Invitación al trabajo

La política expansiva autorizada por la Unión Europea y el apoyo determinado por todas las administraciones públicas a personas y empresas han resultado decisivos. Este respaldo generalizado al sector empresarial, que fue clave para la supervivencia de la mayoría de los negocios, favoreció la rápida recuperación de su capacidad productiva y el empleo.

Además, de la pandemia salimos con ganas de viajar y consumir. De pronto, mucha gente quiso hacer realidad aquella sentencia popular de «a vivir que son dos días». De ahí que nuestro principal motor económico, el turismo, atraviese un momento dulce desde entonces, igual que todos los subsectores vinculados. Hay actividad económica y empleo, pero, paradójicamente, no hay quien quiera trabajar.

Hoy en día, en cualquier punto del archipiélago, preguntarle a un autónomo o responsable de una micro, pequeña o gran empresa cómo le van las cosas, origina una misma respuesta: «Bien, pero no encuentro gente para trabajar». De modo que la renuncia voluntaria al empleo obliga a la contratación de mano de obra foránea o, como sucede en algunos casos, a la disminución de la capacidad productiva de las empresas.

Esa necesidad de recabar empleo fuera de las Islas agrava de manera considerable el insoportable crecimiento poblacional que venimos padeciendo, excepto en las Islas Verdes. Todo ello genera más necesidad de viviendas, más coches en las carreteras y más tensión sobre nuestros servicios esenciales, especialmente la sanidad y la educación.

Poco a poco, la renuncia voluntaria al trabajo nos está conduciendo hacia un modelo de sociedad subsidiada, que nada tiene que ver con la cultura europea, asemejándonos cada vez más a ciertos modelos económico-sociales de algunos países de América del Sur.

Sin duda, los gobiernos tienen que impulsar medidas que ayuden a proteger a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, garantizándoles unas condiciones de vida dignas, sin provocar fracturas y exclusiones sociales. Pero, del mismo modo, están obligados a incentivar el empleo, con decisiones dirigidas tanto a empresas como a trabajadores.

La peligrosa renuncia a la ocupación laboral que se viene dando puede guardar relación con el desequilibrio observado entre las medidas que invitan a quedarse en casa y las que motivan al trabajo. En la actualidad, resulta común escuchar la siguiente reflexión: «Cobro el paro, me acojo a algunas de las ayudas sociales de los gobiernos y administraciones locales y hago algún cáncamo que me pueda salir. Total, gano más quedándome en casa».

Entre las ayudas aludidas figuran los subsidios por cotizaciones insuficientes, por agotamiento con y sin cargas, por emigrantes retornados, por liberados de prisión, por violencia de género o sexual o para mayores de 52 años.

Existen además las ayudas de 570 y 480 euros, el seguro de cesantía, las ayudas de 1.000 y 1.200 euros, el ingreso mínimo vital, la pensión no contributiva, el subsidio por cotizaciones insuficientes o la renta activa de inserción.

A todas ellas se suman el subsidio por mayores de 45 años, el bono anual de 5.000 euros, el cheque-familia, la ayuda de la Seguridad Social de 1.000 euros por hijo, el bono social eléctrico, las bonificaciones al consumo de agua, la tasa de basura, el alquiler y el impuesto de rodaje, la ayuda a la vivienda, el bono para la comida, el cheque-bebé, la tarjeta monedero de la Cruz Roja, el ingreso mínimo vital autonómico, tras agotar el paro, los bonos alquiler joven y cultural joven, la ayuda de emergencia social y las concedidas por los ayuntamientos para atender necesidades sociales.

La economía marcha bien y existen oportunidades laborales, pero las condiciones ofrecidas no son suficientemente atractivas para el empleo local. ¿No sería conveniente impulsar medidas que inviten al trabajo?