Presupuestos canarios, suspenso en educación

La educación es esencial para lograr una mejor formación y, asimismo, una mejor empleabilidad de nuestra gente. La apuesta por la educación y el conocimiento es una de las vías fundamentales para avanzar hacia una sociedad con empleo de más calidad, más cohesionada, con jóvenes y adultos capaces de desarrollarse profesionalmente en un mercado cada vez más competitivo.

Es esencial, asimismo, en la consolidación de los valores democráticos, en un mundo en el que avanzan propuestas autoritarias que pretenden recortar derechos y que no dudan en recurrir a la violencia para tratar de modificar los resultados de las urnas. Es también relevante en la eliminación de las barreras en función del género y, asimismo, en la batalla frente a la violencia machista. Así como en potenciar la conciencia medioambiental en un planeta en grave riesgo por la Crisis Climática que cada vez causa más estragos. Por eso, el canarismo de progreso entiende que debe ser una prioridad política y social.

Pese a las carencias que aun presenta nuestro sistema educativo hemos experimentado significativos avances. Así ocurre con relación al abandono educativo temprano, parámetro de comparación internacional que incluye a la población entre 18 y 24 años que no han completado la segunda etapa de la Educación Secundaria (Formación Profesional de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y no continúan ningún tipo de formación. Cerramos el pasado año 2022 con un 11,7%, dos puntos porcentuales por debajo de la media estatal (13,9%). Hay que recordar que, diez años antes, en 2012, éramos la cuarta comunidad con más abandono, con el 28,30%, 3,4 puntos por encima de la media, y pasamos a ser la octava.

Continuar avanzando en materia educativa exige políticas claras en favor de la excelencia y de la equidad. Compromisos firmes con el profesorado y el alumnado. Reducción de las ratios, reforzar los programas para atender al alumnado en desventaja o más vulnerable, desarrollar la imprescindible modernización de la Formación Profesional y la renovación y mejora de las infraestructuras de los centros escolares. Y para abordar esas y otras tareas son imprescindibles unos presupuestos públicos que prioricen la educación. Y eso no ocurre en las cuentas públicas canarias para 2024 cuyo proyecto acabamos de conocer hace unos días.

En efecto, de los 1.121 millones de euros en que crece el Presupuesto para el próximo año respecto al de 2023 solo 69,6 millones corresponden a educación. Si el Pacto de Progreso colocó a la educación a menos de cuatro décimas del 5% del PIB, superando el 4,6%, ahora baja hasta el 4,20%, una distancia de ocho décimas. En la pasada legislatura y en medio de distintas y graves crisis, el presupuesto educativo creció en 2023 en más de 570 millones de euros respecto al del año 2019, un aumento del 33%. Recientemente una PNL del PSOE y NC reiteraba la necesidad de avanzar hacia el 5% del PIB en materia educativa. Aunque fue aprobada por unanimidad, los grupos que apoyan al Gobierno caminan justo en dirección contraria.

Es posible que en esas negativas circunstancias pueda influir el hecho de que el partido que dirige la educación en este Gobierno, el PP, fue el único que entonces, en 2014, votó en el Parlamento contra la aprobación de la Ley Canaria de Educación. También que, en reiteradas ocasiones, el presidente canario se haya mostrado disconforme con los compromisos económicos de la misma. Lo cierto es que, por unas u otras razones, estos primeros presupuestos del Gobierno de las dos derechas canarias constituyen un claro retroceso para este trascendental y estratégico servicio público. No parece que la educación, su presente y futuro, se encuentre entre las prioridades del actual Ejecutivo conservador.

Y eso sucede cuando el sistema educativo canario continúa teniendo grandes retos que abordar en el próximo periodo. Entre ellos la extensión de la educación infantil 0-3 años, esencial en el aspecto educativo para nuestros niños y niñas, en la superación de desigualdades sociales, pero también relevante en clave de conciliación. Este comienzo de curso ya hemos podido percibir el escaso interés de la Consejería en su abordaje desde el sistema público, en lo que subyace un intento de favorecer a la red privada.

Como bien señaló en la Cámara canaria nuestra portavoz parlamentaria en esta área, Carmen Hernández, con estos presupuestos no se va a poder avanzar en la educación infantil 0-3 años, «no se va a poder atender la mejora de las necesidades del sistema educativo, ni seguir con la escolarización temprana y menos mejorar las plantillas de los docentes. Tampoco bajar más las ratios, reforzar los programas para atender al alumnado en desventaja, desarrollar la modernización de Formación Profesional y la renovación y mejora de las infraestructuras».

Otro tanto sucede en la educación universitaria pública. Ahora, con el nuevo Gobierno, esta dispone de un departamento propio -Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura- que incrementa las partidas de nuestros centros superiores en solo 3,6 millones de euros. En 2023 respecto a 2022 los recursos disponibles fueron casi 30 millones, casi diez veces más que los del Gobierno conservador. Lo que ha alarmado justificadamente a las comunidades universitarias de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, que ven peligrar la estabilidad financiera de sus centros, y que los ha llevado a calificar las cuentas de «decepcionantes». Señalando sus rectores que no son suficientes ni siquiera para hacer frente al incremento salarial establecido por el Gobierno central.

No solo no se garantiza la sostenibilidad de nuestras universidades públicas, sino que se frustran también las expectativas respecto a ciencia e investigación, también descuidadas en estas cuentas. Además, en el mismo ámbito departamental la cultura sufre una reducción muy significativa, de 10 millones de euros, justo en línea contraria a lo que señala la ley del Sistema Público de Cultura de Canarias aprobada por el Parlamento en marzo y que establece alcanzar el 2% del Presupuesto de la Comunidad en materia cultural en el 2030.

La educación es, sin duda, un factor clave para el presente y para el futuro de esta tierra. Para avanzar hacia una sociedad más sostenible, igualitaria y equilibrada. Para disponer de un empleo de más calidad. Para estar más preparados ante los numerosos retos de un mundo en permanente transformación. La continuidad del imprescindible esfuerzo de financiación en el área educativa se quiebra gravemente en este proyecto de Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2024 tras una legislatura de relevantes incrementos en este ámbito. Por tanto, en lo que respecta a la educación no universitaria y, asimismo, respecto al trato a nuestros centros superiores públicos, los Presupuestos canarios para el próximo año merecen un rotundo suspenso. Suspenso extensible también a ciencia e innovación y a cultura.

Un suspenso que, junto a otros graves dislates, como el engaño en materia fiscal, el temerario gasto púbico en un contexto de incertidumbre, la arbitraria distribución por departamentos, el incumplimiento de distintas leyes -la de Servicios Sociales, la de Educación y la de Cultura, además del Plan por la Ciencia- o el castigo a los sectores productivos y sociales, lleva a Nueva Canarias-Bloque Canarista a presentar una enmienda a la totalidad de estos Presupuestos para 2024.