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Renta de ciudadanía

Del director ·

Conviene recordar que quedó consagrada en el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 5 de julio 2022, 23:56

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El Parlamento de Canarias tiene en sus manos el proyecto de ley de la renta de ciudadanía, elaborado por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno y que superó el primer obstáculo en la Cámara sin enmiendas a la totalidad. Es más, en el debate inicial hubo un consenso que no es fácil en el Parlamento y menos aún cuando se trata de una propuesta del equipo de Noemí Santana y compañía, convertidos en la diana de la oposición desde el minuto uno de la legislatura, quizás por aquello de que ella hizo lo mismo con Fernando Clavijo en el anterior mandato.

Venganzas políticas al margen, conviene recordar de qué estamos hablando. La renta de ciudadanía quedó consagrada en el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018, un texto que elevó el techo competencial de Canarias hasta prácticamente el máximo que cabe en la actual Constitución. Hay que recordarlo porque a veces parece que esto de las rentas a las personas en situación de exclusión es un empeño ideológico de Podemos y compañía. Como también están los que señalan que ya es hora de poner coto a las políticas de caridad, beneficencia y asistencialismos varios... Pero, insisto, estamos hablando de un derecho consagrado en nuestra particular 'Carta Magna', elaborada, por cierto, no bajo el mandato de un Gobierno de Podemos -es más, si hubo un partido que marcó distancias con el texto aprobado en 2018 fue la formación morada, además de Ciudadanos-.

En el encuentro sobre la renta de ciudadanía celebrado esta semana en las instalaciones de este periódico, la viceconsejera Gemma Martínez destacó que el apellido de esta renta no es casual. El empeño en llamarla 'de ciudadanía' entronca con que, para ser plenamente una persona integrada en la sociedad, es clave contar con unos mínimos ingresos económicos. De lo contrario, el mecanismo es perverso, pues la exclusión económica conlleva la exclusión social. Y de ahí a la marginalidad solo hay un cambio de palabras.

Tampoco está de más recordar que las comunidades autónomas que más han caminado en este sentido no son precisamente de izquierda radical. Euskadi y Navarra son las autonomías con mayor experiencia y a quienes acude a consultar el resto cuando pretende dar los primeros pasos con estos u otros mecanismos de rentas. De hecho, esas experiencias dan mejores resultados que intentos cargados de buenas intenciones pero con gestión manifiestamente mejorable, como el ingreso mínimo vital, de titularidad estatal.

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