Inmigración: datos y oportunidades

Según el informe Inmigración y mercado de trabajo en España, publicado por el Instituto Elcano el pasado mes de junio, en el Estado español residen nueve millones de personas inmigrantes de primera generación, es decir, el 18% de la población total. Aclarando que, de ellos, 2,8 millones, sobre todo latinoamericanos, cuenta con nacionalidad española. El informe destaca que «varios sectores de actividad dependen en gran medida del empleo inmigrante», como el servicio doméstico y la hostelería.

Actualmente los migrantes representan algo más del 23% del total de la población ocupada en España. Con un nivel educativo bajo, inferior al medio de la población española, especialmente los que proceden de países pobres de América Latina y los que llegan de África; similar a los autóctonos en el caso de los que vienen de estados de la Unión Europea. Y, estrechamente vinculado con su nivel formativo, desarrollan distintos tipos de labores, en gran medida las más penosas y peor pagadas. Aunque también todos conocemos casos de gente con formación universitaria que desempeña tareas de baja cualificación.

Respecto al servicio doméstico, las personas inmigrantes ocupan ya tres de cada cuatro empleos (la inmensa mayoría mujeres). En el caso de la hostelería, cubren actualmente casi la mitad de los puestos de trabajo. Pero también cuentan con un peso muy importante en la construcción y en las actividades agrícolas y ganaderas. Su presencia es cuasi testimonial en el sector público.

En el Estado español la mayor procedencia de migrantes está en Marruecos, Colombia y Venezuela, seguidas por Rumanía, Ecuador, Argentina, Perú, Reino Unido, Cuba, Francia y Ucrania. Los nacidos en Latinoamérica suponen el 47%, muy por encima de los que vienen de estados de la Unión Europea (18%), África (17%), Europa no comunitaria (9%) y Asia (6%).

En Canarias, según datos del ISTAC, se supera ya el medio millón, con un porcentaje más elevado que la media estatal, en torno al 23%; aunque por debajo de Baleares (por encima del 28%), Comunidad de Valencia, Cataluña, Madrid y Murcia. Las comunidades autónomas menos receptoras son Extremadura, Asturias y Castilla-León.

Por países de origen destacan Venezuela (unos 80.000, la mayoría establecidos en la isla de Tenerife; de ellos unos 55.000 tendrían también la nacionalidad española), Cuba, Colombia e Italia. Más de la mitad de los inmigrantes en Canarias procede de América (261.422). De Europa son 172.717 residentes, de los cuales casi 45.000 son italianos, una comunidad que ha aumentado mucho en los últimos años. Otros 47.077 (menos del 10% del total) son africanos, con unos 30.000 marroquíes. De Asia provienen 23.490 personas, de las cuales 9.213 son chinas. Fuerteventura es la isla con mayor porcentaje de población nacida fuera de España (38,4% de sus habitantes), seguida de Lanzarote (33,2%), El Hierro (30,5%), La Gomera (25,4%), Tenerife (24,7%), La Palma (22,6%) y Gran Canaria (15,6%).

Canarias fue históricamente un pueblo de personas emigrantes, que en importante número se veía obligado a abandonar cíclicamente su tierra en busca de una vida mejor. Con destino preferente en América Latina: Cuba, Venezuela, Argentina o Uruguay recibieron a miles de isleños que allí proyectaron sus esperanzas y su futuro. Hace pocas décadas pasamos de ser emisores a receptores de decenas de miles de hombres y mujeres que vienen anualmente a las Islas atraídas por las posibilidades de encontrar empleo, pero también por sus niveles de seguridad y calidad de vida, así como por su favorable clima.

La inmensa mayoría de las personas migrantes se encuentra inserta en el mundo laboral, si bien sus cifras de paro son superiores a la población local y su media de salarios inferior. Consumen, pagan impuestos y cotizan a la Seguridad Social, aunque una parte está inmersa en la economía informal (en el sector primario, en los cuidados a las personas o incluso en el sector servicios), por lo que se hace preciso incrementar las inspecciones laborales para regularizar su situación. Con ello ganaríamos todos. Los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Los empresarios que cumplen con la legislación frente a los que hacen trampas y compiten de forma fraudulenta con ellos. Y el conjunto de la sociedad, al aumentar la cantidad recaudada por cotizaciones.

Los hombres y mujeres migrantes tienen un elevado nivel de integración en la democrática, diversa y plural sociedad de acogida española y canaria. Mucho más sencilla, por razones de partida idiomáticas y culturales, en el caso de los procedentes de Europa y América Latina, pero también alcanzable, como sucede mayoritariamente, en el resto de los colectivos, objetivo al que deben contribuir las políticas sociales y educativas. Y pese a los bulos y mentiras ultras, aunque en las dos últimas décadas casi se ha duplicado la cifra de inmigrantes la criminalidad se mantiene a la baja desde entonces: 49,4 delitos por cada mil habitantes en 2005, 40,6 actualmente, según datos del Ministerio del Interior.

Respecto a su situación administrativa, de los 9 millones de inmigrantes en España se estima en torno a 700.000 los que se encuentran residiendo irregularmente, de los que siete de cada diez son latinoamericanos. El Gobierno progresista pretende sacar adelante una nueva legislación para regularizarlos. Introduciendo cinco nuevas modalidades de arraigo (social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad), lo que facilitaría regularizar la situación de, al menos, medio millón de personas. Cuenta con el apoyo de numerosas ONGs y hasta de la cúpula de la Iglesia Católica, que se ha manifestado claramente favorable a la medida. Pero choca con el discurso cada vez más radical de las derechas: el PP votó recientemente con Vox en el Congreso una proposición de ley, presentada por la extrema derecha, a favor de «restringir la regularización de inmigrantes ilegales a través del arraigo».

En definitiva, la inmigración en Canarias y en el Estado español está muy vinculada a la crítica situación de numerosos países y, también, a las necesidades de nuestro modelo económico y a nuestras realidades demográficas, contribuyendo a reducir el envejecimiento poblacional y la falta de mano de obra en sociedades con muy baja natalidad. Sin inmigrantes no funcionaría la hostelería y restauración. Tampoco la construcción, la agricultura o los cuidados a las personas mayores y dependientes. Sin su aportación las pensiones se encontrarían en mayor riesgo.

Como señala el Informe sobre las migraciones en el mundo 2024 de Naciones Unidas, «la mayor parte de la migración es regular, segura y enfocada regionalmente, directamente vinculada a las oportunidades y a los medios de subsistencia. Pero, aun así, la información errónea y la politización de la temática ha enturbiado el discurso público». Abogando por alcanzar un Pacto Mundial por una inmigración segura, ordenada y regular. Considero que, junto a la mejora de las condiciones de vida en las regiones de origen, es esencial ese objetivo de regular los flujos migratorios, evitando el negocio de las mafias que trafican con personas, la violación de los derechos humanos y las muertes en el mar.

La inmigración es, además, un fenómeno internacional que continuará desarrollándose en las próximas décadas. Entre todos y todas, nacidos en Canarias y personas migrantes de los más diversos orígenes, podemos construir una sociedad mejor. Con mayor equidad, avanzados y sólidos servicios públicos e infraestructuras y mayor solidaridad y cohesión social. Y sin las execrables lacras del racismo y la xenofobia.