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No corren buenos tiempos para la popularidad de nuestra clase política. Si ya desde la época del PP y PSOE, con ese bipartidismo único que les permitía hacer y disponer a sus anchas de todo un país, estallaban escándalos de enorme magnitud, ahora que el embudo se ha girado a la inversa y caben muchos más, pues algunos han pensado que esto del poder les da legitimidad para hacer lo que les plazca.

Recientemente asistimos atónitos a la sentencia de los ERE de Andalucía, la mayor de nuestra historia en cuanto a penas en la que hay involucrado un partido político de forma indirecta, el PSOE, y cargos de enjundia de la formación progresista como los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves de manera directa. Fue un verdadero palo que condenó a aquellos que establecieron un sistema irregular cuyo punto de partida fue la modificación presupuestaria aprobada el 18 abril de 2000, que tuvo por objeto reducir la partida presupuestaria inicial «que era la adecuada para la concesión de subvenciones», para «dotar de fondos a otra que no existía en el presupuesto inicial aprobado, y que no era legalmente apropiada para su otorgamiento», en concreto, la partida 440.01, como así sostuvo el tribunal en la sentencia. Pero, ¿pasó algo? ¿Hubo dimisiones, disculpas o rebelión en las calles? Pues no... Es más, el partido involucrado seguía negociando en esas fechas como lo hace ahora, el continuar gobernando en nuestro país y limitándose únicamente a afirmar que «no es un caso del PSOE, sino de antiguos responsables públicos de la Junta», como así dijo en su día Ábalos.

Pero la degeneración de la clase política –o al menos una parte de ella– no acabó con esa sentencia. Ayer sin ir más lejos, solo hacía falta abrir cualquier cabecera nacional en internet para ver noticias como las denuncias en Podemos con acusaciones de acoso sexual y de irregularidades financieras en primarias y en consultas, que la Fiscalía pide investigar a Vox en Murcia por una posible estafa, que el marido de Susana Díaz cobró de dos subvenciones que el juez considera que desvió UGT-A o que el Constitucional ampara a Ciudadanos y reitera que Roger Torrent vulneró sus derechos fundamentales. Todo esto un día cualquiera, víspera de puente y que debería haber estado centrado solo en las negociciaciones por la gobernabilidad del país. Pues no, solo noticias que siguen generando desapego entre la sociedad y la clase política, esa misma que no se pone de acuerdo para poner en marcha España ya que solo piensan en sus intereses personales dejando a un lado ese simple detalle de que se trata de una cuestión de Estado. Es hora de que reflexionen y demuestren que están para servir y no para servirse. Es una gran oportunidad para ello.

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