El debate sobre la tasa turística

Mientras tanto, el debate sobre su implantación en Canarias aparece y desaparece cada cierto tiempo, sin que hasta hoy se haya consensuado una propuesta respaldada mayoritariamente por partidos políticos y representantes de la sociedad civil.

Esta pasada semana, el Parlamento catalán ha alcanzado un acuerdo para el incremento sustancial de la tasa ya implantada, que hasta ahora ha supuesto unos ingresos aproximados de 100 millones de euros. La revisión al alza aprobada supondrá una recaudación en torno a los 200 millones de euros, de los que una parte importante se destinará a la política de vivienda.

Quizá sea este el momento de plantearnos, sin prejuicios de partida, una reflexión política, empresarial y social sobre la conveniencia de implantar una tasa similar en nuestro Archipiélago.

En primer lugar, porque ya rige en gran parte de Europa, sin que ello limite el volumen de visitantes. Del mismo modo que el sector turístico de Cataluña o Baleares no ha perdido competitividad con su implantación, tampoco ha producido un efecto negativo en países o ciudades como Grecia, Italia (Roma, Milán, Florencia, Venecia…), Austria (Viena), Bélgica (Bruselas, Amberes, Brujas…), Chequia (Praga), Hungría (Budapest), Francia (París) o Países Bajos (Amsterdam).

De otra parte, porque si de verdad estamos preocupados –deberíamos estarlo– por la masificación turística, con la afectación que supone para la calidad prestada en los servicios, convendría ir colocando filtros que ayuden a seleccionar calidad y cantidad en las llegadas.

Resulta así meridianamente claro que la tasa no ha operado nunca de modo negativo en la cifra de visitantes llegados a las ciudades y territorios donde se ha implantado. Además, en todo caso, puede operar de filtro en la apuesta por la calidad a la que aspiramos.

Por lo tanto, cuál es el motivo por el que renunciamos de antemano a los ingresos extra que puede generar el hospedaje en los alojamientos turísticos. Entiendo que, en todo caso, el debate debería centrarse en el destino de los recursos extraordinarios procedentes de las pernoctaciones, aunque lo coherente es que se dirigieran a la mejora de las condiciones competitivas del sector.

Canarias goza de unas propiedades magníficas para mantenerse como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. El clima, sus cielos, el mar, sus paisajes, los servicios y la seguridad sobresalen entre nuestras bazas. Ahora bien, tenemos que seguir mejorando las condiciones para que nuestra oferta gane en competitividad.

Una de las carencias más acusadas tiene que ver con la falta de mano de obra –cualificada y no cualificada–, con una escasez de profesionales con la competencia necesaria dentro del abanico profesional que demanda el turismo. Y esto obliga a la búsqueda de recursos humanos en el exterior, con el consiguiente incremento poblacional y su impacto en el movimiento de vehículos, los servicios públicos o la disponibilidad de vivienda.

De ahí que una parte de los ingresos por la implantación de la tasa debiera dedicarse a una formación de máximo nivel para quienes aspiran a ser profesionales del sector, junto a una recualificación masiva de los que ya disfrutan de empleo. Esto es, apostar por la excelencia en la formación como garantía para la competitividad futura.

Del mismo modo, otra parte de los ingresos podría dirigirse a la renovación de los espacios públicos obsoletos; el control de los vertidos; las energías renovables o, incluso, el apoyo a una política clara de vivienda en las zonas turísticas, para los trabajadores del sector.

Desde luego, no será por falta de apartados en los que invertir los recursos generados por la aplicación de esa tasa turística tan implantada en otros destinos con los que compite Canarias.