La UCD canaria, clave para las islas en la Constitución

Este logro, por supuesto, no habría sido posible sin el apoyo del pueblo español y el liderazgo de figuras decisivas como Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, Santiago Carrillo y otros. No obstante, el camino estuvo lleno de dificultades —el terrorismo de ETA, el intento de golpe de Estado del 23-F— y de errores, entre ellos la propia inmadurez de la UCD, que la condujo a su rápida desaparición tras la debacle electoral de 1982. Aun así, su razón de ser se había cumplido: evitar el choque entre inmovilistas y rupturistas, apostando por una profunda reforma democrática.

¿Qué ocurrió entre 1977 y 1982?

Lo primero que quiero destacar es que la UCD en Canarias arrasó electoralmente, sobre todo en la provincia de Las Palmas, y en particular en las elecciones constituyentes del 15 de junio de 1977. Este triunfo permitió una serie de logros que intentaré resumir aquí. Sin embargo, también se cometieron errores graves, que contribuyeron al desplome del partido en 1982, siguiendo la misma suerte que el conjunto de la UCD.

Fui uno de los pocos que logramos conservar un escaño en las elecciones del 28 de octubre de 1982, cuando pasamos de 167 a solo 12 diputados en el Congreso. Recuerdo que, a comienzos de 1983, Pío Cabanillas me comentó, en una conversación que tuvimos en una de mis salida de la Mesa del Congreso para intervenir como Diputado (donde yo era vicepresidente cuarto): «En nuestras provincias» —él en Orense, yo en Las Palmas, Mardones en Santa Cruz de Tenerife, Gabriel Cisneros en Soria— «no se habían enterado de la debacle de la UCD… Si la campaña hubiera durado una semana más, no salimos ni nosotros». Una frase que mezclaba realismo y sarcasmo galaico.

El dominio de UCD en Canarias

En 1977, se eligieron en la provincia de Las Palmas seis diputados de los 350 del Congreso, y en Santa Cruz de Tenerife, siete (hoy son ocho y siete debido al crecimiento poblacional de Lanzarote y Fuerteventura). Pues bien, en Las Palmas, la UCD obtuvo cinco de los seis escaños; el único diputado fuera del partido fue Jerónimo Saavedra. En Santa Cruz, logramos cinco de los siete.

En esta especie de memoria de aquellos años, considero un deber recordar a quienes fueron excelentes parlamentarios y compañeros, más allá de nuestras diferencias en temas específicos. En Las Palmas, encabezando la lista, tuve el honor de contar con Fernando Bergasa, César Llorens, Nicolás Díaz-Saavedra y Rafael Martín Hernández.

Un caso especialmente singular, sin precedentes en España, ocurrió con el Senado: en Gran Canaria, conseguimos los tres escaños con Diego Cambreleng, Fernando Giménez y Gregorio Toledo. Fue una apuesta arriesgada presentar tres candidatos cuando en nuestra isla solo se pueden votar dos nombres como máximo (en las provincias españolas donde se eligen cuatro senados, se votan tres nombres). En la mayoría de los casos, esta estrategia habría significado dividir el voto y beneficiar a otras candidaturas. Sin embargo, la UCD arrasó de tal manera en Gran Canaria que logramos el pleno, satisfaciendo así a las tres principales corrientes que componían nuestra alianza electoral.

En el resto de las islas, Rafael Stinga fue elegido senador por Lanzarote, y Miguel Cabrera, de Asamblea Majorera, por Fuerteventura.

La UCD en la provincia de Las Palmas fue la unión de tres fuerzas políticas: Unión Canaria, liderada por Lorenzo Olarte, presidente del Cabildo de Gran Canaria desde 1974; los liberales de Garrigues, con los hermanos Cambreleng, Llorens, Díaz-Saavedra, los Bittini, entre otros, y los liberales de Camuñas, en los que figurábamos Gregorio Toledo y yo mismo.

Las elecciones de 1979 trajeron cambios significativos en la representación parlamentaria. En el Senado, Rafael Martín y Juan Quesada fueron elegidos por la UCD, y Juan Rodríguez Doreste, por el PSOE. En el Congreso, se incorporaron Lorenzo Olarte y Antonio Marqués.

Estos cambios estuvieron marcados por las tensiones internas de la UCD, que se hicieron evidentes en la crisis de Las Cañadas, donde afloró el pleito insular en la constitución de la primera Junta de Canarias, el órgano preautonómico. Este episodio ya presagiaba las dificultades que enfrentaría la configuración de la autonomía canaria y los equilibrios regionales. [En próximos capítulos, relataré en detalle mi visión y participación en estos acontecimientos].

Uno de los mayores logros de la UCD en Canarias fue conseguir que la Constitución española de 1978, aprobada por referéndum el 6 de diciembre de ese año, reconociera las singularidades del archipiélago. Destaco las siguientes:

El reconocimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias en la Disposición Adicional Segunda. Fue una conquista difícil, ya que ninguna Constitución española, ni siquiera las leyes fundamentales del franquismo, lo había consagrado a este nivel desde la Ley de Puertos Francos de Bravo Murillo en 1852.

El artículo 141, que reconoció a los cabildos como administraciones propias, confirmando la visión acertada de Canalejas al crearlos en 1912. Posteriormente, los Consells de Baleares copiaron este modelo.

El artículo 138, sobre solidaridad interterritorial, que prestaba especial atención a la insularidad. Gracias a esta disposición, pude gestionar subvenciones estatales específicas para el transporte de mercancías desde Canarias.

El artículo 69.3, que permitió la elección de senadores por isla en lugar de por provincia, como ocurre en el resto de España. Esto reforzó el Senado como cámara de representación territorial y dio a Canarias una mayor representación: en lugar de ocho senadores (cuatro por provincia), logramos once, al incluir a La Gomera y El Hierro con un senador cada una. (En las elecciones previas a la Constitución, La Gomera y El Hierro eligieron ambas un solo senador y se corrigió en el artículo 69).

Todos estos logros reflejan el papel decisivo que tuvo la UCD canaria en el proceso constituyente.