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La respuesta fría y displicente dad por las comunidades autónomas al requerimiento del Gobierno de España para que informen sobre su capacidad de acogida a ... menores no acompañados, de acuerdo con el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo, apunta a que aún quedan muchos capítulos por escribir sobre este drama desgarrador..
Lamentablemente, las estrategias y el tacticismo político, igual que el egoísmo y la insolidaridad, acentúan ampliamente el drama humano y el problema social y económico que significa la atención a los menores no acompañados llegados por mar.
Aunque es evidente que la inmigración ha de ser una política de Estado, la realidad en nuestro país, hoy por hoy, la sitúa como el instrumento utilizado por unos y otros para desgastar políticamente al adversario. España carece de un plan integral de inmigración consensuado entre los partidos políticos, el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Los acuerdos puntuales que se van alcanzando responden más a las dádivas con las que el Gobierno de Sánchez compensa el apoyo puntual de sus socios parlamentarios que a un plan concreto desde una estrategia global.
La legislatura se va consumiendo desde el inmovilismo y la insolidaridad con Canarias con el que se manifiestan los populares de Feijóo y el Gobierno de Sánchez, obsesionado con la apertura de una grieta entre los socios de gobierno en las Islas, Coalición Canaria y el Partido Popular.
Por ahora, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez timonean con acierto la complicada gestión de mantener abierta la vía del diálogo con el Gobierno socialista en Madrid y no caer, al mismo tiempo, en los exabruptos y provocaciones de los dirigentes estatales del PP.
Domínguez está teniendo que moverse entre la lealtad y disciplina a su partido y el compromiso con la defensa de los intereses de Canarias. La papeleta resulta tan compleja como la del ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De éste hay que valorar buena parte de los avances logrados en torno a la atención a los menores no acompañados, gracias a su perseverancia. De ahí que su figura haya ido creciendo en el seno del Consejo de Ministros, lo cual es una buena noticia para las Islas.
A la espera de la convalidación del mencionado Real Decreto Ley y de las reacciones que se vayan produciendo en los gobiernos autonómicos, en cuanto a la asignación de menores que tienen que atender, la foto real muestra un drama humano que exige un amplio compromiso institucional para poder afrontarlo con dignidad.
Indudablemente, es necesario tener filtros que permitan que el número de menores no acompañados que acogemos responda a la capacidad que tengamos para atenderles con un mínimo de dignidad.
Pero la imagen ofrecida en los entornos donde se enclava la mayoría de los centros de acogida es francamente penosa. Impropia de lo que el Archipiélago representa. Grupos de decenas de jóvenes que deambulan sin rumbo, durante todo el día. De un lado para otro. Sin ninguna misión concreta. Ajenos a la formación, la educación, al trabajo comunitario o a las actividades lúdicas, culturales o deportivas.
Aunque no cabe duda de que nos hallamos ante un asunto complejo, no es menos cierta la necesidad de atención. Para propios y extraños, resulta muy poco edificante contemplar a todas estas personas caminar día a día, a cualquier hora, sin rumbo fijo. Centenares de jóvenes inmigrantes que transitan por los bordes de nuestras carreteras, ofreciendo una estampa que nos ancla al tercer mundo.
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