Caso Mascarillas: el Gobierno canario hace lo correcto

Cuando están en juego recursos públicos, la diligencia es una exigencia inexcusable. Sean cuales sean las responsabilidades, si las hubiere, a depurar

Editorial
EDITORIAL Las Palmas de Gran Canaria

Tras acreditar la Agencia Tributaria más de una docena de intentos infructuosos por recuperar el dinero entregado por el Servicio Canario de Salud -4 millones de euros, más unos 800.000 euros en intereses de demora- a la empresa RR7 por unas mascarillas que nunca fueron entregadas, la Consejería de Sanidad del Gobierno regional puso los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias el pasado 18 de abril sobre el llamado caso Mascarillas y también hay diligencias abiertas en el Tribunal de Cuentas estatal tras recibir el preinforme de la Audiencia de Cuentas que aprecia indicios de responsabilidad contable.

Si tenemos en cuenta que los 4 millones de euros fueron pagados en 2020 y que en 2021 el Servicio Canario de Salud recurrió a la Agencia Tributaria ante la evidencia de que no había mascarillas y no se ha reintegrado el dinero, es evidente que Sanidad estaba obligada a poner los hechos en manos del Ministerio Fiscal.

Desde que el pasado 12 de mayo este periódico desvelase el caso, con el añadido de comisiones a intermediarios y una denuncia de RR7 ante la Policía Nacional al considerarse estafada, estaba claro que la vía administrativa no era suficiente. El martes, el propio vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ya dejaba entrever que el Gobierno daba un paso al frente. En ese sentido, lo anunciado por el consejero Julio Pérez el jueves, tras el Consejo de Gobierno, va en la línea correcta, pues el Ejecutivo acude a la Fiscalía 'motu proprio' y no se queda esperando a una citación formal de quienes participaron en el expediente de contratación.

Respecto al preinforme de la Audiencia de Cuentas, Sanidad está preparando las alegaciones, al considerar que hay en esa primera valoración detalles que no se ajustan del todo a la realidad.

Habrá que esperar ahora a que concluyan las diligencias en marcha, tanto en Anticorrupción como en el Tribunal de Cuentas. Confiamos en que las mismas aclaren si hay responsabilidades, de qué tipo y con qué nombres y apellidos, tanto en la esfera de la empresa que recibió los 4 millones y no entregó el pedido, como de quienes, en un momento sanitario crítico, consideraron que la mejor opción para conseguir un millón de mascarillas, era una sociedad dedicada a la compra y venta de vehículos y sin documentos que acreditasen una mínima solvencia económica.

Cuando están en juego recursos públicos, la diligencia es una exigencia inexcusable. Sean cuales sean las responsabilidades, si las hubiere, a depurar. El Gobierno, por tanto, ha hecho lo debido.