Reforma electoral, datos y dudas

Reconozco que me surgen algunas dudas sobre el intento de Podemos y Ciudadanos de afrontar una reforma del sistema electoral español. Quiero suponer que es un sano ejercicio democratizador y no una planificada estratagema para establecer un marco más beneficioso para los proponentes. Además, si fuera esto último, podría resultar tan absurdo como contraproducente: lo que hoy te beneficia siendo cuarta fuerza política en las urnas podría perjudicarte mañana si te conviertes en segunda o primera.

Por supuesto que, tras casi cuarenta años de democracia -algo poco común en nuestra historia y que no sé si valoramos suficientemente-, no debería haber insalvables problemas para realizar modificaciones que corrijan las posibles disfunciones y mejoren el modelo instaurado tras la dictadura, respetando, y mejorando, aspectos como la pluralidad política y territorial, así como la proporcionalidad.

En primer lugar creo que la reforma no puede hacerse contra nadie y de forma excluyente. Lo ideal es que cuente con el máximo consenso, con el asentimiento de las cuatro grandes fuerzas políticas estatales, sin duda, pero con el concurso también de los nacionalistas. No pensando en qué fórmula me beneficia más a mí o perjudica más a mis directos competidores políticos, sino cuáles suponen perfeccionar la calidad de la vida democrática.

Proporcionalidad.En este sentido, hay que mejorar la proporcionalidad, actualmente distorsionada entre determinadas provincias muy poco pobladas y las de mayor presencia poblacional. Los constitucionalistas fueron muy previsores y la Carta Magna posibilita incrementar en 50 escaños, hasta llegar a 400, el Congreso de los Diputados. Una adecuada distribución de los mismos, para lo que hay diferentes formulaciones, permitiría dar un plus a las provincias más pobladas.

Incluso algunos expertos plantean llevar el Congreso hasta 450 representantes –lo que sí obligaría a cambios constitucionales-, estableciendo un colegio de restos que potenciara, aún más, la proporcionalidad.

La ratio actual población/escaño en España se encuentra en algo más de 131.000 habitantes por escaño, superior a la de Alemania, Italia o Francia, a las que se igualaría con 400 actas (114.735).

En estos momentos, la desproporción entre Soria y Madrid es de 3,99. Y la de Ávila con Barcelona de 3,30. No es el caso, por ejemplo, de la existente entre Las Palmas y Madrid que es solo de 1,03, tres veces menos y bastante razonable.

Cifras, las de Soria/Madrid o Ávila/Barcelona, que se encuentran muy por debajo de la máxima desproporción en Canarias (El Hierro/Tenerife que se acerca a los 17) o del valor del voto de un habitante de La Gomera que multiplica por 10,6 el de un ciudadano o ciudadana de Gran Canaria, que algunos, contra viento y marea, se empeñan en mantener. En Canarias la más baja, la más proporcional, es la que se produce entre Lanzarote y Gran Canaria (3,12). En algo somos, lamentablemente, campeones.

Entre Lleida y Barcelona la desproporción es de 2,25 y algunos han denunciado tal circunstancia. En el País Vasco la mayor se da entre Álava y Vizcaya, y es de 3,5. En Baleares -Mallorca (33 escaños), Menorca (13), Ibiza (12) y Formentera (1)- el mayor ‘agravio’ se produce entre Formentera y Mallorca y es de 2,06.

Si Madrid o Barcelona incrementaran sus actas en una banda entre 5 o 7 escaños cada una, esa desproporción disminuiría algo más de medio punto porcentual, es decir, quedaría en torno al 3,25 (una reducción hasta un 18%). Menos bajada, por cierto, que la que se logra con la propuesta de nuevo modelo en Canarias, que rebaja la desproporción más significativamente, entre un 21 y un 25%, a través de la incorporación de un colegio de restos que asigna nueve diputados.

El incremento hasta 400 escaños, perfectamente constitucional, parece la fórmula más adecuada y menos complicada, sin quitar nada a nadie. La otra propuesta reducir el mínimo de escaños de las circunscripciones, disminuye la pluralidad: en varias provincias habría un solo representante de su ciudadanía. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece ahora mismo en dos los diputados mínimos, distribuyendo los restantes en función de datos poblacionales.

Así, señala que los 248 distribuidos por razones poblacionales lo hacen con el siguiente procedimiento: “a) se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares; b) se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto; y c) Los diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.”

Evidentemente si se incrementan en cincuenta, siendo por tanto 298 los asignados por criterio poblacional, se mejoraría la proporcionalidad del modelo al aumentar el número de escaños de las más pobladas. Con cien mucho más, claro.

Los escaños, según la LOREG, pueden cambiar según la evolución demográfica de las distintas circunscripciones. En Canarias, por ejemplo, al comienzo de la democracia eran siete para Santa Cruz de Tenerife y seis para Las Palmas; ahora son ocho para las islas orientales y siete para las occidentales. La circunscripción que menos tiene actualmente (aparte de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que tienen asignado uno cada una) es Soria, justo el mínimo, dos, por delante de Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel y Zamora, con tres escaños cada una.

Reparto. Luego quedan otros asuntos para el sosegado debate. Entre ellos, sustituir el sistema D’ Hondt por el Sainte-Laguë –propuesta que, con los datos de las elecciones generales de 2016, beneficiaría a Podemos y, sobre todo, a Ciudadanos-, que me parece menos relevante y no afecta a la proporcionalidad sino a la fórmula de reparto de escaños, menos favorable con el Sainte-Laguë a los partidos más votados en la circunscripción. O establecer el voto a partir de los 16 años, que puede parecer que los nuevos partidos lo planteen calculando posibles beneficios electorales, pensando que son más atractivos para los jóvenes que las formaciones de siempre; si fuera así me resultaría penoso: yo lo plantearía por confianza en los jóvenes y por razones de participación y educación democrática, al margen de sus preferencias electorales.

Como ve, nos encontramos ante todo un conjunto de posibles modificaciones que deben plantearse a sabiendas de que ningún sistema es perfecto. Y que, en cualquier caso, Podemos y Ciudadanos son conscientes de que (yo diría que afortunadamente) no pueden sacarlas adelante en solitario.

«Nos encontramos ante todo un conjunto de posibles modificaciones que deben plantearse a sabiendas de que ningún sistema es perfecto»

«El incremento hasta 400 escaños, perfectamente constitucional, parece la fórmula más adecuada y menos complicada sin quitar nada a nadie. La otra propuesta, reducir el mínimo de escaños de las circunscripciones, disminuye la pluralidad».