El Gobierno de los incumplimientos (y las ocurrencias)

Comencemos por la fiscalidad. Uno de los ejes de las promesas electorales de las dos derechas canarias fue la bajada del IGIC del 7% al 5%. Confirmado en el programa de Gobierno y en el discurso de investidura del presidente Clavijo. E incumplido de forma flagrante. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista siempre lo rechazamos por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la práctica totalidad de los componentes de la cesta de la compra básica tienen IGIC tipo cero, luego no se verían beneficiados por la reducción. Asimismo, tienen tipo cero los medicamentos y los productos de higiene femenina o la electricidad del 96% de los consumidores. También es del 0% para el combustible, frente al 21% estatal. O el gas.

En segundo lugar, no lo apoyamos porque esa posible reducción del 7% al 5%, centrada en elementos mucho menos relevantes del consumo, supondrían menos ingresos para los servicios públicos esenciales: sanidad, educación o dependencia; así como reducción de lo que perciben cabildos y ayuntamientos. Y solo beneficiaría al turismo.

Sin embargo, hay que reconocer que CC y PP fueron muy rápidos a la hora de reducir o eliminar impuestos a los más ricos. En efecto, su primera decisión normativa fue un decreto ley para la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones. Un impuesto que estaba bonificado para el 99% de las herencias. Luego esta bonificación está destinada a una minoría, al 1%, que se ahorrará 170 millones de euros en cuatro años. Lo que sí hicieron fue eliminar la bonificación del impuesto de combustibles, que afecta a guagüeros, taxistas, camioneros, agricultores o ganaderos; otro grave error que es preciso revertir.

Desde NC-bc seguiremos defendiendo una fiscalidad progresiva y justa, que responda a las necesidades para garantizar los servicios que prestan las administraciones. Que deben pagar más quienes más tienen. Que hay que combatir contundentemente el fraude y los paraísos fiscales. Que hay que enfrentarse, con medios, a la economía sumergida.

Otro de sus notables incumplimientos fue el de la reducción del tamaño del Gobierno. Tiene unos cincuenta altos cargos y asesores más que en el Ejecutivo anterior (23% más), con un coste total añadido que supera los 3,8 millones de euros al año. Y lo llevaron a cabo los mismos que criticaban al anterior Ejecutivo por tener, según decían, excesivos cargos. El Gobierno más grande, más caro y menos productivo de la historia. Con muchas personas sin cualificación e incluso alguna que falsea su titulación académica.

Además, este Gobierno elaboró unos Presupuestos, los de 2024, con un imprudente incremento del gasto de 1.121 millones más que en 2023 a pesar de la vuelta a las reglas fiscales, de los que dedica 1.000 millones a consolidar gasto corriente estructural y solo 121 millones a operaciones de capital, reduciendo notablemente el gasto en inversión del 17,3% de los presupuestos del año 2023 al 10,5%.

Unas cuentas públicas que reducen el peso de la educación respecto al PIB del 4,63% al 4,20%, alejándonos del objetivo del 5% que establece la Ley Canaria. Afectando a aspectos tan relevantes como la extensión de la educación infantil 0-3 años, la modernización de la FP o la renovación y mejora de las infraestructuras de los centros escolares. Una circunstancia negativa que también se produce en la financiación de nuestras dos universidades públicas.

Igual sucede con el maltrato al sector cultural, reduciendo sus partidas en 10 millones, justo en línea contraria a lo que señala la ley del Sistema Público de Cultura de Canarias aprobada por unanimidad por el Parlamento. Con recortes en el Servicio Canario de Empleo, en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista y recortando en la vivienda protegida. Incumpliendo la Ley de Servicios sociales o el Pacto por la Ciencia y la Innovación. Y, respecto a los sectores económicos, el primario, muy afectado por la crisis inflacionista, sufre una reducción de 24 millones.

Otro asunto en que el Gobierno naufraga es el de la sostenibilidad económica y ambiental. Con discursos en los que dicen haber escuchado lo que planteaban las grandes movilizaciones del 20 de abril, pero con prácticas dirigidas a fomentar el desarrollismo y en contra de establecer límites al crecimiento, implantar una tasa turística para rehabilitar las infraestructuras del principal motor económico canario y preservar el medio ambiente. Lejos de rectificar se empeñan en nuevos macroproyectos e infraestructuras que colmatan aún más las islas: Cuna del Alma, El Mojón, Fonsalía, nuevos hoteles en Lanzarote y Fuerteventura… En un año de legislatura están en marcha unas 13.000 nuevas camas turísticas más. Y, asimismo, se plantea una futura ley de la vivienda vacacional que, por no poner en marcha una imprescindible moratoria mientras se debate y aprueba, ha logrado el crecimiento exponencial de solicitudes de nuevas inscripciones, lo que complejizará aún más su regulación.

Con este Gobierno tampoco corre mejor suerte la imprescindible lucha contra la Crisis Climática. El Ejecutivo de CC y PP está impulsando un decretazo para modificar a la baja la norma de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, para NC-bc una de las más importantes de las aprobadas en la pasada legislatura. Se modifica así una ley -altamente consensuada, esperada y pionera- sin escuchar a los movimientos ciudadanos, ni a los cabildos ni ayuntamientos. Y, tampoco, al Parlamento.

Y si poco presentables son las formas, al optar por un decreto en lugar de tramitarlo como una ley que posibilite la participación de la Cámara, el fondo supone rebajar sustancialmente las medidas de adaptación al cambio climático, la eficiencia energética y la lucha contra la pobreza energética. Relajando los controles de las garantías ambientales para favorecer a los especuladores. Insistiendo, en definitiva, en el modelo desarrollista y negacionista defendido por los socios del pacto.

La fórmula del decretazo también la utilizó para el control y designación desde el Ejecutivo de los responsables de la televisión y radio públicas. Hasta ahora, siempre se habían buscado mayorías cualificadas y, por tanto, acuerdos parlamentarios más allá de los partidos que sustentan al Gobierno de turno, respecto a la Radio Televisión Canaria.

Y junto a los incumplimientos, algunas ocurrencias. Con un decreto sobre vivienda consensuado solo con los empresarios. Con la genial idea de promover la construcción de vivienda en suelo rústico, planteada desde CC. O la de poder utilizar las dotaciones existentes en la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) a comprar viviendas privadas, esta vez con sello del PP, a través del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y del Comisionado del REF. Cuando la RIC está concebida en el REF para generar actividad económica, diversificar nuestra economía y crear empleo. Con esa propuesta estaríamos financiando una actividad especulativa con los impuestos de todos para favorecer la acumulación de viviendas en manos de unos pocos.

Y, por último, en un asunto tan sensible cono la inmigración, en el que todos, salvo la extrema derecha, apoyamos al Gobierno, se produce una importante disfuncionalidad. Mientras una parte del Ejecutivo apoya los cambios legales para facilitar la derivación de los menores a las distintas comunidades, otra parte del Gobierno, el PP, se pone de perfil. Y se convierte en cómplice que impedirá que esas derivaciones se produzcan de forma obligatoria.

Como se puede observar, el primer año del Gobierno conservador de CC y PP ha estado plagado de numerosos incumplimientos y de algunas notables ocurrencias. Así como de una incapacidad para escuchar las crecientes preocupaciones ciudadanas sobre el modelo de desarrollo, insistiendo en un crecimiento sin límites que amenaza el territorio, el medio natural y la calidad de vida de los canarios y canarias; y que influye directamente en el fuerte aumento poblacional de las Islas. Decisiones completamente alejadas del interés general que condicionan gravemente el presente y el futuro de esta tierra.