Un año del 20-A: el Gobierno ni caso

En su momento, consideré muy positiva la movilización que se dio el 20A de 2024, bajo el lema 'Canarias tiene un límite'. Destacando que se trató de una amplia expresión popular de protesta, plural en sus contenidos y en sus exigencias. Impulsada por personas y colectivos que tuvieron el indudable acierto de medir acertadamente la presencia en la sociedad canaria de un sentimiento bastante extendido de preocupación y de hartazgo. Conscientes, asimismo, de la necesidad de parar para revisar y reorientar adecuadamente el modelo.

Poner límites al crecimiento turístico es hacerlo al crecimiento poblacional en una Canarias que ha aumentado en 600.000 habitantes más en lo que va de siglo XXI. Con consecuencias -junto al impacto que suponen los 18 millones de visitantes anuales- en el consumo energético y de agua, en la dimensión de los servicios públicos o en las necesidades de vivienda. Así como en la movilidad, con permanentes atascos, y en la convivencia, como está sucediendo en otras zonas del mundo con masificación turística.

Moratoria y directrices

En nuestra historia reciente contamos con relevantes antecedentes de movimientos sociales similares. Y, también, de algunas respuestas adecuadas de las instituciones. Así sucedió en Lanzarote de finales del siglo XX, que propició en su momento una moratoria insular impulsada por su Cabildo. Y, a finales del pasado siglo y comienzos de este, con las decisiones adoptadas por el Gobierno y el Parlamento de Canarias que apuntaban de forma nítida a una contención del crecimiento turístico.

Decisiones que confirmaban que desde las instituciones se pueden y se deben tomar medidas para transformar la realidad. Y no limitarse, como hace CC y su Ejecutivo, a reclamar actuaciones estatales o de la Unión Europea, olvidándose de hacer lo que les corresponde aquí. Una permanente inacción en asuntos en los que se cuenta con competencias que lo que consigue es desvalorizar el autogobierno. Además de confirmar un absoluto inmovilismo frente a los problemas que se padecen.

Entonces, entre 1999 y 2003, logramos, con distintas leyes, parar el crecimiento, con la denominada ley de moratoria (Ley 6/2001 de medidas urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias), desclasificando unas 300.000 camas y posibilitando, entre otros asuntos, salvar el barranco de Veneguera en el que se pretendía desarrollar un proyecto de decenas de miles de camas, protección luego ratificada con una ley específica sobre el mismo. Medidas que no costaron un solo euro a las arcas públicas, aunque el presidente Clavijo reitere, falsamente, lo contrario.

Ese parón propició analizar, debatir y tomar decisiones sobre el futuro, plasmadas en la ambiciosa ley de directrices de ordenación general y las correspondientes directrices del turismo (Ley 19/2003). Las directrices turísticas ponían freno al crecimiento desmesurado, estableciendo límites anuales del número de nuevas camas y su vinculación a criterios de calidad en las islas turísticas; y con un tratamiento diferenciado para las islas verdes. Favoreciendo la reforma de la planta obsoleta frente a la ocupación de más territorio. Apostando por la calidad frente a la cantidad, por la cualificación y diversificación de la oferta. Impulsando la renovación de las ciudades turísticas, así como una mejor formación del personal del sector.

Lamentablemente, lo legislado en el año 2003, tras un enriquecedor debate social que se prolongó durante más de dos años y logrando la unanimidad del Parlamento de Canarias, fue interesadamente olvidado por los gobiernos posteriores. Gobiernos que, de forma progresiva, fueron incumpliendo el mandato de las directrices, hasta convertirlas en papel mojado, y volvieron sin disimulo a la senda del desarrollismo.

Modelo sosteible y calidad de vida

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) siempre ha manifestado su preocupación por el modelo de desarrollo. Plasmándolo en distintas propuestas en el Parlamento de Canarias dirigidas a avanzar hacia un modelo sostenible y autocentrado, que ayude a disminuir sus efectos negativos sobre el territorio y el medioambiente y suponga una sensible mejora en la calidad de vida de los canarios y canarias, rompiendo con la inercia que nos coloca a la cabeza de las nacionalidades y regiones en pobreza, desigualdad y bajos salarios.

Como formación canarista lo hacemos plenamente convencidos de que el autogobierno cuenta con numerosos instrumentos que permiten tomar decisiones en Canarias en estos ámbitos. Pensando siempre en la mayoría social y no estando sometidos a los intereses de minorías, por poderosas que estas sean. En esa línea, en tres ocasiones hemos planteado en la Cámara canaria propuestas para la implantación de una tasa turística, en los años 2015, 2019 y 2024. En los dos primeros casos los grupos mayoritarios ni siquiera permitieron su debate parlamentario.

Sin considerar la tasa turística una panacea, pero con la intencionalidad clara de generar «ingresos públicos adicionales con los que aumentar de forma significativa las inversiones públicas en renovación de los espacios turísticos y de sus infraestructuras, así como en la protección del medioambiente, la preservación de los espacios y recursos naturales, del medio rural y marino y del patrimonio histórico y cultural de las islas», como señalamos en el texto de la propuesta más reciente.x.

Limitación al crecimiento

Aunque defendemos la tasa, nos parece más relevante adoptar decisiones que pongan freno al crecimiento en las islas turísticas a través de la desclasificación de suelo turístico no desarrollado, a suelo rústico, mediante mecanismos como el que ofrece el artículo 221.1 de la Ley del Suelo. Y, de manera transitoria, establecer una limitación al crecimiento de plazas alojativas (hoteleras y extra-hoteleras) condicionado a las distintas realidades insulares en las islas turísticas. Proponiendo que se dé un tratamiento diferenciado a las islas verdes, con un crecimiento moderado desde parámetros de calidad y respeto medioambiental.

Actuando también con relación a las viviendas vacacionales, asunto en el que el Ejecutivo de CC y PP ha intervenido tarde y mal. Planteamos, en este ámbito, implantar una moratoria urgente de autorizaciones por decreto ley hasta la aprobación de una Ley de Vivienda Vacacional adaptada a nuestra realidad y que impida los edificios destinados a esta actividad que se convierten en pseudo hoteles que apenas generan empleo y compiten deslealmente con la red hotelera. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, regulando la actividad y evitando que las zonas residenciales se vuelvan turísticas.

Un año después de aquel ilusionante 20 de abril los principales problemas que aquellas manifestaciones denunciaban lejos de solucionarse se han ido incrementando. La voluntad transformadora expresada en las calles canarias por decenas de miles de personas, que exigían modular el crecimiento y una mejor distribución de la riqueza en las Islas, no ha logrado obtener respuesta concreta alguna del Gobierno de Canarias. Un Ejecutivo que trata de confundir dirigiendo exclusivamente la mirada a la prohibición de la venta de vivienda a extranjeros y una supuesta ley de residencia, medidas que también apoyamos desde NC-bc, pero sobre las que el Gobierno carece de competencias y son de más complicada concreción. Mientras niega la tasa turística, rechaza la moratoria y no se muestra dispuesto a establecer límites al crecimiento, asuntos que si están en su ámbito competencial y que tienen mucho mayor impacto.