Vuelta atrás en el tiempo

Sin embargo, en este agosto que termina dos importantes noticias han copado prácticamente, día tras día, todas las cabeceras de los medios de comunicación estatales: la inmigración y los incendios. Una y otra dejan patente que algo está fallando en el concepto de España como estado descentralizado. Fundamentalmente, la solidaridad, la cooperación y la voluntad política.

Resulta lamentable que un estado como el español tenga que utilizar la justicia como último instrumento para resolver la acogida de los seis mil menores no acompañados llegados a nuestras costas a través del mar. Más allá del lugar del territorio español por el que un migrante haya accedido desde el mar, se convierte en un asunto de Estado y, como tal, debe existir un protocolo transparente, objetivo y solidario que permita una distribución equitativa entre todas las autonomías. Existen otras políticas migratorias menos humanitarias y solidarias, pero España ha escogido una y con arreglo a la misma hay que tomar decisiones y actuar.

No obstante, las excepciones para que en el reparto deje fuera a Cataluña y el País Vasco echa por tierra el principio de solidaridad y cooperación entre todos los territorios que conforman el Estado. Más parece obedecer a una concesión política a los socios que sostienen al Gobierno de España.

De otra parte, el asunto de los incendios que están azotando varios territorios peninsulares pone de relieve la necesidad de revisar y actualizar el sistema autonómico. La democracia y la descentralización en favor de las autonomías ha permitido más de medio siglo de cambios y mejoras, que nos ha acercado a los países europeos más avanzados en cuanto a desarrollo y calidad de vida.

El acercamiento de la toma de decisiones a las comunidades autónomas, dentro de un país tan plural y diverso como España, ha resultado clave para disfrutar de un progreso espectacular en infraestructuras y servicios, en los diecisiete territorios descentralizados. Especialmente, en educación, sanidad, vivienda y servicios sociales.

Ahora bien, el pleno desarrollo del estado autonómico tiene que estar basado en el principio de confianza, cooperación y solidaridad. Y en materia de inmigración y políticas de lucha contra el fuego, los principios citados están haciendo aguas por todas partes y sembrando dudas sobre la eficacia de la descentralización en la toma de decisiones.

El enfrentamiento abierto entre populares y socialistas, en este mes de agosto, acerca del papel que tienen que jugar el Estado y las comunidades autónomas en la lucha contra el fuego y en el reparto de menores no acompañados resulta absolutamente irresponsable e intolerable.

Por encima del interés partidario y, por supuesto, de quién sea la fuerza gobernante en una determinada comunidad autónoma o en el Estado, la lealtad, la cooperación y la confianza han de prevalecer por encima de todo.

En el caso de los incendios, con miles de vecinos afectados, la escenificación de un trabajo conjunto entre las distintas administraciones generaría confianza. Si, además de la desgracia que supone la pérdida del patrimonio natural o familiar, lo que percibe el ciudadano es división y el socorrido echarse las culpas los unos a los otros, la desazón es aún mayor y la confianza en las Instituciones se resquebraja.

España es un estado plural y diverso. Perfeccionemos los mecanismos previstos en la Constitución para que la cooperación y la coordinación funcionen adecuadamente. No juguemos al politiqueo partidista, rompiendo los principios que garantizan la igualdad y la solidaridad entre los ciudadanos de todos los territorios del Estado. Perder la confianza en las Instituciones democráticas supone devolvernos a la España de hace cincuenta años.