Cárceles en el Atlántico

El control de fronteras y la política migratoria es un asunto de Estado, pero España, en relación a Canarias, no controla ni lo uno ni lo otro. Resulta indignante el peloteo que socialistas y populares se traen entre sí, tanto en lo que se refiere a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería como al reparto de 4.500 menores no acompañados entre todos los territorios del Estado.

Unos y otros priorizan sus estrategias políticas a cualquier acuerdo que pueda conducir a la modificación de la norma citada. O que, mientras tanto, como medida transitoria, pueda llevarse a cabo, de manera inmediata, un reparto equitativo entre todas las autonomías para aliviar la situación dramática que se vive en algunas de nuestras Islas.

España, que blindó la llegada de cayucos y pateras por el Mediterráneo, ha dejado al Archipiélago absolutamente desprotegido. Siendo conscientes de la complejidad que comporta abordar el problema migratorio, sobre todo cuando se es frontera con una zona de pobreza y dificultades políticas extremas, la solución no pasa por mirar a otro lado. Requerimos un plan equilibrado, del que carece España, con medidas de cooperación, control en salidas, acciones disuasorias y atención, acogida, reparto e integración, si fuera el caso.

El Gobierno de Sánchez desactivó las patrulleras formadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad propios con sus homónimos de Mauritania, Senegal y Marruecos, que operaban en aguas de estos países y ayudaban a disuadir a las mafias en origen. La policía de fronteras de la Unión Europea también dejó de tener presencia en aguas del Atlántico, facilitando con ello el tráfico de personas atrapadas por las redes mafiosas y la atención, acogida, reparto e integración, cuando fuera preciso. De ahí que concluyamos en que la colaboración del Estado con Canarias pueda ser francamente mejorable.

Por su parte, el Gobierno de Canarias está haciendo un gran esfuerzo, desplegando una política con nuestros vecinos africanos, que, desde la cooperación, pueda comprometerles más con las Islas. El reciente viaje a Mauritania del presidente de nuestro Gobierno, junto a una amplia delegación del mundo empresarial y del conocimiento del Archipiélago, contribuirá, sin duda, a ese objetivo.

Desde un punto de vista estratégico, las acciones impulsadas por las autoridades isleñas para incrementar la confianza con los países de nuestro entorno, además de fortalecer las relaciones empresariales, sociales y políticas, resultan, más que necesarias, imprescindibles. Canarias está haciendo su trabajo, aun no teniendo competencias en materia migratoria, control de fronteras y dominio sobre las aguas que nos separan de la costa del continente africano.

A veces da la sensación de que los partidos de Estado españoles no son capaces de comprender la importancia estratégica que tienen las Islas. El motivo de que no nos entiendan puede ser que molestamos poco. De ahí que se imponga, para lograr el respeto debido, hacer un uso mayor de esa importancia estratégica como plataforma entre Europa, África y América.

Con todo, es lamentable el peloteo entre socialistas y populares en materia migratoria, anteponiendo sus estrategias a la toma de decisiones sobre la Ley de Extranjería y el reparto puntual de menores para atenderles con dignidad. A la vista de este comportamiento, aciertan quienes afirman que las autoridades españolas utilizan a las Islas como cárceles en el Atlántico.