El caso Mediador y la responsabilidad política

A la gravedad de esos hechos se añade que la propia jueza ya ha anunciado que hay más piezas separadas y que sobre una de ellas pesa el secreto. En diciembre del pasado año, Asuntos Internos de la Guardia Civil ya advirtió de la existencia de «otros actores» en la trama delictiva, incluyendo nombres que va más allá de la Consejería de Agricultura.

La documentación encontrada en uno de los empresarios en los registros efectuados el pasado mes de febrero corrobora que al menos una de las empresas tenía como objetivo acceder a contrataciones en tres consejerías del Gobierno: Agricultura, Sanidad y Presidencia. El desembolso por esa mediación a tres bandas es cifrado por los investigadores en torno a los 46.000 euros.

La reacción del Gobierno canario y del PSOE de las islas transita hasta el momento entre la sensación de no calibrar la gravedad de lo que se va sabiendo y el aparente deseo de no querer saber más. Vale que no se puede dar por bueno todo lo que ahora cuenta a los cuatro vientos el mediador y que la carga de la prueba no ha de recaer en la persona señalada, pero por eso mismo hay que ceñirse a lo que está en los informes de los investigadores y en los autos judiciales.

Lo que toca, por tanto, es depurar responsabilidades. Y mejor hoy que mañana. Las de ámbito penal, si las hubiera, le corresponden por supuesto a la Justicia, pero las de índole político no se pueden pasar por alto. Nos referimos, de entrada, al hecho de haber convertido la Dirección General de Ganadería en una especie de finca particular de un sector del PSOE majorero, donde los cargos pasaban de tío a sobrino y donde estos contaban con una especie de 'ayudante de campo' con unos antecedentes penales que eran conocidos precisamente por quienes le dieron de nuevo patente de corso como mediador. La versión oficial señala que cuando en junio del pasado año Taishet Fuentes fue relevado de su cargo, el Gobierno lo hizo convencido de que era preciso un giro en la gestión porque el sector se encontraba en un grave aprieto y no se daba la respuesta política precisa. De manera que si Taishet Fuentes, pese al descontrol de su vida privada, hubiese encontrado tiempo para atender a los ganaderos, hoy seguiría en su despacho, con Marco Antonio Navarro a su lado y nadie queriendo saber qué hacían el uno y el otro.

El Gobierno y el PSOE no pueden quedarse esperando a ver qué le piden del juzgado, sino que deben revisar sus protocolos de actuación para explicarnos cómo fue posible llegar hasta ahí. Y lo mismo cabe decir del grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife, que sigue sin dar explicaciones sobre el cese del que fuera director de Deportes, o del grupo parlamentario socialista en el Congreso, que confió trabajos de tanta importancia como la revisión de la legislación en materia de lucha contra el fraude a un diputado que, en su vertiente pública, se ha librado de la cárcel por una extraña decisión de la Fiscalía, y en lo privado ha dejado sobradas pruebas de que no merecía la confianza de quienes lo pusieron en las listas.

Cada día que pasa sin dar un caso al frente, el daño es mayor para el Gobierno -el canario y el central- y para el PSOE.