Por siete votos

Pero ejemplo tan reciente, tan escandaloso, tan cochambroso, como estafar a todo un país, con la patraña de la amnistía de los golpistas catalanes no tiene parangón. Insultan a nuestra inteligencia cuando fundamentan tamaña vulneración del derecho más elemental, por consideraciones de convivencia, de paz social y otras sandeces en boca de estos elementos. La burrada de la amnistía es el tributo, el nuevo diezmo a pagar, a los insaciables de la secta de Puigdemont, para que su Sanchidad continúe disfrutando de su despótico poder. Siete escaños, siete votos, cuya proporcionalidad a nivel nacional incrementan la vergüenza por una transacción tan abyecta como abusiva. Vendieron nuestro presente por siete escaños, hipotecaron nuestro futuro por siete patéticos votos.

Hablemos claro: la Constitución del 78 no es ninguna maravilla. Fruto de una época de cambio, podemos justificar muchas de sus múltiples carencias. Pero desde el primer momento te percatas de que la constitución del 78 está instrumentada para sustentar el poder de los partidos políticos, y su voracidad. Empresas disfrazadas de política que con casi idénticos programas han monopolizado el poder en España, con una progresiva y ascendente desconexión de la ciudadanía. Nuestra Carta Magna ha sido ensalzada, hasta hace 10 minutos, porque ha dado base jurídica a la estafa del sistema de partidos. Medio siglo repartiéndose el poder, mientras bajaban el nivel intelectual de sus protagonistas, y aumentaba el número de damnificados.

La Constitución es, y ha sido como la monarquía. Los políticos la han ensalzado mientras les atribuía soporte institucional, mientras les aportaba base histórica. Ahora que les resulta un estamento amortizado, ya le retiran legitimidad, aunque se ponga el rosco multicolor en la solapa.

Su Sanchidad y colaboradores, continúan sorprendiéndonos día tras día. Lo dejó claro cuando tras perder las últimas elecciones, arrebató el poder con jugadas de auténtico tahúr, apuntando maneras que anunciaban estaba dispuesto a consumar el mayor crimen social y político que un gobernante puede perpetrar: enfrentar a los ciudadanos con un discurso que revive atávicos conflictos, y diseña y multiplica afrentas que nunca se sufrieron. Los déspotas necesitan la división de la nación, atomizarnos como meros administrados y consumidores. Por eso generan relatos donde larvan el odio y la envidia, para poder camuflar su incapacidad e indecencia.

La última paranoia en este salto al vacío de las instituciones hacia el abismo moral y político, la ha protagonizado el Tribunal Constitucional con una auténtica tomadura de pelo sobre la Ley de Amnistía. Hay que tener mucho descaro para defender este insulto a la inteligencia, moldeado en Moncloa y fundido en Waterloo. Un absurdo legislativo redactado por sus propios beneficiarios, en complicidad con un sedicente socialista hoy encarcelado, acusado de corrupción y elogiado hace solo unos días públicamente por nuestro Gran Timonel, su vicepresidenta y número dos del partido, y el resto del elenco de los que han convertido el hemiciclo en una verbena.

Desde el primer momento, la Ley de Amnistía fue abominada por la mayoría de expertos en derecho constitucional, catedráticos y especialistas de reconocida solvencia, dejaban rotundamente claro que es una ley anticonstitucional. También es verdad, que las resoluciones del Constitucional tienen eficacia, si el Gobierno desea que la tengan. Tras la plandemia, el Tribunal Constitucional consideró ilegales los encierros, el ilegal estado de sitio, y el secuestro parlamentario durante meses, pero eso no le inquietó a nadie.

Pese a la opinión de tantos expertos, pese a una colosal hemeroteca, donde nos quedamos boquiabiertos al ver a todos estos afirmando todo lo contrario de lo que ahora aprueban, se han salido con la suya. Como siempre. Porque no tienen ni vergüenza, ni escrúpulos, y en estos tiempos eso es garantía de éxito. Todo lo expuesto no ha inquietado lo más mínimo a los redactores de la resolución aprobada. Y Conde-Pumpido, su presidente, siquiera se ha currado un mínimo consenso, algo que hubiera permitido cuando menos ofrecer una imagen de profesionalidad e independencia a la hora de regalarnos este esperpento jurídico.

«La mayoría de los guardianes de nuestra Ley de Leyes consideran normal que la amnistía haya sido redactada por sus beneficiarios». ¡Madre mía! ¡Pues vaya normalidad! Te doy mis siete votos para que sigas exprimiendo el país, tu país, que yo soy de la República de Palafrugell, y tú borras todos mis crímenes. Y todo tras un largo proceso judicial que gozó de todas las garantías jurídicas, sin fisuras. La motivación del fallo sobre la amnistía se basa en que las intenciones del legislador, su estrategia política, no constituye objeto del control del Tribunal pues «una cosa es el fin de la ley y otra la intención última de sus autores». Pero es que no solo dieron un golpe de estado, no solo reventaron nuestro ordenamiento, es que como es costumbre se pusieron las botas mediante acuerdos de urgencia, comisiones y redes clientelares. Y a estos doctores del Sanedrín, todo esto les parece normal.

Si como colofón, como chiste final, te escupen que la norma en cuestión «trata de contribuir a la reconciliación y la normalidad y rebajar la tensión política existente en Cataluña» argumento imposible de comprender y que, en cualquier caso, es inservible para unos juristas que presumen de emitir resoluciones sobre las leyes aprobadas y no sobre la finalidad política de las mismas. Una verdadera vergüenza, y solo por siete votos.

Si estuviéramos sentados en un partido de fútbol, me atrevería a asegurar que estamos en los minutos basura de una legislatura que nació muerta, fruto de un vil mercadeo y a la que solo le queda elegir epitafio.