Las primeras consejerías y ubicaciones se decidieron a cara o cruz

Aquellos comicios marcaron un hito: el PSOE, liderado por Felipe González, obtuvo una mayoría absoluta con 202 diputados; Alianza Popular logró 106 escaños, mientras que la UCD —auténtica protagonista de la etapa constituyente (1977-1978) y de la primera legislatura (1979-1982)— quedó prácticamente desmantelada. Yo mismo resulté elegido como el único diputado de la UCD por esta provincia, formando parte del reducido grupo de tan solo 12 parlamentarios que logramos sobrevivir políticamente en toda España.

En ese relato sobre las dificultades y retrasos derivados de los conflictos y desavenencias dentro de la UCD canaria, señalé que uno de los principales problemas —estrechamente relacionado con el llamado pleito insular— fue la ubicación de las sedes de las nuevas instituciones. No repetiré lo ya expuesto sobre la localización del Gobierno de Canarias, el Parlamento, la Delegación del Gobierno Central, el Tribunal Superior de Justicia, etc., todo lo cual quedó recogido en el Estatuto de Autonomía.

Pero no quiero dejar atrás un tema que me parece anecdótico, curioso y, por ello, interesante de resaltar, ya que poco —o nada— he visto reflejado en medios, discursos o recuerdos políticos de la época.

Ocurrió antes de tener preautonomía, a principios de 1978, en marzo, apenas unas semanas antes de la famosa encerrona de Las Cañadas, que ya relaté también en una entrega anterior.

Se trata del modo en que se decidió qué consejerías iba a tener el nuevo gobierno provisional preautonómico (la Junta de Canarias) y dónde estarían situadas. Partíamos de la base de que los parlamentarios canarios de entonces —diputados y senadores elegidos en las primeras elecciones de 1977— habíamos acordado que serían diez como máximo, y que estarían repartidas de forma equitativa: cinco en Las Palmas de Gran Canaria y cinco en Santa Cruz de Tenerife.

En la vida, a veces surgen circunstancias en las que, al no alcanzarse un acuerdo complejo, se recurre a fórmulas simples como intento de desbloquear el inicio de una vía de solución.

Así fue como, en una tarde de marzo, en el llamado Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados —un salón situado muy cerca del hemiciclo y, por cierto, el mismo en el que, la noche del 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero mantuvo retenidos aparte, tras sacarlos de sus escaños, a Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González y al entonces ministro del Ejército, Agustín Rodríguez Sahagún—, nos reunimos los diputados y senadores canarios de aquel momento.

El motivo: decidir las sedes de las diez consejerías que habíamos acordado para el primer gobierno preautonómico de Canarias. Unas consejerías que, por entonces, aún no contaban ni con competencias asignadas ni con un presupuesto mínimo. Los escasos recursos económicos iniciales procederían de las antiguas JIAI y JEIC, juntas que se nutrían de los fondos de los cabildos insulares.

Encabezamos aquella reunión los dos primeros en la lista de diputados por las dos provincias canarias: José Miguel Galván Bello, quien además era presidente del Cabildo de Tenerife, y yo mismo, por Las Palmas, en ese momento también diputado secretario parlamentario de Relaciones con las Cortes, con categoría de director general.

Ya habíamos acordado, en el marco de los trabajos que veníamos realizando sobre el futuro Estatuto, que las consejerías del Gobierno canario no excederían el número de diez. Y así lo mantuvimos en esta reunión, que denomino de moneda al aire, por lo que contaré a continuación.

Diez consejerías, un número austero que posteriormente mantuvimos en el propio Estatuto. Pero ¿dónde se ubicarían? Esa era una cuestión clave. No se nos ocurrió un mejor método que lanzar una moneda al aire. El primero en resultar beneficiado podría elegir dos consejerías, y el otro haría lo mismo. Después, cada uno elegiría dos consejerías adicionales, y finalmente, se asignaría la quinta consejería a cada uno.

No soy capaz de recordar si elegí cara o cruz, pero sí sé que fue Galván quien eligió primero. Temblé un poco y, con cierta sorpresa, tengo que decir que expresó su deseo de que las consejerías de Educación y Agricultura tuvieran su sede en Santa Cruz de Tenerife. Luego, elegí Hacienda y Turismo para Gran Canaria. A continuación, se distribuyeron las demás: Obras Públicas y Empleo para Santa Cruz, Sanidad e Industria para Las Palmas de Gran Canaria, y Cultura y Transportes para ambas ciudades, respectivamente.

¿Por qué me parece significativo este reparto realizado por sorteo? Porque, a pesar de las vicisitudes, las dificultades políticas y los constantes cambios de gobierno en Canarias —recordemos que Jerónimo Saavedra fue el primer presidente autonómico y que el PSOE no tuvo ninguna intervención en el reparto de sedes— esta distribución ha permanecido casi inalterada hasta hace pocos años, respetando una división que, en su momento, se definió simplemente lanzando una moneda al aire.

Elegí inicialmente para Gran Canaria las consejerías de Hacienda y Turismo por razones evidentes. En el caso de Hacienda, lo comprendí desde mi primer destino como Abogado del Estado, precisamente en la Delegación de esta provincia: en las áreas de Hacienda de cualquier ente público —sea local, regional o nacional— se concentra gran parte del poder para decidir sobre acciones, inversiones y, en definitiva, para hacer política efectiva. Por otro lado, opté por Turismo porque es la actividad económica más relevante del archipiélago, clave para la generación de empleo y recursos.

¿Razones por las cuales Galván eligió Educación y Agricultura? En primer lugar, nunca escuché de su propia boca las razones exactas que lo llevaron a tomar esa decisión. Sin embargo, existe alguna referencia que sugiere que, en particular, la elección de la Educación estuvo vinculada a su deseo de abordar una problemática que ya era un clamor imparable en Gran Canaria en ese entonces: «¡Universidad ya!» Este tema será precisamente el foco de mi próxima Dación de Cuentas, la cual estará dedicada a este asunto en particular.