Pulso desigual

Como ya he relatado en entregas anteriores de este empeño mío por rendir cuentas ante mis conciudadanos sobre mis diversas tareas políticas, fui diputado a Cortes por esta provincia de Las Palmas en cuatro legislaturas: las Cortes Constituyentes (1977-1978), la primera legislatura (1979-1982), la segunda (1982-1986) y la tercera (1986-1989). En las dos primeras hubo gobiernos de UCD, presididos por Adolfo Suárez primero, y luego por Calvo-Sotelo; en las dos siguientes, gobiernos socialistas presididos por Felipe González.

En esta XV entrega continúo relatando, de forma sintética, mi trayectoria. Sin embargo, ya no lo hago desde mi condición de vicepresidente 4º del Congreso —con viajes institucionales y alguna presidencia en sesiones plenarias—, sino que me centraré ahora en mi intensa actividad como diputado, tanto desde la tribuna como desde el escaño. Solo durante los cuatro años de esa segunda legislatura, intervine en 170 ocasiones desde la tribuna del Pleno y en más de 400 ocasiones desde el escaño en las Comisiones. A ello se suman numerosas preguntas, tanto escritas como orales, dirigidas al Gobierno, abordando temas de política general del país y asuntos específicos de Canarias.

Créame, no fue una etapa fácil. Pasar de ejercer tareas de gobierno a desempeñar funciones en la oposición es un tránsito duro, especialmente si ese cambio implica pasar de una mayoría casi absoluta —como la que tuvo UCD con 167 diputados en legislaturas anteriores— a tan solo 12 escaños tras la derrota del 28 de octubre de 1982. Por tanto, se trataba de un pulso muy desigual.

Pero antes de entrar a hacer un resumen, necesariamente breve, de aquella actividad parlamentaria —centrada sobre todo en asuntos presupuestarios, económicos y fiscales— y de enfrentarme a políticos socialistas tan cualificados como Boyer y Solchaga (ambos, sucesivamente, ministros de Hacienda), así como a Borrell, quien fue el subsecretario de Presupuestos que me sustituyó con el cambio de gobierno, quiero referirme a lo que considero un aspecto clave, aunque ya lo mencioné en mi entrega IV: UCD, crónica de una muerte anunciada.

Lo he resumido como la doble tenaza de la política española de aquella etapa. La primera fue la que tejieron Suárez y Carrillo para llevar a cabo la transición política, que dio sus frutos en la Constitución de 1978: una monarquía parlamentaria con una profunda reforma política que instauró una auténtica democracia, aunque sin una ruptura traumática con el régimen anterior.

De aquella primera tenaza —cuyo principal damnificado podría considerarse el PSOE— se extrajeron lecciones. Y así, entre esta fuerza política y Alianza Popular de Fraga, se articuló una segunda tenaza que acabó triturando primero a Suárez y, sucesivamente, a la propia UCD.

De ahí surgimos los doce diputados que sobrevivimos al naufragio, pero que, especialmente durante el mandato de 1982 a 1986, fuimos objeto de una auténtica trituradora. Ni el PSOE gobernante ni, por supuesto, la derecha de Fraga se consideraron herederos del centro, que recibió —digámoslo así— leña política por ambos lados.

No basta con decirlo: aquellos años fueron durísimos. El desánimo era generalizado en el reducido grupo de los 12, y mantener la moral y la coherencia política no fue tarea fácil. En mi caso, me correspondió defender la gestión económica y presupuestaria del periodo anterior, lo cual representaba un desafío constante.

Cada mes de octubre o noviembre, durante todos esos años, presentaba y defendía una enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. Como era de esperar, estas enmiendas eran sistemáticamente rechazadas. Sin embargo, debo decir con legítimo orgullo que mi labor recibió elogios en repetidas ocasiones por parte de medios de prensa de ámbito nacional.

