Las pensiones también peligran

Los datos más recientes confirman la relevancia del sistema de pensiones en el Estado español. En el pasado mes de agosto, la Seguridad Social abonó 10.374.297 pensiones a cerca de 9,4 millones de personas, con una nómina que asciende a 13.620,9 millones de euros y que incluye las distintas clases de pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. La pensión media alcanzó los 1.312,9 euros mensuales, con un aumento del 4,5% respecto a agosto de 2024.

La pensión de jubilación la perciben unos 6,5 millones de ciudadanos y ciudadanas. Respecto a Canarias, cobraron el pasado mes de agosto en las Islas la pensión de jubilación 211.787 personas, con una media de 1.391,83 euros, casi idéntica a la de Baleares (1.391,56). Las más altas se dan en el País Vasco (1.836,00), Asturias (1.776,55), Madrid (1.729,74) y Comunidad Foral de Navarra (1.688,18).

En los últimos cuatro años las pensiones, con un Gobierno progresista, se han revalorizado de acuerdo con la subida del IPC: un 2,5% en 2022, un 8,5% en 2023, un 3,8% en 2024 y un 2,8% en 2025.

El conjunto de pensiones supondrá este año unos 216.000 millones de euros en el Estado español. Suponiendo más del doble de lo que se dedica a sanidad y del triple de lo que corresponde a educación. Más de 50.000 millones procederán de la recaudación tributaria, no de las cotizaciones.

Se viene desarrollando una agresiva estrategia por parte de la extrema derecha y el ultra conservadurismo dirigida a cuestionar las pensiones públicas. Forma parte determinante de su ataque frontal al Estado de bienestar. Sus gobiernos ya vienen tomando numerosas decisiones que buscan reducir sustancialmente los programas públicos en su conjunto, como hacen Trump, Milei o la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quieren privatizar la sanidad, la educación o las pensiones, dejando en manos del mercado los derechos de las personas.

Estamos hablando de un sector de población, el que se encuentra jubilado tras finalizar su vida laboral, que gracias a las pensiones (sustentadas por las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras) puede mantener un elevado nivel de integración social y desarrollar una existencia digna en la última etapa de sus vidas.

Reitero lo que señalé en otras ocasiones: la mejor fórmula para la garantía presente y futura de las pensiones pasa, sin duda, por generar más empleo y porque este sea de calidad, con mayores salarios y mayor estabilidad. Ingresando más en la hucha de las pensiones y contribuyendo a su mantenimiento sin riesgos. Así se posibilita incrementar el consumo, elevar los ingresos fiscales y aumentar las actuales cotizaciones.

Resulta, además, imprescindible mejorar la recaudación con una mayor y más eficaz batalla contra el fraude laboral, en lo que se ha avanzado en los últimos tiempos. Pero si, como parece, con los datos actuales y la proyección para las próximas décadas, va a resultar imposible cubrirlas en condiciones de dignidad, hay que buscar planteamientos complementarios para cumplir con lo que señala el artículo 50 de la Constitución: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Fundamentalmente, completar su financiación vía presupuestos generales del Estado, como ya hacen muchos estados en Europa.

Desde la Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones, un movimiento social amplio que desarrolla desde el año 2013 un intenso trabajo de concienciación y reivindicativo, se exige otorgar a las pensiones «un blindaje constitucional que no tienen en la actualidad». Su manifiesto suscitó el apoyo de 2,6 millones de firmas, así como la adhesión de numerosos colectivos sociales de los más diversos ámbitos. Recuerdan que en 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución, por vía urgente, para dar prioridad al pago de la deuda. Y se plantean por qué no hacerlo con las pensiones públicas. Se trataría, señalan, de incluir la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda «tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones». Una posición que apoyamos desde Nueva Canarias-Bloque canarista, aunque reconocemos la dificultad de conseguir esa modificación a la que se opondrían las derechas.

En definitiva, las respuestas progresistas deben ser, desde mi punto de vista, múltiples. En primer lugar, la apuesta firme por un sistema público de pensiones que genere cohesión e incidiendo en la equidad y el bienestar social, así como la solidaridad intergeneracional. Además, continuar corrigiendo el desfase de género que hace que las mujeres cobren todavía una pensión media en España inferior a la de los hombres; seguir aumentando la cuantía de las pensiones más bajas que colocan a sus beneficiarios en situación de pobreza; continuar impulsando, asimismo, la mejora del empleo y su calidad; y, por último, establecer fórmulas, vía presupuestos, que garanticen las pensiones públicas de hoy y las de mañana.

Defendiendo consecuentemente uno de los grandes logros del Estado social e impidiendo que las derechas, PP y Vox, acaben con él. Su primer paso será rechazar su revalorización, como hicieron en el Congreso en enero de este año 2025. Pero el siguiente será avanzar hacia su privatización. Los pensionistas deben saber que sus derechos actuales, una de las grandes conquistas del Estado social, pueden ser revertidos en favor del negocio de unos pocos. Y, también, que estamos a tiempo de evitarlo.