Ley de bienestar animal

Pero es que antes de eso ya se había publicado la Ley 17/2021, que modificaba el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales (entre otros aspectos regula la situación de los animales en caso de fallecimientos o separaciones matrimoniales), y antes, España había ratificado el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía (el que establece la prohibición de los cortes de rabo, orejas, uñas o cuerda vocales), y así muchas más, autonómicas, municipales, etc.

Pero volvamos a la Ley 7/2023, se trata de una Ley que ha tenido su polémica durante la tramitación, con sus defectos y sus virtudes, pero era necesaria para poder contar con una normativa estatal de mínimos que establezca las bases de las normativas autonómicas y locales para una mayor armonización y coordinación entre las diferentes administraciones públicas. Una de las polémicas más comentadas supuso excluir a los perros de caza, que sigo sin entender, porque el Canis familiaris es perro en todos sitios. Es una Ley donde se le dan muchas competencias a los ayuntamientos, pero, sin embargo, no se nombra ni una sola vez a los veterinarios municipales. Tampoco se nombra la figura del perito veterinario, figura necesaria para emitir sus informes, que acompañados de las diligencias policiales, son herramientas de trabajo para jueces y magistrados en los casos de delitos por maltrato animal. Sueño que algún día la figura del veterinario forense forme parte de la estructura organizativa de nuestros Juzgados y Tribunales de Justicia, como existe en la actualidad médicos forenses, para otros tipos de maltratos, y que, curiosamente se ha demostrado que ambos tipos de maltrato (humano y animal) están vinculados en muchos casos.

Todos esperamos la aprobación del Reglamento que desarrolla dicha Ley, para aclarar o desarrollar ciertas cuestiones que se han quedado pendientes: el seguro, los cursos de formación, listas positivas, etc.

Desconozco qué tienen pensado hacer nuestros responsables políticos en Canarias, porque a día de hoy no se han manifestado públicamente, pero nuestra Ley autonómica de protección animal es del año 1991, que en su momento también tuvo su polémica al permitir las peleas de gallos en nuestra comunidad autónoma. Yo opino que ya toca su actualización por dos motivos, porque nuestra sociedad actual no es la de hace 32 años en su relación con los animales, y porque desde entonces mucha normativa se ha publicado. Eso sí, les pido valentía, no se olviden del artículo 35 de nuestro Estatuto de Autonomía, escuchen a los dos Colegios Oficiales de Veterinarios de Canarias, modifiquen el organigrama de la administración autonómica donde actualmente las competencias en materia de animales de compañía las tienen repartidas, Presidencia para el Registro, Ganadería para sanidad animal, Seguridad para Potencialmente Peligrosos, valoren la posibilidad de crear una Dirección General (como hizo el Ministerio), que lo englobe todo, y sobre todo, muy importante que sea dotada de los recursos humanos y económicos suficientes para que la aplicación de la normativa sea adecuada y completa. Colaboren y ayuden, a los Ayuntamientos (que también se tienen que poner las pilas) para que entre todos podemos actuar frente a una lacra que estamos viviendo: el maltrato y abandono animal y donde la convivencia responsable sea lo cotidiano en nuestra sociedad.

Aún hay más, pero para otro momento.