Motosierra para cercenar derechos y libertades

José Antonio Sanahuja, catedrático de Relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, señala en un artículo de la revista Galde (Presentes en la destrucción del orden internacional: trumpismo y antiglobalismo), distintos nodos temáticos en los que interviene la ultraderecha: los valores, normas e instituciones democráticas y, en particular, el Estado de derecho y los equilibrios de poderes; la economía internacional; el desarrollo internacional y los bienes públicos globales, como el medio ambiente y la salud; las normas sobre refugio e inmigración; o las posiciones y disputas sobre el orden liberal internacional.

Y, asimismo, apunta Sahahuja, uno de sus nodos lo constituye las normas e instituciones relacionadas con los derechos humanos, «que abarcan desde el derecho internacional humanitario y las normas vigentes sobre prevención y lucha contra el genocidio, hasta las referidas a la igualdad de género y diversidad sexual». Utilizando esos asuntos como «herramientas de polarización y batalla cultural en espacios como la política social, las instituciones educativas, la salud y las reglas de convivencia cotidiana».

La negación de la violencia de género es uno de los mantras de la extrema derecha. Resulta vergonzosa la voluntaria ausencia de sus cargos públicos, mujeres y hombres, cuando una corporación convoca un minuto de silencio como muestra de repulsa ante el asesinato de una mujer por su pareja o expareja. Aunque las cifras de crímenes y maltrato sean escandalosas y evidencian la existencia de un grave problema social, los ultras lo niegan al tiempo que atacan al feminismo que ha sido determinante en los avances de las mujeres en materia de igualdad.

También es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo que tratan de impedir en los lugares donde gobiernan, como viene haciendo el trumpismo en Estados Unidos o, en la Unión Europea, naciones como Hungría o Polonia. Y que en el Estado español cuenta con la inestimable cooperación de un PP que recientemente ha manifestado posiciones, especialmente por parte de dirigentes de la Comunidad de Madrid, con Ayuso a la cabeza, que no se alejan mucho de las que exhiben los grupos ultras más radicales.

El presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, les respondió planteando la posibilidad de blindar el aborto en la Constitución. A sabiendas de que ese objetivo es hoy imposible de materializar: esa modificación del texto constitucional precisaría no solo de los votos favorables de las formaciones progresistas sino también de buena parte de la bancada de la derecha. Y esta no parece que esté precisamente por la labor de defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Contrasta vivamente con lo ocurrido en Francia, donde casi todo el arco parlamentario, incluida buena parte de la extrema derecha, votó favorablemente a su anclaje en su Constitución en marzo de 2024. También es verdad que mientras que la derecha española votó en su momento contra la ley del aborto del Ejecutivo de Felipe González (basada en tres supuestos) y la posterior regulación por plazos impulsada por Zapatero, (como el PP hizo también contra la ley de matrimonio igualitario, recurriendo todas al Tribunal Constitucional), en Francia la ley del aborto la impulsó en los años setenta del pasado siglo una ministra de Sanidad, la prestigiosa Simone Veil, integrante del gabinete que presidía el derechista Jacques Chirac; y con Giscard d'Estaing en la Presidencia de la República.

No corren mejor suerte los derechos conquistados por la comunidad LGTBI en las últimas décadas, con cambios legislativos muy relevantes. Vox boicotea los actos del Orgullo y la presencia de la bandera arcoíris en las instituciones en la reivindicativa fecha. Potencia la homofobia en la sociedad. La misma que luego algunos descerebrados muestran brutalmente en las calles en forma de insultos, acosos y palizas.

Asimismo, la deriva ultraconservadora afecta a los programas sociales y a las intervenciones estatales que buscan alcanzar una sociedad más equilibrada, con mayor equidad, con menores niveles de pobreza y más y mejor integración, tanto de los autóctonos como de las personas migrantes. En materias como prestaciones a desempleados, ayudas energéticas o de transporte; así como las propias pensiones de jubilación públicas.

Esto se plasma en el plano interior de los estados y, asimismo, en el plano externo, el de la cooperación internacional, como ocurre con las consecuencias del cierre decretado por Donald Trump de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), que, según distintos análisis, causará 14 millones de muertes hasta 2030, un tercio de ellos niños y niñas menores de 5 años. Anunciando, además, la retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y negando el papel de Naciones Unidas.

Sin olvidar otro asunto de enorme gravedad en el actual tsunami reaccionario: el grave uso del aparato de estado para intentar destruir a los rivales políticos. Como sucedió con Lula en Brasil, preso durante casi 600 días tras una cacería mediática y judicial y un juicio más que manipulado, lo que le impidió concurrir a las elecciones presidenciales en 2018; finalmente, el Tribunal Supremo reconoció que su proceso, sentencia y encarcelamiento nunca deberían haberse producido. Parecidas prácticas son impulsadas por Trump en Estados Unidos hacia los que considera sus enemigos, sean políticos, fiscales o jueces; tratando de silenciar también a los medios de comunicación críticos.

Una realidad a la que no ha sido ajeno el Estado español, con varios dirigentes de Podemos y alguno del nacionalismo catalán para los que se inventaron presuntas causas delictivas, aireadas luego por medios de comunicación y redes sociales. Denuncias que eran completamente falsas, fabricadas, pero que cumplieron el papel de hacer un daño irreparable a personas y formaciones políticas. Situación que continúa hoy vigente en muchos casos de gran relevancia mediática, ahora dirigidos hacia la dirección de los socialistas españoles.

En definitiva, las motosierras contra los derechos sociales y las libertades están plenamente activas en medio mundo. Suponen un enorme ataque a los avances experimentados en las últimas décadas en numerosos planos: igualdad entre mujeres y hombres, derechos LGTBI, programas de lucha contra la pobreza, solidaridad y cooperación internacional, pensiones públicas, derechos migratorios… Lo que obliga a las personas progresistas y al conjunto de los demócratas a actuar para evitar un profundo retroceso social que nos colocaría en parámetros anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Para ello resultan esenciales la concienciación, la movilización, la organización y los máximos niveles de unidad.