La anulación del catálogo de vestigios franquistas, por parte del Gobierno de Canarias, es paradigmático de cómo funciona la política cuando esta se entiende como ... un ejercicio del poder por el poder.
La anulación del documento, aprobado durante el mandato de Ángel Víctor Torres, se hace a instancias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuyo alcalde, José Manuel Bermúdez, ha venido desarrollando una calculada política de prestidigitación respecto del adefesio de Juan de Ábalos en la avenida de Anaga.
Por un lado, el alcalde santacrucero ha venido señalando que no se siente comprometido con el monumento que glorifica el golpe de Estado de Franco y que, si de él dependiera, lo hacía desaparecer. Pero, por otro lado, se ha tomado como cuestión personal que el engendro se mantenga, poniendo cada día una excusa distinta para asegurar que se quede en el mismo sitio. En esto, al menos, Bermúdez es Coalición Canaria en estado puro.
Sin embargo, un aspecto importante del asunto es el hecho mismo de que Bermúdez se haya salido una vez más con la suya, lo que viene a demostrar que, cuando se tiene poder, las cosas se acaban consiguiendo.
Haríamos bien los demás en tomar buena nota de cómo funcionan las cosas por estos lares: está bien tener razón, pero es mejor tener razón y poder. Se trata de una enseñanza de la que se beneficiarían feministas, ecologistas y movimientos contrarios al desarrollismo salvaje, movimientos que, teniendo ya la razón de su parte, se conforman en no pocas ocasiones con eso. Y, en Canarias, como nos demuestra Bermúdez y Clavijo, la razón ni cotiza.
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