Alquiler seguro para la vivienda vacía

Es evidente que se hace necesario garantizar un derecho, recogido en el artículo 47 de la Constitución, que se encuentra lejos de cumplirse y que genera una indefensión en la ciudadanía, al no poder acceder a una vivienda a un precio asequible. También lo señala nuestro Estatuto en su artículo 22: «Los poderes públicos canarios deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna y regular su función social, mediante un sistema de promoción pública, en condiciones de igualdad y en los términos que establezcan las leyes, poniendo especial atención sobre aquellos colectivos sociales más vulnerables. Se regulará el uso del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación».

Se trata, sin duda, de un problema global y cuyas soluciones no son sencillas. Un problema que se ha visto incrementado por el elevado crecimiento poblacional que ha experimentado el Archipiélago en las últimas décadas, estrechamente vinculado a su modelo económico. Y, asimismo, por la desidia de los sucesivos gobiernos de CC que durante diez años no hicieron nada en este trascendental asunto.A pesar de las dificultades, en la pasada legislatura y tras la pandemia logramos impulsar el Plan Canario de Vivienda, avalado por un enorme consenso social y aprobado por unanimidad de la Cámara canaria, dotado con 664 millones de euros. Un Plan en el que se contemplan acciones como la construcción de 5.971 nuevas viviendas protegidas para el alquiler; incentivar la salida al mercado de 600 viviendas vacías para su alquiler; unas 10.000 actuaciones de rehabilitación y renovación urbana y rural, seguir beneficiando a las familias más desfavorecidas con ayudas al alquiler o la construcción de más de 600 viviendas nuevas en municipios poco poblados para combatir la despoblación. Sin embargo, los Presupuestos del Gobierno conservador de CC y PP disminuyeron en 24,2 millones las partidas para fomento de la vivienda protegida en este año 2024. Por ello, en nuestra enmienda a la totalidad criticamos esa decisión y solicitamos que el Gobierno continuara con el desarrollo del Plan.

Desafortunadamente, la respuesta del Gobierno conservador de CC y PP ha sido insuficiente y sesgada, al imponer un decreto ley, sin debate ni participación social, solo consensuado con la patronal de la construcción; y que no va a resolver el problema de la vivienda pública, la destinada a los amplios sectores de la sociedad canaria con bajos ingresos. En una comunidad con salarios muy bajos y la segunda con mayor tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, con un 33,8% de la población (frente al 26,5% estatal), según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al 2023. No es casual que Canarias se sitúe entre las primeras comunidades en casos de desahucio por no poder hacer frente a las hipotecas o de lanzamientos por impago de los alquileres.

Volviendo al decreto ley del Ejecutivo, este pasa de puntillas sobre los grandes problemas y está más orientado hacia el fomento del negocio privado que a solucionar el drama que viven decenas de miles de familias canarias con rentas medias o bajas que, o no pueden acceder a una vivienda, o, cuando lo hacen, su pago les destroza su limitada economía.

En Canarias se producen distintas circunstancias sobre las que se hace preciso intervenir para avanzar en este tema. Entre ellas, la escasez de viviendas protegidas, que suponen solo el 2% del total, frente al 8,5% de media europea; situación que debe ayudar a superar el Plan de Vivienda. O las consecuencias del crecimiento exponencial de las viviendas vacacionales en los últimos años; y a las que el Gobierno de Canarias, al no aplicar una moratoria mientras se elabora y aprueba el texto definitivo de su ley, ha llevado a que aumenten significativamente los registros de nuevas viviendas de esta modalidad en el periodo más reciente. Así como la adquisición de viviendas por parte de personas no residentes, con fines especulativos.

Y, de forma especial, por su gran impacto, el disponer de un enorme parque de viviendas vacías, más de 210.000. La existencia de este amplio parque de vivienda desocupada se debe a las reticencias de sus propietarios a ponerlas en el mercado del alquiler. Básicamente por razones de inseguridad jurídica, destacando el riesgo de que se produzcan impagos por los inquilinos y el temor a que se produzca un deterioro de sus inmuebles. Unas circunstancias que obligan a intervenir en este ámbito con programas específicos dirigidos a reducir estos riesgos, fomentando e incentivando el acceso en alquiler de viviendas que hoy se encuentran vacías.

Programa canario de alquiler seguroPara superar la actual situación, el grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista acaba de presentar en el Parlamento una proposición no de ley (PNL) para la creación del 'Programa Canario de Alquiler Seguro para el fomento del arrendamiento de vivienda vacía en las Islas'. Con un paquete de medidas que incentivan su puesta en alquiler como respuesta rápida y eficaz a la actual y grave situación. Una propuesta que, en formulación similar, ya cuenta con más de 20 años de experiencia de éxito en el País Vasco y que se está promoviendo en la actualidad por el gobierno balear. Lo esencial del Programa de Alquiler seguro es que es el Gobierno quien arrienda y ofrece garantías la devolución del patrimonio en condiciones adecuadas a los propietarios.

Su objetivo fundamental es dar uso social a las viviendas deshabitadas. Destacando que, para mayor agilidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines de esta propuesta, se debe contar con los entes instrumentales de los que dispone la Comunidad Canaria, en especial con Visocan, especializado en materia de vivienda. Le correspondería al Gobierno de Canarias, a través de Visocan, fijar, con los informes técnicos preceptivos, el precio del alquiler que se abonará al propietario o propietaria de forma que le sea razonable y atractivo, teniendo en cuenta la seguridad que le ofrece el Programa; garantizando al propietario el cobro mensual por parte del Gobierno mientras dure el contrato.

Asimismo, se apoyará a los propietarios que se inscriban en el mismo para la adecuación y reforma de sus viviendas con anticipos al 0% de interés. Estableciendo, además, que se les ofrecerá también «un seguro multirriesgo del hogar y garantías de devolución de la vivienda en el mismo estado de conservación en la que se entrega».

Por su parte, las personas beneficiarias de este programa, que accederán al arrendamiento de una vivienda, serán aquellas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Pública. Deberán abonar un alquiler que se establecerá con los mismos criterios que se utilizan en la normativa vigente en lo relativo a las viviendas protegidas y acorde con los niveles de rentas de las familias.

Si se consiguiera que el 10 por ciento de las actuales viviendas vacías de Canarias se incorporara al programa de alquiler seguro, nuestra Comunidad podría disponer, en un plazo de tiempo razonable, de unas 21.000 casas en alquiler más, lo que contribuiría a paliar de forma importante la actual situación. Una actuación -junto al desarrollo integral del actual Plan de Vivienda, incrementando el parque de casas protegidas, el control de la vivienda vacacional y la limitación de la venta de viviendas a extranjeros no arraigados en las Islas- que posibilitaría avanzar de forma sustancial en la solución de un problema que ahoga a decenas de miles de familias canarias.