La prioridad debe ser mejorar la vida de la gente

La sesión parlamentaria de presentación del Plan de Lucha contra la Corrupción sirvió para calibrar el estado de ánimo de Sánchez y su gobierno y, asimismo, los apoyos efectivos con los que cuenta el Gobierno de coalición. Nítidos en el caso del PSOE y Sumar, incluso de ERC. Algo más tibios por parte de Bildu y BNG o de un PNV que planteó varias opciones, entre ellas la presentación de una cuestión de confianza, pero que mostró sus distancias enormes con el PP; más alejados se sitúan Junts y, sobre todo, Podemos. En la otra banda, el PP y Vox, con destinos cada vez más unidos, y que, más allá de sus escaños, solo contarían de entrada con el posible apoyo de regionalistas navarros y canarios. Por cierto, la radicalización del PP es una fuente de votos para Vox, el que más crece en los sondeos.

En mi opinión el debate, muy crudo y tenso, sirvió para ofrecer un respiro al Ejecutivo central que puede alargarse en el tiempo, e incluso culminar la legislatura, si el incendio se encuentra perimetrado y las llamas no alcanzan a más miembros del gobierno, al partido socialista y a su financiación. En todo caso, Sánchez debe ganarse la plena confianza de sus socios en la acción de gobierno. Implementando con todas las consecuencias un programa nítido de progreso, de compromiso firme con las políticas sociales.

Respecto al Plan, destaca la creación de una Agencia de Integridad Pública, un ente de carácter independiente dirigido a supervisar las prácticas de los diferentes organismos existentes en el Estado español para perseguir la corrupción. Una Agencia que asumirá competencias clave en la lucha contra la corrupción y la integridad pública, aunando las que hoy tienen organismos ya existentes y excesivamente dispersas a juicio de Sánchez.

El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción incluye, asimismo, llevar a cabo controles aleatorios en el patrimonio de los altos cargos públicos para detectar posibles enriquecimientos ilícitos. Previendo igualmente aumentar la dotación de la Oficina de Recuperación de Activos para agilizar las recuperaciones de los bienes sustraídos. El refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, las medidas que amplíen la protección a las personas que denuncian corruptelas o un mayor control sobre las cuentas de los partidos y sus fundaciones, constituyen otras acciones contempladas en el Plan.

Asimismo, y es muy relevante, el Plan pone el foco sobre las responsabilidades de aquellas empresas que alimentan las prácticas corruptas. Mediante el endurecimiento de las sanciones a quienes unten a funcionarios o políticos para ganar contrataciones; y la exclusión de las contrataciones a las corporaciones que hayan sido condenadas por corrupción, cohecho o blanqueo de capitales. Planteándose la reforma del Código Penal para facilitar la inhabilitación de una empresa.

En NC-bc venimos reiterando que no basta con pedir perdón por la corrupción. Se precisa, asimismo, depurar todas las responsabilidades, caiga quien caiga. Con mayores elementos de control que actúen como diques preventivos frente a prácticas corruptas. Con más agilidad en las investigaciones. Endureciendo las penas a los corruptos, sean estos empresarios, funcionarios o responsables políticos. Dando pasos firmes para la eliminación de los aforamientos, como hizo Canarias en la renovación de su Estatuto en el año 2018. Estableciendo rígidas normas que impidan el escándalo de las puertas giratorias, una especie de prebendas en diferido.

Bienvenidas sean, por tanto, las medidas para tratar de afrontar la corrupción que tanto degrada la vida democrática, deteriora las instituciones y fomenta la desafección ciudadana sobre la política, alimentando los autoritarismos. Y, sobre todo, hay que desear que estas se desarrollen en todos sus términos de forma ágil, precisa y contundente. Así como que el Plan, con las mejoras e incorporaciones que se precisen, sea asumido más allá de los partidos que hoy avalan al Gobierno y por el conjunto de las instituciones locales, autonómicas y estatales. Y que se avance, asimismo, en una cultura de las buenas prácticas que rechace socialmente la corrupción y a quienes la impulsan.

Pero si el Gobierno pretende llevar la legislatura hasta 2027 es necesario, pero no suficiente afrontar con el mayor rigor esa batalla. Además, resultan imprescindibles otras políticas y actuaciones globales, entre ellas buscar los apoyos de los grupos de la investidura para que se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, tras no aprobarse los correspondientes a 2024 y a 2025, y funcionar con cuentas públicas estatales prorrogadas. No será fácil, por la complejidad de los apoyos parlamentarios, pero facilitaría la acción del Gobierno.

Igualmente es indispensable la concreción de las buenas intenciones del Gobierno de progreso en actuaciones que sean percibidas positivamente por amplias capas de la sociedad. Continuando con lo bien hecho en los últimos años en materia de Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pensiones, Ingreso Mínimo Vital, reforma laboral, cooperación internacional o resistencia frente a las propuestas de disparar el gasto militar de los estados europeos.

Especialmente, y sin dilaciones de ningún tipo en el caso del acceso a la vivienda. Con medidas a medio y largo plazo, pero con otras de carácter más inmediato que faciliten conseguir una casa digna y a precio razonable a quienes hoy no la tienen o cuyo elevado alquiler condiciona gravemente sus ingresos, empobreciéndoles notablemente.

Igual sucede con las decisiones que afectan al mundo laboral. Sacando adelante la ley de las 37,5 horas semanales (aunque Junts se convierte en un importante obstáculo para lograr ese objetivo) y continuando con la mejora progresiva del salario mínimo. Además de comenzar a esbozar respuestas sociales, legales, económicas y fiscales ante la robotización y el creciente imperio de la Inteligencia Artificial (IA) y sus efectos en el empleo. Y, asimismo, respecto a las pensiones públicas, actualizándolas anualmente y blindándolas frente a los intentos de las derechas de cuestionar su futuro.

En definitiva, considero que completar la legislatura, llegar hasta 2027, no puede ser solo un ejercicio de resistencia frente a los embates de la derecha y la ultraderecha y el costoso precio de los graves errores y trapisondas de algunos integrantes de las propias filas socialistas. Solo tiene sentido si se demuestra que se puede seguir gobernando para la gente y se ponen en marcha medidas que mejoren la calidad de vida de la mayoría y, especialmente, de los sectores más desprotegidos y castigados, de los desempleados, de los hombres y mujeres con reducidos salarios, de las personas de género.