Aprender de Valencia

Lo ocurrido constituye un desastre de enormes dimensiones que pudo ser atenuado si la Generalitat valenciana hubiese realizado los correspondientes avisos a la población en tiempo y forma, lo que no hizo; y si la respuesta de la administración autonómica ante las emergencias contara con el dimensionamiento pertinente. Las contradictorias declaraciones de la consejera valenciana responsable de Emergencias sobre cuándo tuvo conocimiento de la existencia de un sistema de alertas a través de móviles son más que preocupantes y muestran un enorme nivel de incompetencia. La 'desaparición' del presidente Mazón en horas clave de la tragedia es, también, tan sorprendente como incomprensible.

En la gravedad de los hechos intervienen, por supuesto, diversos factores, como la realidad de un urbanismo inadecuado que continuará poniendo en grave riesgo en el Estado español a cientos de miles de casas edificadas en lugares donde no se debió construir nunca; o la significativa presencia de discursos negacionistas y anti-Estado, que niegan el cambio climático y rechazan las alarmas por considerarlas una intromisión en la vida y libertad de los individuos, así como un indeseado perjuicio a la economía.

Seguro que se pudieron hacer las cosas mucho mejor, antes, durante y después de la catástrofe; que todo parece indicar que hubo un incomprensible retraso de Mazón a la hora de comunicar la situación a la población y falta de diligencia en la respuesta ante la magnitud del desastre por parte de las administraciones. Que, seguramente, faltó pedagogía para explicar el papel y las responsabilidades que les corresponde a cada uno de los niveles administrativos; la gente exigía intervenciones inmediatas ante la gravedad de los hechos y no debates competenciales. Y, sobre todo, que resulta imprescindible aprender de la misma para que no se repitan tragedias de tanto alcance y que causan tanto dolor humano y tanto destrozo material. Desde la prioritaria relevancia de lo público y el combate decidido contra la Crisis Climática y sus efectos. Desde la prevención y el perfeccionamiento de los sistemas de alerta, así como de la más ágil y efectiva respuesta para salvar vidas y minimizar los daños. Además, en el caso que nos ocupa, hay que establecer las responsabilidades políticas y, si las hubiera, también las penales.

Considero, por otra parte, que no debemos olvidar el funesto papel desarrollado por algunos medios de comunicación (entre ellos televisivos espacios de amplia audiencia, sin que se les exija responsabilidades por su desinformación tan programada como dañina), así como redes y grupos de la extrema derecha, en la difusión de bulos y en la extensión del odio hacia las instituciones, partidos y líderes políticos.

Los 10.600 millones de euros comprometidos por el presidente del Gobierno estatal para comenzar a paliar de inmediato algunos de los efectos de la Dana están ya aprobados y en marcha. Siendo una cantidad muy importante, la reconstrucción y recuperación de lo devastado -viviendas, vehículos, fincas agrícolas, instalaciones industriales…- implicará denodados esfuerzos durante años. Ayudas que serán canalizadas a lo largo del tiempo y que requerirán su inclusión en sucesivos Presupuestos estatales.

La comunidad científica viene advirtiendo que, como consecuencia del cambio climático, estos desastres se repetirán y serán más intensos. Recientemente el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea acaba de destacar que la temperatura anual para 2024 será más de 1,5 grados centígrados superior al nivel preindustrial.

Las sociedades deben actuar ante la Crisis Climática implementando medidas para afrontarla, desde una transición más acelerada hacia las energías renovables. Al tiempo que deben llevar a cabo actuaciones territoriales y urbanísticas, así como multiplicar las políticas y sistemas de prevención. El avance de la extrema derecha negacionista en el mundo es un claro obstáculo para la adopción de acciones imprescindibles en esa línea.

En nuestro programa electoral para las autonómicas de mayo de 2023 señalábamos que la seguridad de las personas y bienes es uno de los valores que como sociedad defendemos «para construir un espacio de libertad y justicia, donde las personas que viven y visitan nuestra tierra, puedan disfrutar de un buen estado de bienestar, se sientan protegidos y vivan en un entorno seguro».

Y añadíamos que en Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) entendemos la seguridad desde una perspectiva donde los poderes públicos «garanticen su prestación, la financien y controlen desde una óptica integral que aglutine, tanto las políticas en materia de seguridad ciudadana, como de protección y atención a las emergencias y protección civil».

He tenido la oportunidad de participar en la creación del 061 o en el Plan de Seguridad Pública de Canarias (1997) como instrumento estratégico para atender con eficacia y eficiencia las necesidades ciudadanas en la seguridad pública; con cuatro líneas de actuación: formación (Academia Canaria de Seguridad), policía (policía autonómica), Emergencias (consorcio de Bomberos) y Teléfono Único de Urgencias 1-1-2. Posteriormente se crea el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), en 1998, y el Grupo de Intervención de Emergencias (2002). Siendo el centro directivo competente en la materia la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

En la pasada legislatura, desde el departamento de Hacienda del Pacto de Progreso impulsamos la construcción de los Edificios de Servicios Esenciales (ESE), uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, que permitirán mejorar sustancialmente los servicios que el Gobierno de Canarias presta las veinticuatro horas al día, tanto en situación ordinaria como ante una emergencia o una crisis, edificios que se encuentran en plena ejecución.

Por muchas y fundamentadas razones resulta razonable actualizar la situación y los objetivos en este ámbito y proceder a la redacción de un nuevo Plan de Seguridad Integral Canario. Analizando las metas cumplidas y la experiencia acumulada en las múltiples situaciones de crisis vividas desde entonces -lluvias torrenciales, incendios forestales, calima, pandemia y erupción volcánica de La Palma, principalmente-. En un marco, además, de acelerado cambio climático, que afecta singularmente a los territorios insulares y sus costas.

Por eso, desde NC-bc llevaremos al Parlamento una proposición no de ley sobre la necesidad de creación de una autoridad única con cobertura autonómica en materia de atención de emergencias, gestionada en conjunto por el Gobierno de Canarias y todos los Cabildos Insulares. Una Agencia Canaria de Emergencias, entre cuyas funciones se encuentre la promoción y control de los planes de emergencias y autoprotección; la provisión de servicios de rescate y salvamento; la gestión del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), el servicio de salvamento marítimo y vigilancia y seguridad en playas, así como los bomberos de Canarias.

Somos conscientes de que ante la cuestión de la seguridad, entendida de forma integral, con antiguos y nuevos riesgos, con catástrofes naturales ampliadas por la Crisis Climática, solo potentes políticas públicas, con recursos, coordinadas y correctamente dirigidas, pueden proteger a la población, prevenir frente a posibles desastres y, una vez estos ocurran (que ocurrirán), ofrecer respuestas que aminoren sus efectos y apoyen en todos los planos a sus víctimas. Y eso con menos estado, como pretende y está poniendo ya en marcha la ultraderecha mundial, es del todo imposible. Por el contrario, hay que actuar decididamente en la lucha contra la Crisis Climática, las modificaciones urbanísticas que se precisen, la defensa de la ciencia frente a los bulos y el imprescindible fortalecimiento de los servicios públicos.