el autogobierno fuera ornamental y no dispusiera de instrumentos adecuados para reorientar nuestro modelo de desarrollo haciéndolo más autocentrado y más sostenible. Es decir, al servicio de esta tierra y de quienes en ella vivimos.

El problema, y no es pequeño, es que las medidas con mayor impacto real para frenar ese aumento poblacional del Archipiélago, las vinculadas al establecimiento de límites al crecimiento, no aparecen en las propuestas planteadas por la estrategia para el reto demográfico y la cohesión territorial. Todo apunta, por tanto, a que no hay intención alguna de realizar cambios sustanciales en el actual modelo y que continuarán, con toda seguridad, sus consecuencias más negativas. Por lo que, me temo, la estrategia está condenada al fracaso.