30M, celebrar y gobernar

Hoy, en el año 2025, podemos mirar la historia reciente de Canarias y analizar lo que han supuesto estas más de cuatro décadas de democracia y autogobierno, tras una prolongada historia de centralismo y trato colonial, de acentuada pobreza y cíclicas migraciones, de profundas desigualdades territoriales y sociales. Lo que nos lleva a concluir que el cambio que se ha producido ha sido espectacular en múltiples aspectos. En las infraestructuras públicas. En las comunicaciones. En los sistemas sanitario y educativo. En el nivel de formación de nuestra gente. En el papel de las mujeres en la sociedad. En la superación del secular abandono de las islas no capitalinas. En la calidad de vida.

Seguro que casi todo pudo hacerse mejor. Y que quedan muchas asignaturas pendientes. Considero que para aprobarlas no vale ese penoso y reiterado recurso al victimismo. Resulta poco útil que no seamos capaces de reconocer las insuficiencias y errores propios; y, tampoco, que situemos la solución a todos los problemas que nos afectan fuera de la Islas, en el Estado español o en la Unión Europea. Una actitud que desvirtúa por completo la capacidad de decisión propia.

Aunque hay asuntos que deben tratarse en esos ámbitos externos a Canarias, caso de los fenómenos migratorios, que vivimos en primera línea como región frontera pero que exigen el pleno apoyo de España y de Europa. Lo que no siempre ocurre, como hemos visto con la resistencia de varias comunidades del PP a colaborar con el acogimiento de menores no acompañados, perjudicando a esos menores y a Canarias.

Pero la gran mayoría de nuestros déficits, carencias y limitaciones económicas y sociales pueden ser afrontados y resueltos en el marco de nuestro espacio competencial, desde la fortaleza y la potencialidad que tiene nuestro autogobierno. Disponemos de un Régimen Económico y Fiscal (REF) y un Estatuto, renovados en 2018, así como nuestra condición de región ultraperiférica (RUP) de la UE, con suficientes instrumentos para actuar y modificar positivamente nuestra realidad.

Es así con relación a nuestros servicios públicos. Desde su adecuada financiación y no incumpliendo de forma flagrante las leyes aprobadas por nuestro Parlamento, como sucede con el 5% del PIB en el caso de la educación. En dos años de Gobierno CC-PP nos alejamos de ese objetivo cuando presentamos retrasos respecto a la media de las comunidades autónomas en implantación de la educación infantil 0-3 años, Formación Profesional o atención a la diversidad. Dos ejercicios, los de los años 2023 y 2024, por cierto, en que el Ejecutivo conservador canario ha dejado de utilizar nada menos que 2.400 millones de euros que figuraban en sus presupuestos.

Igual sucede con la sanidad o la dependencia. Donde hay que exigir que se disponga de los recursos adecuados y, asimismo, una gestión más profesional y eficiente.

También para superar la crisis habitacional que padece el Archipiélago. A través de una financiación estable, plurianual y suficiente en este ámbito; más promociones de vivienda protegida, tanto de carácter social como a precio limitado en alquiler; actuaciones para movilizar una parte de las 210.000 viviendas vacías con que cuenta Canarias…

Para que los servicios públicos, las infraestructuras o la vivienda se encuentren debidamente financiados es preciso disponer de una fiscalidad progresiva y justa. En la que paguen más quienes más recursos tienen. El Gobierno de CC y PP camina en otra dirección, quitando impuestos como el de donaciones y sucesiones y beneficiando a una minoría que hereda patrimonios superiores a 300.000 euros. Y que supone que Canarias pierda 180 millones de euros en esta legislatura. Por el contrario, elimina la Deducción por alza de precios en el tramo autonómico del IRPF, puesta en marcha por la anterior Consejería de Hacienda bajo la titularidad de NC, que suponía trasladar 104 millones (datos del año 2022) a las rentas menores de 30.000 euros. Esta deducción permitía compensar a las rentas más bajas la reducción del poder adquisitivo de los reducidos salarios canarios por el efecto de la inflación.

Mientras tanto no se hace nada sobre el modelo de desarrollo y el reto demográfico. Y se vuelve a buscar las presuntas soluciones en el ámbito externo, reclamando una ley de residencia de muy difícil encaje en la Unión Europea. Y que desvía la atención sobre la auténtica naturaleza del problema: si Canarias creció en 600.000 habitantes en lo que va de siglo es por el efecto llamada que supone la construcción de nuevas instalaciones turísticas y las posteriores necesidades de personal en estas. Por eso Fuerteventura aumentó un 180% en población en apenas 25 años, Lanzarote un 111% o Tenerife se acerca ya al millón de habitantes.

Si se pretende evitar las consecuencias del disparatado crecimiento poblacional -crisis habitacional, saturación de los servicios públicos, colapsos en las carreteras, elevada demanda eléctrica y de agua, graves problemas de depuración de aguas en algunos municipios…- podemos poner en marcha medidas que sí impactan en su resolución y que se deciden en Canarias, por su Gobierno y su Parlamento.

Me refiero a una moratoria de nuevas instalaciones y plazas hoteleras y extrahoteleras. mediante la desclasificación de suelo turístico no desarrollado, a suelo rústico, a través de mecanismos como el que ofrece el art. 221.1 de la Ley del Suelo; y establecer una limitación al crecimiento de plazas alojativas (hoteleras y extra-hoteleras) condicionado a las distintas realidades insulares en las islas turísticas. Y con un tratamiento diferencial a las islas verdes, con un crecimiento moderado desde parámetros de calidad y respeto medioambiental. Igual sucede con la implantación de una ecotasa o con la regulación adecuada del alquiler vacacional. Para todas esas medidas no hace falta permiso estatal o europeo. Solo auténtica voluntad transformadora, compromiso con el interés general y apuesta por avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y autocentrado.

Por otra parte, mientras el Gobierno canario recorta 24,4 millones de euros a la Consejería de Agricultura en los dos presupuestos de 2023 y 2024, Clavijo exige en Bruselas que se incremente el Posei comunitario más del doble del importe actual. Una decisión equivocada y demagógica, por maximalista y por no plantearla enmarcada en las demandas de Canarias en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 (enfoque, importe y cofinanciación de los fondos estructurales para el Archipiélago) y de otros temas pendientes con la UE, como es la aplicación a las islas del sistema de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con gran impacto en el transporte marítimo de mercancías.

En definitiva, el autogobierno ofrece instrumentos para transformar Canarias en muy diversos ámbitos: servicios públicos, territorio y medioambiente, modelo de desarrollo… Pero para que sea posible hay que ejercer las competencias con todas sus consecuencias y no pretender que otros resuelvan, en el Estado español o en la Unión Europea, lo que aquí se hace mal o, simplemente, no se hace.