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Parece que se han alineado los astros para cuestionar y poner en entredicho al mundo judicial. Dicen que cuando tiene que pasar algo malo, ocurre todo junto y en esta ocasión, el entorno de la judicatura y fiscalía está en el punto de mira. Y eso es algo muy grave, porque se puede cuestionar y discrepar del poder ejecutivo o legislativo, pero cuando ya se ponen en cuarentena a los que tienen que juzgarnos, la situación se complica sobremanera.

En clave internacional, hemos visto como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha considerado que los magistrados de la Audiencia Nacional que condenaron a Arnaldo Otegi como miembro de una organización terrorista, estaban bajo sospecha de parcialidad. En resumidas cuentas: Otegi fue condenado por terrorismo en un juicio que no fue justo, según Estrasburgo. Un terrorista ha ganado la batalla al aparato judicial del Estado, algo penoso y que debe de servir de profunda reflexión.

También hemos asistido a la indignación de un país que ha visto como, en 20 días, el Supremo falló primero que los bancos tenían que pagar el impuesto de las hipotecas, para luego, desdecirse y que todo tenía que seguir como estaba, es decir, con los ciudadanos rascándose los bolsillos. Una resolución que ha dejado al descubierto un Tribunal Supremo totalmente dividido con 15 magistrados que votaron por volver a la situación anterior y 13 que querían ratificar lo decidido el 18 de octubre. Lo peor de todo es la imagen que se ha transmitido a la sociedad de politización del Alto Tribunal, plegado al poder de los bancos y con un ganador, que no ha sido otro que Pedro Sánchez. Audaz como nadie, ha aprovechado la marejada para dar un golpe de efecto en clave electoral aprobando un decreto ley con el que modificará la norma para que «nunca más» tengan que pagar los impuestos los consumidores, sino que sean los bancos.

Y ya si le ponemos acento canario a esta cuestión, está el caso Grúas y la polémica instalada en el TSJC y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por una parte, Clavijo lanzando órdagos al Ministerio Público para que informe si va a estar o no investigado, por otro el Tribunal lanzando la piedra en el tejado de Vicente Garrido y, mientras, las asociaciones de jueces y fiscales indignados de que el presidente canario solo se queje de lentitud de la justicia cuando le afecta a él en primera persona.

Quejas, protestas, dudas y sospechas de que no hay juego limpio. El peor escenario para un mundo judicial que no está atravesando su mejor momento.

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