Las ventajas fiscales de invertir en Canarias

En este nuevo capítulo de mi Rendición de Cuentas, me referiré a otro logro que considero de gran importancia durante mi etapa política como Diputado a Cortes por la provincia de Las Palmas (cargo que ocupé en cuatro legislaturas, entre 1977 y 1989). De nuevo, pido disculpas si mi relato puede sonar presuntuoso o autocomplaciente, pero considero necesario contar las cosas tal y como sucedieron, especialmente en un contexto en el que no siempre se reconoce el mérito ajeno.

En el capítulo anterior hablé de la compensación al transporte de mercancías, en la que tuve un papel destacado debido a mi cargo como Subsecretario de Presupuesto y Gasto Público del Ministerio de Hacienda. En esta ocasión, me centraré en otro logro que, aunque no me corresponde en exclusiva, sí fue parte de mi labor: el mantenimiento de una ventaja fiscal para las inversiones en Canarias, que ha perdurado hasta hoy a través de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

Para comprender la importancia de esta medida, es necesario remontarse a la etapa predemocrática, concretamente a la ley franquista de 1972 sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. En esta norma —en la que, para ser justos, cabe destacar el papel fundamental del entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Pulido Castro— se estableció una regla muy beneficiosa para incentivar las inversiones industriales en el archipiélago. Se había creado el Fondo de Previsión para Inversiones (FPI), que permitía a empresas y particulares deducir hasta el 50% de las bases tributarias del Impuesto de Sociedades por inversiones destinadas a mejorar la industria en toda España. Sin embargo, para Canarias, esta deducción se amplió en este Ley del 72 hasta el 90%, siempre que se cumplieran ciertos requisitos legales.

La razón de esta ampliación era evidente: la escasa actividad industrial en las islas, debido a su lejanía, la fragmentación de los mercados, la falta de materias primas (como en el caso de la minería), los sobrecostes del transporte y otros factores que hacían —y aún hacen— que la actividad industrial en Canarias sea limitada y, en muchos casos, casi heroica.

No obstante, esta ventaja fiscal tenía un problema: fue otorgada con carácter temporal, por un plazo de 10 años, que concluiría el 31 de diciembre de 1982 si no se prorrogaba. Durante esa década, el FPI impulsó significativamente sectores industriales clave en Canarias, como la alimentación, la construcción y el transporte.

Aquí es donde entró mi labor. Desde casi el inicio de mi vida parlamentaria, mantuve reuniones periódicas (de facto mensuales) con un grupo de industriales de Gran Canaria, que llegaron a autodenominarse el Grupo Bravo. Muchos de ellos ya han fallecido, pero solo con mencionar sus nombres y las empresas que dirigían, se puede apreciar su relevancia: Lizardo Martell (Ahemón), Antonio Vega (La Tropical), Delfín Suárez (Kalise), Gabriel Mejías y luego su hermano Andrés (La Isleña), José Sánchez (JSP), José Naranjo (Haricana), Domingo González (Agua de Firgas), Antonio Saavedra (Cartonera Canaria), Juan Selga y más tarde su hijo Jaime (Macresa), Carlos Caballero (Tirma), José Rodríguez Corvo (Racsa) y José Méndez (Ron Arehucas).

Todos ellos me pidieron que les ayudara a nivel parlamentario para prorrogar esta ventaja fiscal, que era esencial para mantener su actividad industrial. La caducidad del FPI, prevista para el 1 de enero de 1983, representaba una amenaza grave para el sector.

En este punto, de la ventaja para Canarias de ese diferencial fiscal es necesario mencionar a otro personaje clave, al que ya me referí en el capítulo anterior: José Borrell, un destacado político socialista. Borrell me sucedió como Subsecretario de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, siendo Ministro de Hacienda Miguel Boyer (y más tarde de Carlos Solchaga), tras el triunfo arrollador del PSOE en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, en las que obtuvieron 202 diputados. Aunque no compartía su ideología —de hecho, presenté enmiendas de totalidad año tras año a los presupuestos generales y participé en debates muy intensos, como el de la expropiación de Rumasa—, debo reconocer que Borrell y el gobierno socialista actuaron de manera ejemplar al prorrogar esta ventaja fiscal para Canarias.

A finales de 1982, fui elegido vicepresidente IV del Congreso de los Diputados, un cargo que asumí con orgullo, aunque seguí participando activamente en los debates económicos y presupuestarios. Expliqué a Borrell el enorme interés de los industriales canarios por mantener el diferencial del FPI (del 50% al 90% para las inversiones en las islas), y él lo entendió. Pactamos que yo presentaría anualmente una enmienda para prorrogar esta medida por un año, y el grupo socialista la aceptaría, como así hicieron, año tras año.

Quiero concluir destacando la enorme importancia de que esta prórroga se llevara a cabo. No solo por la ventaja fiscal en sí, sino porque sentó un precedente crucial que permitió que, hoy en día, Canarias siga contando con una medida similar: la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). Cuando España negoció su entrada en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, esta medida fue aceptada por tratarse de una norma 'preexistente'. Este aspecto es vital, ya que Europa solo reconoce ventajas fiscales en territorios si estas ya estaban vigentes antes de su incorporación.

Gracias a ello, Canarias mantiene en su actual Régimen Económico y Fiscal una ventaja diferencial para las inversiones industriales, que permite deducciones de hasta el 90%, aunque no ya en la base tributaria, sino en la cuota del Impuesto de Sociedades, siempre que se cumplan ciertos requisitos para mejorar la productividad industrial.

Este logro, que hoy beneficia a las islas, es fruto de un esfuerzo colectivo en el que tuve el honor de participar, creo, sin petulancia alguna, de manera decisiva.

Y, como siempre, queda mucho por hacer para seguir impulsando el desarrollo económico de Canarias.