50 años construyendo la democracia

En la misma fecha, el 25 de abril, Italia conmemoraba el Día de la Liberación, es decir, que festeja el fin, en 1945, del fascismo de Mussolini, aunque curiosamente algunos de sus herederos y/o simpatizantes gobiernen hoy el país. Por su parte, la República checa celebra cada 17 de noviembre el Día de Lucha por la Libertad y la Democracia, conmemorando el momento en que grandes movilizaciones, protagonizadas especialmente por jóvenes, empezaron a poner en jaque, a finales de los ochenta del pasado siglo, a la dictadura tutelada por Moscú.

Resulta completamente normal y saludable el hecho de que las sociedades conmemoren colectivamente el fin de regímenes autoritarios y el establecimiento de sistemas en que se respetan las libertades y los derechos humanos. En los que podemos elegir a nuestros representantes mediante las urnas y en los que se pueden expresar las distintas ideas políticas sin temor a ser detenido, encarcelado o torturado.

En esa tarea de reconocer la importancia de la convivencia en libertad y sin impuestas mordazas deberían estar comprometidos, de forma nítida, todos los partidos democráticos y las instituciones. Así como los sindicatos, universidades, mundo científico y cultural… Un reconocimiento, también, a la capacidad y mérito del conjunto de la sociedad en la recuperación de las libertades y en la consolidación de este largo periodo de convivencia democrática.

En el caso del Estado español, en este 2025 se cumplen 50 años de la desaparición física del dictador, aunque no de la dictadura, que mantendría sus coletazos de violencia y represión algunos años más. Recuerden, entre otros muchos actos criminales, la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, en enero de 1977; y en Canarias, los asesinatos de Bartolomé García Lorenzo (septiembre de 1976) y Javier Fernández Quesada (diciembre de 1977). Poco antes de la muerte del dictador había sido asesinado Antonio González Ramos en una comisaría de Santa Cruz de Tenerife (octubre de 1975).

Incluso después de aprobada en referéndum la Constitución, en diciembre de 1978, la democracia vivió momentos de enorme incertidumbre, de riesgo de grave involución, como se constató en el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Un movimiento reaccionario, que pretendía volver al pasado, del cual no se han aclarado aún todas sus tramas ni todos sus impulsores e implicados.

Desafortunadamente, lo que debería ser, cinco décadas después, una celebración mayoritaria, por el fin del régimen franquista, es también motivo de agria polémica, de reiterada división. Puede influir el mayor o menor protagonismo que se ha atribuido al respecto el Gobierno de Sánchez. Puede. Pero considero que, sobre todo, pesa enormemente el papel de una derecha española incapaz de condenar al franquismo; más aun ahora que compite con la ultraderecha claramente añorante de la dictadura y que le achica su espacio electoral. Una derecha española que, al igual que la canaria (CC), blanquea a la ultraderecha y acepta gobernar con ella en las instituciones.

La democracia ha supuesto, sin duda, una etapa muy fructífera. Posibilitando la construcción de un estado social y del bienestar, mejorable, pero que se homologa a los que tienen los países más avanzados. Es así en el caso de la sanidad, con la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986, impulsada por el ministro Ernest Lluch, que sería asesinado por ETA en noviembre de 2000. Una ley que descentralizó los servicios sanitarios en las nacionalidades y regiones, universalizando la asistencia sanitaria y financiándola con cargo a los impuestos. Canarias realizó sus transferencias sanitarias en 1994, posibilitando un enorme crecimiento en centros de salud e instalaciones hospitalarias y una notable mejora del servicio.

Avances sustanciales también en el sistema educativo. Aunque algunos pongan el acento crítico en la proliferación de leyes educativas, lo cierto es que la democracia amplió sustancialmente la escolarización y elevó el nivel educativo de la sociedad. Quedan asignaturas pendientes, como las tasas de abandono escolar temprano que, pese a su progresiva reducción, siguen siendo superiores a las europeas.

Asimismo, en esta etapa democrática destaca la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, aprobada a finales de 2006, y que convirtió en derecho de ciudadanía, universal y subjetivo lo que hasta entonces era objeto de la caridad, además de una actividad casi exclusivamente realizada por las mujeres. Las legislaciones y los cambios sociales respecto a las mujeres también han sido claves en el periodo democrático, con la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o las destinadas a combatir la violencia machista.

Por otra parte, también han sido muy relevantes las modificaciones respecto a la situación del colectivo LGTBI. La ley de matrimonio igualitario de 2005, con Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno y el impulso significativo del socialista y activista canario Pedro Zerolo, nos puso en la vanguardia a nivel mundial. Por cierto, hay que recordar que hubo cuatro abstenciones y que solo votaron en contra el PP y la mayoría de los diputados de CiU, que dio libertad de voto a su bancada.

La España jacobina del franquismo ha dado paso a uno de los estados más descentralizados del mundo. En nuestro caso, Canarias cuenta con una gran capacidad de autogobierno que permite decidir en las Islas elementos claves en la educación, la sanidad, los cuidados, la fiscalidad, las energías renovables, la preservación del territorio y el medio ambiente o la orientación de nuestro modelo de desarrollo. Disponemos, además, de un régimen económico y fiscal propio, diferenciado del sistema foral pero también de las autonomías de régimen común.

Si muchas de las transformaciones que precisa Canarias no se llevan a cabo -sea en las inversiones educativas, sea en una fiscalidad más justa y progresiva, sea en la apuesta por un desarrollo sostenible- no es por falta de capacidad de decisión propia, sino por la reiteración de políticas conservadoras y desarrollistas destinadas a mantener la actual situación, a que nada cambie.

En todo caso, la democracia y el autogobierno han sido muy positivos. Por supuesto que se trata de una democracia imperfecta, como lo son todas. Con problemas reales (desigualdad, vivienda, situación de los jóvenes ante el empleo o la emancipación, violencia contra las mujeres…) que exigen decisiones valientes y transformadoras. Y con el preocupante ascenso de los discursos de odio impulsados por los grupos de ultraderecha. Pero el avance respecto al franquismo es espectacular en todos los ámbitos.

Por ello, celebrar estas casi cinco décadas tras la noche del franquismo es reconocer lo construido con el esfuerzo común, defender los valores democráticos frente a los riesgos reales de involución autoritaria -como estamos viendo en medio mundo: Trump, Putin, Milei, Orban…-, y comprometernos con firmeza en la mejora de la calidad de la vida democrática, la participación popular y la toma de decisiones que incrementen el bienestar de todos y todas. Agradeciendo, asimismo, la generosa entrega de todas aquellos colectivos y personas que -jugándose la libertad y, en muchos casos, la integridad física y la vida- lucharon contra la dictadura y por establecer una democracia plena.