No pretendo abrumarlos con citas, pero sí compartir algunas que dan testimonio de lo que afirmo. Por ejemplo, el diario ABC publicó el 8 de noviembre de 1984:

«En nombre de los centristas, el Sr. Bravo de Laguna presentó la enmienda más perversa de cuantas hemos visto en este debate sobre el Presupuesto; devolvió a los socialistas todos los palillos de los cohetes de demagogia que tiraron en la campaña electoral…».

«Un laurel y un micrófono para José Miguel Bravo de Laguna, portavoz centrista en el debate parlamentario sobre los Presupuestos del Estado, por la sapiencia y la contundencia con las que arremetió contra el superministro Boyer. Más allá de sus sólidos conocimientos técnicos, Bravo de Laguna fue el único que no pareció intimidado por el ministro todopoderoso, aportando así un necesario aire de vigor y contraste a la sesión» (Diario 16, 9-11-1984).

«En nombre del Grupo Parlamentario Centrista, fue el diputado Bravo de Laguna quien despertó mayor interés. Con su característico y penetrante timbre de voz, su asombrosa rapidez en la oratoria y su habilidad para ir directamente al grano, el diputado desgranó el proyecto del Gobierno, haciendo una auténtica defensa de la filosofía de los derechos adquiridos». (Revista Interviú, 26-2-1984).

De todas aquellas intervenciones, quisiera destacar especialmente una, ocurrida al inicio del mandato socialista, en relación con la expropiación del grupo empresarial Rumasa, propiedad de Ruiz Mateos. Mediante un Decreto-Ley de dudosa constitucionalidad, el Gobierno decidió dar un golpe de efecto, lanzando un mensaje contundente a la sociedad española —y, en particular, al empresariado—: «Los socialistas hemos llegado al poder, y van a saber lo que vale un peine». Así, se procedió a la expropiación de Rumasa, un grupo que, si bien no actuaba con total normalidad normativa, a mi juicio no merecía una medida tan drástica como la nacionalización total.

Intervine en el pleno del 2 de marzo de 1983, donde se debatió este asunto. Extraigo algunos párrafos de mi intervención en el Diario de Sesiones del Congreso:

«Señor presidente, Señorías:

Mi Grupo Parlamentario votará en contra del Decreto-Ley aprobado por el Gobierno el pasado 23 de febrero sobre la expropiación del Grupo Rumasa. Lo hacemos por una doble consideración. En primer lugar, porque estimamos que este Decreto-Ley vulnera claramente preceptos constitucionales (…).

En segundo lugar, añadí: No quiero creer que detrás de este Decreto-Ley haya motivaciones de tipo preelectoral, dirigidas a satisfacer a un electorado radical de izquierdas, ni tampoco que se trate de un gesto de fuerza del Gobierno frente a lo que se interpretó como un presunto desafío por parte de determinados empresarios.

Sin embargo, lo que en mi opinión representa esta medida es una nacionalización precipitada, plagada de errores jurídicos, económicos e incluso con erratas de imprenta… Todo ello, además, recae exclusivamente sobre los Presupuestos Generales del Estado».

Creo que con los ejemplos citados he mostrado, aunque sea brevemente, la línea de oposición que mi grupo y yo mismo mantuvimos en aquella etapa.

Sin embargo, quiero concluir diciendo que no todo fueron discrepancias. De hecho, un tema esencial de nuestro Régimen Económico y Fiscal fue salvaguardado gracias a un pacto que logré alcanzar con Josep Borrell, quien me sustituyó como subsecretario de Presupuestos (fui el último representante de UCD en el Ministerio de Hacienda).

Logré convencer a Borrell para que aceptara una enmienda que presenté año tras año a los Presupuestos Generales del Estado, con el fin de incorporar una prórroga del Fondo de Previsión para Inversiones vigente en Canarias. Gracias a dicha prórroga, cuando se negoció la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, se pudo mantener esa ventaja fiscal en nuestras islas, que evolucionó hasta convertirse en la actual Reserva de Inversiones de Canarias, aún vigente como estímulo para la inversión.

Quiero cerrar esta entrega con ese mensaje positivo: pese a las diferencias políticas, cuando hay voluntad, se pueden alcanzar acuerdos beneficiosos para todos.