El REF y los parlamentarios

Es clave que los partidos, y en especial el que atesora mayor número de diputados y senadores, estén vigilantes

Editorial -
EDITORIAL -

La reunión el pasado lunes en Madrid de Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez y Pedro Quevedo, con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se saldó con el compromiso por parte de la integrante del Gobierno de España de una modificación legislativa que garantice el 80% de diferencial fiscal favorable a las islas en los incentivos a las producciones audiovisuales. Se trata de una solución política a un conflicto que nace del evidente incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) y que anida en el desconocimiento que hoy pervive en muchas instancias ministeriales sobre el fuero canario.

En paralelo, el Parlamento de Canarias ha activado la vía para judicializar el asunto. A la luz de las diferentes interpretaciones en torno a la cobertura legal a día de hoy para reclamar ese 80% de diferencial fiscal, con la Abogacía del Estado del lado de la tesis inicial del Ministerio de Hacienda, es de desear que el compromiso político se haga realidad lo antes posible. Si hay que acudir a los tribunales porque así lo entiende la Cámara, nada habrá que objetar, pero si no se consigue un fallo favorable, se volverá de nuevo a la búsqueda de un acuerdo político.

Más allá de la importancia de contar con los estímulos precisos para que la actividad audiovisual siga eligiendo Canarias como plató, generando además un empleo cualificado y con sinergias importantes con el turismo, lo que subyace es la importancia de contar con mecanismos precisos, ágiles en la respuesta y con garantía de eficacia, ante otros posibles incumplimientos del REF. En ese sentido, es clave que los partidos con representación en las Cortes, y en especial el que atesora mayor número de diputados y senadores -el PSOE-, estén vigilantes. Una vigilancia de especial valor por cuanto han de hacerla en muchos casos sobre las decisiones de sus propios compañeros de partido, pero es que su obligación, una vez elegidos, es con Canarias. Están en las Cortes para defender los intereses de las islas, y eso incluye alertar a un ministro de la inviolabilidad del REF y, llegado el momento, votar en contra de la orden de partido para defender las singularidades de las islas. Lo que no se explica es que en Canarias diputados de ese partido se unan al resto en el Parlamento para denunciar las agresiones al REF y que en Madrid, en las dos cámaras donde se producen esos atropellos, estén en el bloque del incumplimiento.

Inmigración

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, puso en valor el pasado viernes, en su visita a Gran Canaria, los medios con que se cuenta ahora para la atención a los inmigrantes irregulares. Es evidente que ya hay infraestructuras estables con sobrada capacidad, como también es incuestionable que hay que mejorar las que se están utilizando en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Conviene tener presente, en todo caso, que esos campamentos se demoraron por la falta de coordinación entre los ministerios implicados, en especial entre las áreas de Defensa -titular de muchos de los terrenos-, Migraciones e Interior.

Resuelto ese capítulo de manera satisfactoria, hay que insistir en que la Unión Europea debe implicarse activamente en la búsqueda de soluciones en origen. El mejor control migratorio es aquel que garantiza un desarrollo económico y social en los países emisores, de manera que sus hombres y mujeres no sienten la necesidad de arriesgar sus vidas por un futuro mejor.

El cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores debe ser utilizado igualmente para priorizar las políticas que tengan ese desarrollo africano como una de las prioridades, una apuesta que se ha de mantener en el tiempo.