51 medidas que no abordan la raíz del problema

Al respecto de esto último, un estudio reciente sobre prosperidad, desigualdad y pobreza, publicado por la Fundación Ramón Areces, realizado por docentes de la Universitat de Valencia, coloca a Canarias (26,1%) como la tercera comunidad en pobreza relativa -quienes tienen ingresos por debajo del 60% de la mediana de la renta- por detrás de Andalucía (27,2%) y Extremadura (27%); y la segunda en pobreza extrema -personas con ingresos por debajo del 40% de la mediana de la renta-, con un 12,1%, solo por detrás de Andalucía (12,3%). Con una relevante desigualdad que afecta a sus municipios más poblados y «con resultados especialmente preocupantes», señalan sus autores, en varios de los municipios turísticos, «con más de un 20% de su población en riesgo de exclusión social en Arona y Adeje. Estas cifras suben hasta el 26,6% en 2021 para los jóvenes de Arona».

La investigación -Distribución geográfica de la renta de los hogares en España: prosperidad. desigualdad y pobreza-, confirma una situación, la de elevada desigualdad, pobreza y exclusión social, que señalaban otros estudios realizados por equipos investigadores de las Islas, dados a conocer recientemente, y que comenté en un anterior artículo. Estudios, por cierto, que coincidían en la relevancia de los gastos en vivienda en el empobrecimiento poblacional, no solo de los sectores más vulnerables, sino también de los jóvenes y de amplias capas de trabadores y trabajadoras.

Y en el documento del Gobierno de Canarias, las referidas 51 medidas, hay mucha tibieza en materia de vivienda. Entre las pocas concreciones, por cierto, las destinadas a incorporar al mercado de alquiler una parte de las 210.000 viviendas vacías -fondo de garantía de cobro de renta al arrendatario desde las administraciones públicas, seguros para cubrir posibles daños y deterioro…- que forman parte del ambicioso paquete de actuaciones que Nueva Canarias-Bloque Canarista presentó hace unos meses en el Parlamento (Programa Canario de Alquiler Seguro para el fomento del arrendamiento de vivienda vacía en las Islas) y que CC y PP tumbaron con su voto negativo, perdiendo un tiempo precioso para ponerlas en marcha.

Es necesario cumplir con la ley estatal, con la declaración de zonas tensionadas y poniendo tope a los precios del alquiler en estas. Recuperar el espíritu del consensuado Pacto de la Vivienda de Canarias. Y sacar adelante un Plan para construir, al menos, 20.000 viviendas en la próxima década, aprovechando los recursos que el Estado quiere empezar a introducir en los Presupuestos para 2025 y siguientes, de la mano de Visocan, de los consorcios insulares de vivienda y de las empresas públicas de los cuatro ayuntamientos canarios con más población. Incrementando, asimismo, las ayudas a los jóvenes para el alquiler.

Las generalidades que señalo en vivienda son aún mayores en lo que respecta a nuestro principal sector económico. Un catálogo de actuaciones en torno al turismo que se vienen planteando desde hace décadas -Formación Profesional, gestión del territorio, calidad en el empleo…- con buenos deseos en los que todo el mundo puede estar de acuerdo, pero sin plantear medidas que impacten directamente, por ejemplo, en los bajos salarios y en las condiciones de trabajo.

Sin embargo, en el documento gubernamental se habla del turismo y no se menciona el reparto de la riqueza que genera en las comunidades locales. No se incluye referencia alguna a una posible contención del crecimiento en el número de visitantes, cuando ya hay autorizadas más de 15.000 nuevas camas y ha aumentado un 40% las solicitudes de inscripciones de viviendas vacacionales. Y, por supuesto, no se plantea la implantación de una tasa turística, como ya tienen numerosos destinos consolidados en todo el mundo. Aunque se llega a destacar que «el sistema de impuestos no parece adecuado dado que no está́ vinculado al uso de los espacios sino a una caja común de imposible control y justificación».

Lo que no es cierto, como confirma el caso de Baleares, donde su Ley de impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso de un turismo sostenible (2016) señala en su artículo 2 lo siguiente: «El impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears es un tributo directo, instantáneo y propio de la comunidad autónoma de las Illes Balears. La recaudación de este impuesto tiene carácter finalista y queda afecta íntegramente al fondo para favorecer el turismo sostenible». Entre los que incluye «la protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino»; «la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultura»; o «la mejora de la formación y la calidad de la ocupación en el sector turístico».

Vinculado al modelo turístico se encuentra el crecimiento poblacional experimentado en los que va de siglo, superior al medio millón de habitantes, y que amenaza con repetirse en los próximos veinte años. Sin embargo, el documento hace énfasis en la Canarias rural y con problemas de mantenimiento de su población, a la que sin duda hay que atender adecuadamente, facilitando que los servicios públicos lleguen a todas las zonas y que existan oportunidades de empleo y vida digna. Pero sin pretender que los principales problemas de Canarias en este ámbito son similares a los de la España vaciada. Aquí tenemos, especialmente, un problema de crecimiento desmesurado en muchas islas: en Fuerteventura en lo que va de siglo su población se incrementó un 186%; en Lanzarote, un 111%, con aumento significativo también en Tenerife (35%) y más moderado en Gran Canaria (16%).

Y el documento de las 51 medidas no plantea ninguna que contribuya a aminorar esa presión poblacional que influye en el consumo energético y de agua, en la dimensión de los servicios públicos educativo y sanitario o en las necesidades de vivienda, así como en la movilidad y en la propia convivencia, como está sucediendo en otras zonas del mundo con masificación turísticas.

Canarias tiene capacidad de decidir con relación a la vivienda. En la ordenación del territorio y la limitación del crecimiento de camas turísticas. En la aprobación de una tasa turística. En la adecuada regulación del alquiler vacacional que no puede quedar en manos de grandes tenedores y fondos buitres, estableciendo una urgente moratoria en esta materia. En aspectos significativos de su fiscalidad. En influir en un crecimiento poblacional mesurado. En la financiación prioritaria de sus servicios públicos. En la orientación sostenible de su economía. En construir una sociedad con mayor equidad, hoy quebrada por los elevados niveles de pobreza y exclusión social y por la enorme desigualdad que padecemos.

Nuestros problemas no vale achacarlos permanentemente a poderes externos. La realidad de un modelo de crecimiento económico y poblacional que afecta al territorio y al medio natural y que, al tiempo, reproduce la pobreza y nos aleja, en vez de acercarnos, a los parámetros medios estatales y europeos, tiene soluciones, a corto, medio y largo plazo, que pueden y deben ser tomadas aquí, por nuestras instituciones. Y documentos como 51 medidas para la Canarias del futuro. Afrontar el reto demográfico y el desarrollo sostenible, no afrontan esos imprescindibles cambios, esas necesarias reorientaciones, limitándose a continuar por la misma senda del desarrollismo y reproduciendo, por tanto, los problemas que hoy afectan a los habitantes de estas Islas. Precisamos de alternativas argumentadas y coherentes para vivir y crecer mejor. Y para eso hay que actuar en la raíz de nuestros problemas. Las dos claves son limitar el crecimiento y mejorar el reparto de la riqueza.