Modelo para armar

Con la legalidad vigente, la reforma exige el voto favorable de dos tercios de la Cámara canaria. Es decir, de 40 de los 60 diputados y diputadas. Dado que ASG y CC disponen conjuntamente de 21 pueden perfectamente impedir el cambio, aunque este sea defendido por la mayoría de los escaños de formaciones políticas, PSOE, PP, Podemos y NC, que conjuntamente representan a muchos más ciudadanos y ciudadanas (casi 580.000) que CC-ASG (172.000).

Es más, esta vez Coalición Canaria no puede bloquear la reforma por sí sola, dado que no llega a 20 actas, fruto del importante retroceso electoral que sufrió en las elecciones autonómicas de 2015. Son, por tanto, esenciales los tres votos de la ASG de Casimiro Curbelo, conseguidos, no hay que olvidarlo, con 5.000 papeletas.

Si esto fuera así, lo del bloqueo de los 21, y parece que ASG y CC lo han confirmado suficientemente estos días, considero que estaría perfectamente legitimado realizar la modificación en las Cortes. Y sería una formación nacionalista, CC, la que impediría, por cabezonería, rigidez, escasa altitud de miras y falta de generosidad, que se hiciera en Canarias. Las otras formaciones políticas, todas, han renunciado a los modelos de partida que planteaban, a las diferenciaciones y matices, en busca del consenso posible; lo que, por cierto, no suele ser muy habitual.

poblacional. Aunque, por supuesto, hay gente que se siente insatisfecha con la propuesta de nuevo modelo electoral al entender que es muy moderado y que habría que dar más peso aún al aspecto poblacional. Lo comparto en el plano teórico y, también, en el de los deseos.

Pero piensen que si un modelo en el que no se le quita ni un escaño a las islas no capitalinas y menos pobladas (al contrario, se plantea el incremento de uno para Fuerteventura, para corregir la actual situación: dispone de mucha más población que La Palma y tiene un escaño menos) genera fuertes resistencias inmovilistas, imagínense que pasaría si se propusiera alguno de los modelos expuestos en la Comisión que deja en dos o tres los escaños insulares e introduce una lista archipelágica de 30 o 40 diputados y diputadas.

Barreras y proporcionalidad son los dos ejes del cambio. El primer asunto, el de la bajada de las barreras, especialmente si se hace al 3%, tendría dos beneficios inmediatos: mayor pluralidad (aplicándolo a 2015 estarían en la Cámara tanto Ciudadanos como Unidos) y evitar ese elevado número de votos que se va directamente a la papelera: de los 145.000 que no se convirtieron en representación se salvarían más de 85.000 en ese hipotético caso.

Y en el asunto de la proporcionalidad ocurre otro tanto. El valor del voto de un herreño es 17 veces superior al de un tinerfeño; y el de un habitante de La Gomera multiplica por 10,6 el de un ciudadano o ciudadana de Gran Canaria. No estoy planteando alcanzar la paridad, sí mejorar la proporcionalidad.

desproporción. Resulta curioso que tras las elecciones catalanas muchos se escandalizaran por el diferente valor del voto entre Lleida y Barcelona que es ¡del 2,25!. En el País Vasco la mayor desproporción se da entre Álava y Vizcaya, y es del 3,5. En Baleares -Mallorca (33 escaños), Menorca (13), Ibiza (12) y Formentera (1)- el mayor ‘agravio’ se produce entre Formentera y Mallorca y es del 2,06. En Canarias la más baja, la más proporcional, es la que se produce entre Lanzarote y Gran Canaria (3,12).

Quitando claro está la desproporción pequeña y razonable entre Gran Canaria y Tenerife que es del 1,07.

De aplicarse el nuevo modelo se reduciría en 3,6 puntos la desproporción más abultada, la que se produce entre El Hierro y Tenerife, pasando del 16,9 al 13,3, es decir una reducción del 21,30%; y bajaría del 10,6 a 7,9 la existente entre La Gomera y Gran Canaria (25,47%). Sin ser ideales, suponen un avance.

Se trata, por tanto de una moderada reforma que mejora la proporcionalidad. Aunque aún estamos muy lejos de los datos de las otras comunidades, lo que tiene su lógica por el hecho insular. Pero no en los niveles en que se presenta en Canarias. Una proporcionalidad mayor exigiría ir a 75 o más escaños, dirigiendo toda la ampliación a Tenerife y Gran Canaria; o bien reducir en dos o tres escaños a cada una de las islas menos pobladas. Algo que, igual, aceptaría el presidente Clavijo, que señala que dos escaños más o menos para las islas capitalinas “no mejora la representatividad” de su ciudadanía; supongo que el razonamiento será aplicable también en el otro caso.

Lo más curioso (o lo más tenebroso, según se mire) es escuchar a algunos quejarse por la ampliación de diez diputados (de 60 a 70) del nuevo modelo. Sobre todo porque no se les oyó plantear lo mismo cuando en la aprobación de la reforma estatutaria de CC y PSOE se incluyó la propuesta de ampliación de diez escaños (de 60 a 70) sobre la base de una nueva lista archipelágica que, por cierto, influiría mucho menos, casi nada, en el incremento de la proporcionalidad. ¡Ay, la memoria!

Y es que, en el fondo, no están en contra de la ampliación de escaños, aunque lo parezca o lo quieran aparentar. Están a favor del inmovilismo. Y, asimismo, de intereses que no son, en ningún caso, los generales.

Enrique Bethencourt