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Ley canaria de la ciencia. Nuevo intento
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Ley canaria de la ciencia. Nuevo intento

Objetivamente es imposible (y seguramente indeseable) en una sociedad con la realidad social señalada por los indicadores referidos, competir por los recursos económicos presupuestarios desequilibradamente con otras necesidades sociales urgentes e inaplazables

Octavio Llinás

Expresidente de la Formación Innovamar

Sábado, 11 de mayo 2024, 20:33

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La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias Dña. Migdalia Martín, en el transcurso de una comparecencia en el Parlamento de Canarias planteó de forma comprensiva la posición del Gobierno, señalando que considera primordial el compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en Canarias, así como, facilitar la transferencia de conocimiento al sector productivo para poder impulsar la innovación en todos los ámbitos económicos y fomentar la riqueza.

Añadió un conjunto de informaciones sobre acciones de distinta naturaleza y objetivos, señalando como cifra de referencia el aumento en la dotación presupuestaria de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y la Sociedad de la Información ACIISI, de más del 30% en el presupuesto del 2024 respecto al 2023, señalando que esta apuesta por la Innovación se traducirá en la aprobación de la nueva Ley Canaria de la Ciencia que sustituirá a la Ley de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innovación de 9 de junio de 2001, indicando que: este Gobierno considera urgente renovar y modernizar este texto con casi 25 años de vida, para adaptar sus políticas a la realidad actual de un sector considerado fundamental para la diversificación económica y la creación de empleo de calidad. Asegurando que: el 'Pacto por la Ciencia e Innovación' seguirá siendo un marco fundamental para guiar este proceso y garantizar que la ciencia y la innovación contribuyan al desarrollo sostenible y el bienestar de Canarias.

Esta afirmación y la vigencia del 'Pacto por la Ciencia e Innovación' (creado y desarrollado por el Gobierno anterior), permite enlazar esta noticia con lo sucedido en este ámbito de la ciencia en la legislatura pasada.

No es sorprendente encontrar qué hace prácticamente cuatro años, el 11 de junio de 2020, la entonces consejera competente: Dña. Elena Máñez, responsable de la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo, en pleno contexto pandémico del CV19, como parte de la estrategia para salir de la profunda crisis asociada y con criterios similares a los que se usan para la propuesta actual, anunció que tendríamos una nueva Ley de Ciencia e Innovación que obviamente no la hubo, por lo que su necesidad se mantiene (acrecentada cuatro años).

En ambos casos se comparte un enfoque frecuente entre los responsables políticos y sus equipos de estrategia (que no por frecuente es menos erróneo), como es relacionar de forma directa la situación del sistema de I+D+i (en este caso autonómico), con la calidad del marco legal que le da soporte. Es obvio que cuanto mejor sea el marco legal de referencia mejor se va a poder gestionar, aunque lo que es realmente determinante para el desarrollo y fomento de esta actividad son los presupuestos asignados y el disponer de una estrategia bien definida, adaptada a cada contexto socioeconómico, características, capacidades estructurales y personales.

La certeza absoluta es que: la Ley Canaria de la Ciencia del 2001 se hizo prácticamente por los mismos motivos y necesidades que las propuestas para el 2020 y esta última del 2024, la realidad objetiva señala que antes y después de la Ley del 2001 y hasta la actualidad, el Sistema de Ciencia Tecnología y de Innovación canario viene ocupando permanentemente una posición fija entre las comunidades españolas con peores datos indicadores de I+D+i.

Dado qué España en su conjunto está en el Espacio Europeo en situación de datos de referencia objetivamente bajos, la consecuencia es que la realidad de Canarias se puede definir en valor absoluto como muy mala, lo que no deja de ser coherente (muy probablemente siendo parte y consecuencia) de la situación de la comunidad canaria en sus índices generales de referencia, particularmente los de pobreza y riesgo de exclusión social más altos y de renta per cápita de las más bajas del país.

Es obvio que la situación ha sido mala antes y después de la Ley de 2001 y que muy probablemente el cambio legislativo no va a poder resolver esta situación, respecto de la cual hay coincidencia total en los análisis de sus causas objetivas, así como en qué la disponibilidad de un sistema de I+D+i más próximo a los estándares europeos sería una herramienta útil para impulsar el bienestar social en Canarias.

El problema no es fácil de resolver ni se puede abordar tratando de imitar soluciones estandarizadas. El primer pilar sobre el que intentar impulsar el sistema se basa en añadir más recursos qué tienen que estar incluidos en los presupuestos públicos, ya que tienen que servir: para dinamizar el propio sector público; incentivar el sector privado; alcanzando directamente a las universidades para formación y desarrollo de la I+D+i (núcleo central del Sistema en Canarias) y para el resto de las entidades públicas implicadas.

Objetivamente es imposible (y seguramente indeseable) en una sociedad con la realidad social señalada por los indicadores referidos, competir por los recursos económicos presupuestarios desequilibradamente con otras necesidades sociales urgentes e inaplazables.

En esta situación, la única vía posible se tiene que desarrollar mediante la priorización muy cuidadosa de la asignación de recursos escasos qué: permitan potenciar al máximo los campos, áreas y materias de I+D+i más alineadas a la realidad y necesidades de la Comunidad Autónoma; la eficiencia objetiva en cada caso y la dinamización de la I+D+i privada, sin la cual es imposible la eficacia, debiendo contribuir a la competencia y atracción de recursos exteriores desde el resto del Estado y la Unión Europea.

Se ha de asumir que esta aproximación implica que habrá 'desequilibrios evidentes' entre las áreas científico-técnicas y de aplicación que estarán (muy) diferentemente atendidas, generando tensiones, críticas y exigencia de responsabilidades sobre los decisores. Lo que es sin duda difícil, por cuanto se sabe inicialmente que no se acertará en todas las elecciones y el éxito se medirá en la medida en que el porcentaje de estos aciertos sea alto y justificativos del conjunto.

Para el desarrollo integral eficiente del Sistema canario de ciencia, tecnología e innovación se requieren claros, cualificados y fuertes acuerdos entre los responsables, impulsores y los propios agentes del sistema.

Respecto a acuerdos de este tipo (que son igualmente necesarios en otros ámbitos), la sociedad canaria tiene poca cultura y experiencia que pueda servir de referencia en la que basarse para alcanzarlos (quizás por la propia naturaleza de la ciencia, los que se pudieran alcanzar en esta área podrían ser ejemplos extensibles).

La realidad histórica es la aplicación de una metodología ampliamente conocida y utilizada (con un nivel de ineficacia absolutamente contrastado), basado en el principio de: «café para todos» y como el café es poco, no da para alcanzar los niveles razonables comparables a los estándares que son necesarios y que es el origen y la base de la lamentable situación del Sistema de I+D+i canario.

El reto no es fácil, la nueva Ley de la Ciencia evidentemente necesaria, debería ayudar a avanzar en esta dirección y más aún, ser la base para hacer posibles acuerdos más amplios que los conseguidos habitualmente por mayorías parlamentarias coyunturales. Estos acuerdos son los que diferencian a los sistemas, regiones y países estables, capaces de avanzar de forma eficiente y segura.

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